Clement Voule recordó que las autoridades venezolanas están obligadas a garantizar el funcionamiento de las ONG sin limitaciones
Sesión de la Asamblea Nacional (AN) "chavista".
AP / Matias DelacroixCARACAS.- El relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de asociación y reunión pacífica, Clement Voule, pidió una consulta pública inclusiva de la ley que regula las ONG en Venezuela, que prepara la Asamblea Nacional chavista, y que es objeto de cuestionamientos por parte del sector.
Voule dijo en la red social X que toma "nota" del "anuncio" de la AN "sobre las consultas públicas del proyecto de ley sobre las ONG" e instó "a las autoridades a asegurar consultas inclusivas, garantizando la participación segura y significativa de la sociedad civil", reseñó el portal Efecto Cocuyo.
Asimismo, Voule recordó que las autoridades venezolanas están obligadas a garantizar el funcionamiento de las ONG sin limitaciones y según lo establece el derecho de asociación.
"Recuerdo la obligación del gobierno a garantizar el libre funcionamiento de las ONG en el ejercicio de sus actividades, sin limitaciones indebidas al derecho de asociación», agregó el relator de la ONU.
La Asamblea Nacional (AN) chavista anunció que someterá a consulta pública el cuestionado proyecto de ley para fiscalizar y regular el funcionamiento de las ONG en el país y que es ampliamente rechazado por estas organizaciones que consideran que profundizará el autoritarismo en la nación sudamericana.
El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines ya fue aprobado en primera discusión el 23 de enero de 2023.
La normativa legal ha sido fuertemente criticada por las ONG que advierten que de ser aprobado y entrar en vigencia contribuiría al cierre del espacio cívico en Venezuela, además de que tiene el objetivo de "criminalizar" a las ONG.
De acuerdo al proyecto de ley, las ONG tendrán prohibido recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos, realizar actividades políticas, promover o permitir actuaciones que, según el régimen, atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
"Prohibir la realización de 'actividades políticas', e impedir 'actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional', son dos peligrosos conceptos que atentan contra los derechos a la asociación y participación", alertó la ONG Provea poco después de la aprobación del proyecto en primera discusión.
El proyecto contempla multas de hasta $12.000 a las ONG que no se registren en el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, una entidad de "control". Asimismo, obliga a las ONG a declarar la identidad y procedencia de las donaciones que reciben.
Es "un acto inconstitucional, de extralimitación legal y grave quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales", declaró Provea. Y agregó que las autoridades de Venezuela profundizan "su política de criminalización, persecución y eventual suspensión e ilegalización de organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes".
Asimismo, alertó que el apoyo que brindan distintas organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos en Venezuela se verá disminuido por los efectos de la ley.
FUENTE: REDACCIÓN / Con información de Efecto Cocuyo
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