Muere bajo custodia exdirectora de cárcel venezolana por falta de atención médica

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Sánchez presentaba problemas de salud desde hacía varios días y había solicitado reiteradamente ser trasladada a un centro asistencial. Sus peticiones fueron ignoradas hasta que su estado se volvió crítico; solo entonces fue llevada al Hospital Victorino Santaella Ruiz de Los Teques, estado Miranda, donde requería una cirugía de emergencia. Sánchez murió el domingo 27 de septiembre.

Sánchez fue funcionaria del Ministerio del Servicio Penitenciario. Su hijo, Eliezér Sáez, denunció en múltiples oportunidades que ella poseía evidencias sobre presuntas tramas de corrupción interna. Por esas circunstancias, fue detenida y no se le respetaron sus derechos.

En una carta, Sánchez señalaba que al avanzar los días (en la dirección de la cárcel) "me di cuenta de muchas cosas que estaban ocurriendo en el penal y ya venían transcurriendo mucho antes de que yo iniciara en el cargo”.

La versión oficial señala que Sánchez fue detenida entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024, cuando era directora de la cárcel de San Juan de los Morros, durante la Operación Gran Cacique Guaicaipuro. El entonces fiscal general, Tarek William Saab, anunció que mantenía una relación sentimental con el recluso Wilfredo Sánchez, alias “Dinamita”, señalado como “pran” (cabecilla) del grupo delictivo Tren del Llano.

Según las investigaciones del Ministerio Público, a través de esa presunta complicidad facilitó el ingreso de teléfonos celulares, armas de fuego y drogas al penal. También se le atribuyeron vínculos con al menos 76 “líderes” que controlaban el centro penitenciario, imponían reglas y cobraban por servicios a los reclusos.

En la requisa se incautaron grandes cantidades de droga (alrededor de 3.700 kg entre marihuana, pasta base y cocaína), celulares, armas blancas y otros objetos prohibidos. Al momento de su captura tenía apenas 53 días en el cargo.

Sánchez pasó cuatro meses aislada en una celda de máxima seguridad de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta y posteriormente, la enviaron a La Crisálida.

Segunda fallecida en cuatro meses

El OVP subrayó que esta muerte “pudo y debió evitarse”, ya que toda persona privada de libertad tiene derecho a recibir atención médica oportuna y digna. La organización recordó que se trata de la segunda muerte documentada en La Crisálida en pocos meses: en junio falleció Fabiana Desirée Páez Fernández, también sin recibir la asistencia médica que necesitaba.

“Dos mujeres han muerto en el mismo centro penitenciario en pocos meses y en ambos casos la falta de atención médica forma parte de las denuncias documentadas”, indicó el OVP.

La organización insistió en que las autoridades tienen la obligación jurídica y moral de garantizar la vida, integridad y salud de todas las personas bajo su custodia, pues “privar de libertad no puede significar, bajo ninguna circunstancia, una condena implícita a la tortura por denegación de auxilio ni a la muerte por abandono”.

Más muertes en custodia

El Observatorio Venezolano de Prisiones, organización que vela por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, reporta que desde abril han muerto más de 60 personas bajo custodia en Venezuela.

Otro caso más reciente es el de Luis Alejandro García, de 30 años, quien falleció en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López, anteriormente denominado Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, ubicado en Tocuyito, estado Carabobo, centro del país suramericano.

García murió presuntamente por tuberculosis (TB), una enfermedad infectocontagiosa cuya presencia resulta especialmente preocupante en un penal en el que más de 2.200 personas permanecen recluidas en un espacio con capacidad para 1.400; es decir, con una ocupación superior al 157%.

 NULL

    

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo y El Pitazo