MANAGUA — Las dos principales fuerzas de oposición en Nicaragua, creadas tras el estallido social en abril de 2018, en Nicaragua, anunciaron el viernes la formación de una Coalición Nacional (CN) con la que esperan “repotenciar la lucha” contra el régimen de Daniel Ortega, ganar las elecciones de 2021 y “reconstruir el país”.
Nicaragua: anuncian Coalición Nacional de cara a elecciones 2021
Así lo informaron en rueda de prensa líderes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). El nuevo anuncio surge días más tarde de una anunciada separación de ambas organizaciones en la que justificaban era de cara a crear la llamada gran coalición nacional opositora para competir contra el régimen sandinista en futuras elecciones.
Ambas organizaciones están integradas en su mayoría por empresarios exaliados de Daniel Ortega, sandinistas disidentes que formaron parte del primer régimen en la década de los 80, representantes de ONG, exaliados del expresidente Arnoldo Alemán, y algunos sectores estudiantiles.
“Esta es una convocatoria para formar una coalición amplia, incluyente y unida”, dijo el director ejecutivo de la ACDJ Juan Sebastián Chamorro, al señalar que invitarán a sumarse “a todos los partidos políticos del país” que adversen al régimen “y quieran democracia y libertad”.
También pretenden formar comisiones de trabajo y atraer a los trabajadores públicos, a los médicos y a los “policías de bien”, indicaron.
“Estamos presentando una alternativa de esperanza, pues este era un clamor popular como lo fue desde abril de 2018, la exigencia de que Ortega tiene que irse”, declaró el líder universitario Lesther Alemán, quien presidió la actividad junto a Chamorro, y los activistas Félix Maradiaga, Ivania Álvarez y Daisy George.
El anuncio de la nueva coalición surge en medio de un ambiente político enrarecido, marcado por denuncias de “ejecuciones selectivas” de opositores en el campo y de “acoso policial” a jóvenes excarcelados, algunos de los cuales han vuelto a ser detenidos, según organismos humanitarios no gubernamentales.
“Esta es precisamente la respuesta a la desesperanza”, dijo al ser consultada por AP Ivania Álvarez, joven dirigente de la UNAB arrestada en noviembre y liberada hace 18 días. “Estamos trabajando en un plan-país que a corto plazo se propone sacar a Ortega, y a mediano plazo reconstruir el sistema electoral y todas las instituciones destruidas por este régimen corrupto”, indicó.
Nicaragua irá a elecciones en noviembre de 2021. Es la primera vez que oficialmente es anunciada la intención de ambas organizaciones de participar en elecciones tras los asesinatos cometidos por el régimen de Daniel Ortega durantes las protestas antigubernamentales, calificados como crímenes de lesa humanidad por organismos de derechos humanos internacionales.
El dictador Ortega se ha rehusado adelantar los comicios presidenciales que ha demandado la comunidad internacional y el pueblo de Nicaragua. El FSLN participará en las elecciones de 2021 y su candidato siempre es el caudillo sandinista. “En el 2021 vendrán las elecciones y nosotros ya estamos preparados”, declaró Ortega durante el 40 aniversario de la llamada revolución sandinista en julio de 2019.
“La ley es clara y manda que haya elecciones en noviembre del 2021, entonces como las últimas veces el Frente Sandinista saldrá victorioso, porque el pueblo nicaragüense ni se rinde ni se vende jamás. Y de esa forma, ganando el pueblo, ganamos todos”, dijo el dictador que ha violado la Constitución para reelegirse y cometido fraudes electorales que han sido documentados por la oposición.
Ortega, que retomó el poder en 2007 y se reeligió en 2011 y 2016, ejerce control sobre el Consejo Supremo Electoral, el Poder Judicial y el Parlamento, donde el gobernante Frente Sandinista ocupa 63 de las 91 curules. El resto están en manos del Partido Liberal del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2001) y de otros pequeños grupos también aliados al sandinismo.
La acción de la policía y fuerzas paramilitares contra los manifestantes opositores que protestaron en las calles entre abril y septiembre de 2018 dejó al menos 328 muertos y más de 2.000 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calcula en unos 88.000 los exiliados a causa de la grave crisis política.
La mayor parte de los exiliados se encuentran en Costa Rica donde enfrentan serias dificultades para sobrevivir.
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FUENTE: Con información de AP
