Nicaragua es rehén de Daniel Ortega

La abogada Yonarqui Martínez, es una defensora de derechos humanos que vive en carne propia la persecución y a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le acaba de dictar medidas cautelares, ella es asesora legal del Comité de Madres pro liberación de presos políticos, le da seguimiento a 61 casos de privados de libertad y lleva la defensa de 22 de ellos.

Martínez dijo que actualmente en las cárceles hay 119 presos políticos registrados, 109 son rehenes del régimen en el contexto de las protestas de abril de 2018, y los otros 10 son los primeros presos políticos antes de la crisis de abril.

Las protestas de abril dejaron un saldo de 325 muertes por la respuesta del régimen a las protestas. La mayoría fueron ejecutados con disparos mortales en la cabeza, ojos, cuello y el pecho con armas de alto calibre. También dejó un saldo superior a los dos mil heridos y más de 80 mil exiliados.

“En Nicaragua, todos los días se violentan los derechos humanos y hay denuncias sobre los presos políticos por parte de diferentes organismos y grupos defensores de derechos humanos”, afirma la abogada.

Las madres y familiares de presos políticos demandan a Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidente de Nicaragua, para que los libere, pero no les permiten manifestarse públicamente en las calles; cuando lo intentan son rodeados por la Policía y los paramilitares financiados por Ortega en un intento de ahogar sus voces.

El régimen cerca las casas de los opositores y les bloquea el paso para que no circulen libremente. En octubre pasado el representante de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, fue impedido de entrar a Masaya donde se reuniría con activistas de cara a la organización de su movimiento, un video muestra como es empujado en la carretera por oficiales de la Policía hacia su vehículo obligándole a retornar a Managua, la capital nicaragüense.

Para Martínez la crisis de violación a los derechos humanos es cada vez mayor. “Ya no es tan solo el enfoque de la liberación de los presos políticos, ni la reivindicación de derechos y garantías a los ciudadanos nicaragüenses, los que no estamos físicamente en la cárcel, sí lo estamos en el país porque no podemos hablar, no podemos participar en protestas pacíficas, y ahora con las nuevas leyes aprobadas no podemos dar algunos argumentos porque somos procesados, no podemos postear en nuestras redes sociales (críticas al régimen), también tenemos que valorar esa situación”, apuntó.

La defensora de derechos humanos se refiere a las tres leyes represoras que Ortega aprobó recientemente a través de la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, cuyo propósito es evitar el financiamiento a los organismos no gubernamentales; la Ley Especial de Ciberdelitos, que persigue censurar a los pocos medios de comunicación críticos al régimen y las plataformas digitales.

Y por último, la Ley de Cadena Perpetua, penas que están dirigidas por Ortega a los opositores, su aprobación la “disfrazó” alegando “crímenes de odio”, empleando como argumento el crimen y violación sexual de dos niñas en la localidad de Mulukukú, una “intención” nada creíble para la mayoría de los nicaragüenses porque Ortega ha sido señalado y denunciado por abuso sexual y violación contra menores de edad, al menos tres casos han sido documentados, pero las denuncias no han prosperado y el acusado permanece en la impunidad.

Se trata de los casos de su hijastra Zoilamerica Ortega Murillo, el de Elvia Junieth Flores Castillo, y de Patricia Yaneth Ortega Prado.

Torturas en las cárceles

“Quiero aclarar que la situación de los presos políticos es muy diferente a los presos comunes porque el preso político es humillado, le coartan los derechos y las garantías, no solo lo que están establecidos en nuestra Carta Magna sino aquellos que son reconocidos a nivel internacional para las personas privadas de libertad”.

“La situación del COVID-19, el nivel de hacinamiento, la privación del derecho a la salud, el respeto a la integridad física y psíquica, les coartan el derecho a la alimentación y a las visitas”, sostiene Martínez.

Las madres de los presos políticos han denunciado las torturas a las que son sometidos, uno de esos casos es el de Jaime Navarrete, que fue liberado en julio de 2019, y encarcelado nuevamente un mes más tarde. La madre de Navarrete, Margine Blandón, una ciudadana estadounidense ha denunciado el abuso sexual al que fue sometido su hijo y las fuertes golpizas que han dejado graves secuelas a su salud, sin embargo, el régimen se muestra indolente.

Exiliados

“No hay garantías para elecciones, no hay garantías para el retorno de los exiliados, no hay respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Todo lo que tenga que ver con un cambio en cuanto a personas que se han ido (y desean regresar) debe ser valorado. Hay exiliados que han retornado y los han asesinados, hay refugiados que han retornado a Nicaragua y los han encarcelado, personalmente tengo tres casos de exiliados que retornaron que están en la cárcel que les pusieron drogas y ahora están en cárceles de máxima seguridad”, dijo la defensora de derechos humanos.

Los casos de los exiliados que retornaron y están en la cárcel son: Carlos Alberto Bonilla, Hader González y Julio Pineda.

El régimen es señalado incluso de ordenar asesinatos de exiliados en los países vecinos, dos de los casos son de Edgard Montenegro Centeno y su hijo Yalmar Montenegro Olivas, asesinados a balazos en Trojes, Honduras, el lugar donde se habían refugiado por la persecución del régimen.

Defensor de DDHH en tiempos de dictadura

“Estamos vulnerables en cuanto a la represión al igual que las personas que representamos, esta semana me notificaron el beneficio de medidas cautelares, es importante en cuanto a la documentación y hay que reconocer el trabajo que la CIDH ha venido haciendo en cuanto a dar seguimiento a violación de derechos humanos (en Nicaragua), pero en la actualidad ese beneficio al defensor de derechos humanos y al ciudadano que es fuertemente asediado no es respetado por el régimen", indicó.

"Hay personas que tienen medidas cautelares y están encarcelados, eso no quiere decir que el régimen va a parar de dañar y de reprimir a los defensores, como defensores estaremos hasta el último momento, a pesar de estar en una condición de vulnerabilidad seguimos con nuestra labor porque estamos conscientes que sino ejercemos nuestro trabajo y perdemos el miedo aquí el régimen va a hacer con el pueblo de Nicaragua lo que quiera”.

La CIDH ha otorgado medidas cautelares a 42 presos políticos, pero el régimen sandinista las ignora.

Condiciones para elecciones

Para el 3 de noviembre de 2021, el régimen de Daniel Ortega ha programado elecciones. Sectores de la oposición se organizan para ir a unos comicios sin garantías.

“Actualmente Nicaragua no tiene condiciones para elecciones partiendo de que no hay respeto ni garantías a la vida, a la seguridad, a la integridad física y psíquica de cada nicaragüense, hay presos todavía, entonces no podemos hablar de que hay un ambiente sano para tener comicios porque lo que vamos a encontrar son Juntas Receptoras de Votos llenas de policías y paramilitares amenazando a los posibles votantes, sino tenemos un ambiente diferente, obviamente este sistema de elecciones no va a dar resultados y lo que se va a obtener es o más sangre, más presos o más muertos”, sostiene la abogada.

“La población esta tensa, esta desconfiada evidentemente son los que han sufrido más la represión, aunque la represión es pareja, pero la gente de a pie es la que más sufre porque no tienen donde ir, una persona asalariada un maestro, un médico si lo despiden no le pagan su liquidación, no solo esta sufriendo la represión del régimen, sino que esta persona económicamente esta desgastada”.

Daniel Ortega invierte millones de dólares en vigilancia, teme un nuevo alzamiento en las calles, pese a que tiene a la Policía y al Ejército respaldando su régimen, y ha organizado paramilitares que vigilan las calles.

“Hemos tenido reuniones con diferentes sectores solicitando la unidad y la exigencia de un solo clamor por la liberación de los presos”, afirmó la defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez.

@FloresJudith7

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