Ortega ilegaliza a comunidad jesuita y confisca sus bienes

El Ministerio de Gobernación de Nicaragua publicó un decreto este miércoles en el diario oficial, detallando la medida y justificándola en base a supuestas irregularidades fiscales y la falta de renovación de la junta directiva por parte de la Compañía de Jesús.

Según el documento, los bienes de la Compañía de Jesús pasarán a estar "a nombre del Estado de Nicaragua", y será la Procuraduría General la encargada de llevar a cabo este traspaso. La congregación religiosa también administra los prestigiosos colegios privados Loyola y Centroamérica, ambos ubicados en Managua, cuyo destino no se menciona explícitamente en la resolución gubernamental.

En las protestas estudiantiles de 2018 contra la dictadura de Ortega, la UCA fue uno de los focos de rebelión juvenil, lo que provocó la represalia del régimen, afirman líderes universitarios y docentes. El cierre de la UCA, que afectó a más de 5.000 alumnos, motivó una protesta de las autoridades jesuitas de América Latina y fue criticado en duros términos por los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Chile.

Estas medidas ocurren en medio de una tensa relación entre el régimen de Ortega y la Iglesia católica, uno de cuyos obispos -monseñor Rolando Álvarez- cumple una condena de más de 26 años de prisión, acusado por la dictadura sandinista de "conspirar" contra el Estado.

Esta nueva medida genera un intenso debate tanto dentro como fuera de Nicaragua, con críticos señalando que las acciones del régimen están erosionando aún más las libertades civiles y los derechos humanos en el país. Organizaciones internacionales expresan su preocupación por el continuo deterioro de la situación en Nicaragua e instan a un diálogo y respeto a los derechos fundamentales.

El régimen sandinista ha reanudado la práctica de las confiscaciones que promovió durante la primera dictadura sandinista (1979-1990).

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FUENTE: Con información de Europa Press y AP