El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
Jairo CAJINA / Nicaraguan Presidency / AFPWASHINGTON.- El gobierno de EEUU impuso restricciones de visado a 100 funcionarios municipales de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. La información la dio a conocer el sábado el Departamento de Estado a través de un comunicado de prensa.
En el escrito informó que la medida forma parte del trabajo que realiza la administración del presidente Joe Biden para promover la rendición de cuentas “ante los incesantes ataques del régimen Ortega-Murillo contra las libertades civiles y la democracia”.
Indicó que los 100 funcionarios sancionados han formado parte de los “esfuerzos por reprimir a las organizaciones de la sociedad civil y cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana”. Además, añadió, estos han participado en las detenciones injustas de “individuos valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluyendo al Obispo Rolando Álvarez, encarcelado por el régimen Ortega-Murillo desde hace un año”.
Resaltó que esta medida fue aplicada de conformidad con la Proclama Presidencial 10309, que suspende la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, “a personas responsables de políticas o acciones que amenazan la democracia en Nicaragua”.
En marzo pasado, tras un año de trabajo, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua determinó que tanto el dictador Daniel Ortega, como su Rosario Murillo, cometieron crímenes de lesa humanidad en la nación centroamericana desde 2018.
En ese año se registraron una serie de protestas antigubernamentales que fueron fuertemente reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado. La represión en esta época dejó un saldo de más de 355 muertos, más de 2.000 personas heridas y cientos de detenciones arbitrarias.
Desde su llegada al poder, el régimen de Ortega ha mostrado una posición hostil y conflictiva con la disidencia y con la iglesia católica. Uno de los principales oponentes de la dictadura nicaragüense ha sido el obispo Rolando Álvarez, quien a principios de agosto cumplió un año de detención arbitraria.
Al ser su retractor más incómodo, los Ortega-Murillo han intentado deshacerse de él, creando escenarios para obligarlo a elegir el exilio. Tras su negativa de irse del país, junto a los 222 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos, Álvarez fue condenado en febrero a más de 26 años de cárcel.
“Hace un año, (los) Ortega-Murillo detuvieron arbitrariamente al obispo Rolando Álvarez, despojándolo de su nacionalidad y sentenciándolo a 26 años de cárcel, simplemente por predicar justicia y paz para Nicaragua”, recordó el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian A. Nichols, en su cuenta de X, antes Twitter.
Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, instó al régimen nicaragüense a liberar “incondicionalmente y de inmediato” al eclesiástico y a todos los injustamente detenidos.
“Seguiremos trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua, y seguimos comprometidos con la promoción de las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos”, finalizó el Departamento de Estado.
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