La pandemia de coronavirus agudizó las carencias de una población "vulnerable" como es la de los migrantes venezolanos, que suman más de cinco millones en todo del mundo. El enviado de la ONU para esta crisis, Eduardo Stein, confía en que de la Conferencia de Donantes del martes salga el compromiso compartido de ayudar a la región, no solo por una cuestión de Derechos Humanos, sino también ahora por salud pública.
ONU advierte vulnerabilidad de migrantes venezolanos ante el COVID-19
Stein encabeza desde septiembre de 2018 la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que atiende una emergencia migratoria sin apenas precedentes a nivel mundial, solo por detrás del éxodo derivado de la guerra iniciada en Siria en el año 2011.
La ONU estima que hay casi 5,1 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales 4,3 millones están en la región. Colombia, con 1,8 millones de migrantes en su territorio, es el país más afectado por este flujo que se disparó en el año 2017 y que también se extiende por países como Perú, Chile, Ecuador y Brasil, entre otros.
Las organizaciones humanitarias estiman en 1.400 millones de dólares las necesidades de estos colectivos, pero --a fecha de 21 de mayo-- apenas han recibido unos 88,7 millones, un 6%. En este contexto surge la Conferencia de Donantes impulsada desde la UE y en la que España participa también como organizadora, convocada para el 26 de mayo de forma telemática.
Stein reconoce que la pandemia "ha complicado sobremanera" una situación que "sigue siendo sumamente compleja". Las restricciones adoptadas por varios gobiernos para impedir la expansión del coronavirus han acarreado un impacto colateral en venezolanos que ya habían encontrado un medio de vida, "por modesto que este fuese", y que ahora se han quedado sin trabajo.
El enviado explica en una entrevista a Europa Press que los venezolanos no son ajenos a un "desastre laboral" que no entiende de territorios y que se está cebando sobre todo "con la gente que vivía al día". Entre los efectos ya comprobados estarían un aumento de los desahucios o una subida de los casos de violencia de género.
Retornos por vías legales e ilegales
La situación es tal que muchos se están replanteando su situación, incluso la vuelta. "Si me voy a enfermar, si me voy a morir, tengo que ir a morir a mi país, con mi gente", plantea Stein como un posible razonamiento para estos retornos, que según el régimen de Nicolás Maduro ya superarían los 40.000 desde que el brote de coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan comenzó a agravarse.
Stein afirma que las cifras oficiales serían "inferiores a 40.000", pero solo son "cálculos razonables" a partir de los retornos consumados por "vía legal". A ellos habría que sumar otros "miles" más de venezolanos que han regresado a su país por rutas alternativas, al margen de unos pasos que ahora el régimen de Maduro intenta controlar.
El régimen chavista ya avisó esta semana de que tomaría medidas para prevenir la llegada del virus a través de estos retornados, estableciendo por ejemplo medidas de cuarentena en áreas fronterizas, pero según Stein el intento de Caracas por vigilar las entradas no es nuevo, ya que en algunos momentos llegó a imponer un límite de 300 cruces diarios.
Estos límites han generado algunos "tapones" en las fronteras de Colombia, Ecuador o Perú, explica el enviado internacional, que no sabe en qué medida pueden afectar ahora las cuarentenas.
En el otro sentido, el de salida, "los flujos también siguen". Aunque no se alcanzan los "picos" previos a la pandemia, cuando se llegaron a registrar 5.000 o 6.000 cruces diarios, Stein señala que sigue habiendo un flujo irregular que puede llegar en algunos casos a "cerca de 2.000".
La ONU opta por no pronunciarse sobre la conveniencia o no de regresar a Venezuela en un contexto como el actual, ya que como apunta Stein "son decisiones personales de la población venezolana" y no existe "información precisa" de cómo están las cosas al otro lado. Lo que sí puede hacer, precisa, "es insistir con información lo más precisa posible para que busquen tener las garantías de protección más elementales a las que tienen derecho".
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FUENTE: Con información de Europa Press
