La solicitud de arresto domiciliario de Cilia Flores, presa con Maduro por narcotráfico en EEUU, pone de relieve la situación de detenidos del régimen
Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026.
AFPESPECIAL.-Cuando Cilia Flores, procesada por narcotráfico en EEUU, solicitó a la Corte Federal de Nueva York cambiar su sitio de reclusión en la cárcel de Brooklyn por un arresto domiciliario en una vivienda no identificada, el 9 de septiembre pasado, no pocos familiares de presos políticos en Venezuela se indignaron y las quejas saturaron las redes.
En Venezuela, al menos 38 personas en prisión por motivos políticos, procesadas y sentenciadas, se encuentran en prisión con enfermedades graves sin que la estructura judicial haya tramitado medida humanitaria durante los últimos años, según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Tampoco consiguieron la amnistía que la gestión chavista prometió en febrero pasado.
Pueden padecer cáncer o una enfermedad cardiovascular o respiratoria, cualquier dolencia crónica da igual. La autoridad judicial no responde o les niega la “casa por cárcel” o “arresto domiciliario”.
El número no incluye a unos 15 detenidos emblemáticos que fueron excarcelados en lo que va de año, tras una persistente lucha de familiares y defensores para “sacarlos de la cárcel y salvarles la vida”.
“Mira tú qué ironía que siendo la ‘revolución’ de Hugo Chávez, diagnosticado de cáncer en 2011, la que estableció las medidas humanitarias en la reforma del Código Procesal Penal para que los enfermos crónicos de cáncer privados de libertad fueran excarcelados por razones humanitarios, sean violadas en forma reiterada”, apunta la abogada Martha Tineo, directora de la ONG que ha listado la cantidad de personas enfermas en prisión.
El número de detenidos con deterioro de su salud que integran los más de 400 presos políticos hasta el 11 de septiembre, podría aumentar debido a las condiciones inhumanas de las cárceles y a la negligencia de los jueces penales.
Hasta la fecha, 27 presos políticos murieron durante la espera del arresto domiciliario por enfermedad.
Flores solicitó un “arresto domiciliario” debido a “problemas de salud”, según el escrito presentado por la defensa que dirige Mark E. Donnelly al juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein. Planteó el esperar el fallo del juicio en una vivienda en la jurisdicción que sería detallada al juez más adelante “por razones de seguridad”, pero la Fiscalía se opuso al traslado.
La esposa de Maduro, detenida en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, presenta desde abril pasado opresiones en el pecho, dificultad para respirar, una frecuencia cardiaca acelerada, dolor torácico y mareos ocasionales, a lo que se sumaría antecedentes de "valvulopatía reumática con estenosis leve y regurgitación moderada" y asma, argumentaron los abogados.
Esto, además de problemas digestivos, la pérdida de más de 11 kilos de peso, dos muelas y dificultades para dormir, según se informó antes de que el juez ordenara mantener en secreto los datos médicos en protección de su privacidad.
“La solicitud es un derecho de todo justiciable”, señala el abogado penalista Omar Estacio, conocedor de la materia penal en EEUU, y aunque no es la primera vez que se pide un “arresto domiciliario” a un tribunal y que la Fiscalía niega, subraya que el juez tendría que considerar primero diligencias necesarias.
Entre ellas, un informe a un médico del Departamento de Justicia o del Servicio Penitenciario que certifique los riesgos de la enfermedad.
Además, debe verificar que la cárcel u otra penitenciaría de la jurisdicción no dispone efectivamente de una robusta capacidad sanitaria instalada para que se justifique el traslado para el tratamiento requerido. Y aun así, debe revisar la naturaleza del delito o de la encausada y su peligro de fuga.
En Venezuela, en cambio, la estructura de justicia que refrendó la represión del régimen de Maduro y Flores no operó igual en el caso de los presos políticos en estado de salud grave.
El caso de la expresa política Ermelindris Benítez, dedicada ahora a sus 45 años de edad a la recuperación de la salud sin apoyo ni atención del Estado, es uno de ellos.
La mujer, entonces de 37 años de edad y dedicada al comercio informal, fue detenida en una alcabala de la ciudad de Barquisimeto, en el centro occidente venezolano, en agosto de 2018, señalada de participar en un presunto intento de “atentado” contra Nicolás Maduro y Flores en un acto aniversario de la Guardia Nacional, en Caracas.
Estaba embarazada, pero durante su detención no recibió atención médica sino torturas dantescas que le provocaron la pérdida del bebé y serios problemas de columna. Fue llevada de emergencia varias veces a un hospital militar, pero en ningún caso recibió medicamentos ni tratamiento, ni su familia y abogados recibieron los informes médicos necesarios, según un trabajo periodístico titulado “Ahora van a conocer al diablo”.
Durante sus ocho años en la cárcel y violaciones a sus derechos humanos, “casi muerta en vida” y comiendo a veces “sardinas podridas” como el resto de las presas, tras ser condenada sin pruebas por terrorismo y homicidio calificado frustrado a 30 años de prisión, abogados solicitaron al tribunal medidas a su favor.
Una fue el decaimiento de la privación de libertad para su libertad plena por falta de pruebas, pero fue negada.
“Muchas veces solicitamos la medida de casa por cárcel, se pidió incluso antes de que terminara el juicio en 2022 debido a su estado de salud. Y también se pidió la amnistía este 2026, Pero nada, fueron negadas”, dijo un familiar cercano sin hacer más comentarios.
Ermelindris fue excarcelada —sin libertad plena— bajo “medida humanitaria” en silla de ruedas y en frágil estado de salud, en el contexto de los acercamientos entre el chavismo y la oposición 11 de marzo pasado.
“Yo perdí 17 kilos, fui víctima de tortura psicológica y estuve a punto de morir por una infección en la vesícula y el páncreas”, reaccionó, por redes sociales, el expreso político Rosmit Mantilla, exdiputado suplente a la Asamblea Nacional de 2015 en el exilio, al reaccionar ante la petición de Flores.
“Fui sometido a un juicio basado en pruebas falsas y pasé dos años y medio secuestrado en (la cárcel) el Helicoide”, dijo, al referirse al expediente por participar en las protestas duramente reprimidas por Maduro en 2014.
Además, añadió: “Ya me dirá usted si perder dos muelas y unos cuantos kilos convierte a Cilia Flores en merecedora de un apartamento en Nueva York”, remató Montilla, liberado en 2016 por la presión internacional, tras ser intervenido quirúrgicamente luego de años de enfermedad.
Entre los presos políticos enfermos que han permanecido encarcelados por décadas, no hay registro de otro que haya solicitado más medidas de “casa por cárcel” y libertad condicional, todas negadas, que Rolando Guevara.
El exjefe policial detenido en forma arbitraria, junto a su hermano Otoniel y su primo Juan en noviembre de 2004 por el asesinato del fiscal Danilo Anderson, fue condenado a 27 años y nueve meses de prisión en un proceso irregular sin garantías y sustentado en testimonios dudosos, según se informó.
Preso en la cárcel del Helicoide y luego en El Rodeo, Guevara ha presentado cardiopatía hipertensiva, obstrucción de una arteria coronaria por calcificación, hernia discal y otras dolencias que comprometen su movilidad, además de claustrofobia a raíz de las torturas que sufrió en 2004, según el informe médico referido por su abogada Jacqueline Sandoval, quien es también su esposa.
“Desde el 2010 hasta este 2026 se han solicitado medida alternativa al cumplimiento de la pena, la cual ha sido negada en varias oportunidades, así como medidas humanitarias por su condición de salud y nunca han respondido”, afirma Sandoval.
“Incluso, se ha pedido al tribunal que lo lleven al médico para un cambio de tratamiento y nuevos chequeos y nunca contestan”, asevera.
En una reciente entrevista con el nuevo director del penal, “el único que no está encapuchado”, la abogada de Guevara le manifestó su desesperación.
“Le pregunté si estaban esperando que empeore o muera para que reciba atención médica adecuada y me dijo que no me preocupe, que se lo llevarán, pero lleva por lo menos los últimos tres meses repitiendo lo mismo”, resiente Sandoval.
La decisión que tome el juez federal Alvin K. Hellerstein sobre la petición de los defensores de Cilia Flores debe pasar primero por la revisión minuciosa de la naturaleza del delito y de la encausada, y allí el aspirado traslado a un lugar fuera de la cárcel podría no prosperar, reitera Estacio.
La esposa de Maduro “no tendría todas las de ganar al tomar en cuenta que ha sido considerada como cabecilla de una organización criminal”.
Los cargos que pesan sobre la venezolana están relacionados con narcotráfico que en EEUU es un delito federal. Y sobre este existen negativas en casos similares en el registro judicial.
“Está, entre otros, el caso de Gilberto Rodríguez Orejuela, un traficante de drogas que pidió a la justicia de EEUU un beneficio similar al de la señora Cilia Flores y se lo negaron por considerar que era un tipo que entrañaba, por sus cargos, alta peligrosidad. Le suministraron la atención médica en los servicios penitenciarios”.
“Al ‘Chapo’ también le fue negado un beneficio similar después de su condena que cumple en la llamada SuperMax, de Florence Colorado, porque se había fugado de varios reclusorios en México”, añade el abogado.
Otro precedente aplicable al caso de Flores es el de Jaan Boustani un acusado extranjero con importantes recursos y elevado riesgo de fuga.
“Proponía también residencia privada, vigilancia armada, monitoreo electrónico, control de comunicaciones, un paquete de libertad que incluía una garantía multimillonaria y detención domiciliaria vigilada por guardias privados pagados por él mismo, pero el Segundo Circuito rechazó la pretensión y estableció el poderoso principio del Bail Reform Act que no permite crear un sistema de detención preventiva diferente para los acusados ricos”.
Explica que el problema de salud, incluso grave, alegado por la defensa es solamente uno de los factores que debe ponderar el tribunal.
“No neutraliza por sí solo el peligro de fuga ni la peligrosidad para la comunidad, ni elimina la obligación de considerar la naturaleza y gravedad del delito, los antecedentes del acusado, la parte de la condena ya cumplida y los objetivos punitivos y disuasorios de la sentencia”.
Pero todo eso lo debe ponderar el juez”, advierte. Y descarta que la nueva solicitud de Flores se trate de una estrategia de defensa más.
FUENTE: Entrevistas a Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón; abogados Jacqueline Sandoval y Omar Estacio
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