Ortega sustituye a universidad jesuita confiscada por una estatal

Casimiro Sotelo fue un guerrillero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que murió asesinado por un coronel de la guardia somocista en 1967. Tenía 24 años y luchaba contra la dictadura de Anastasio Somoza, derrocado por la revolución de 1979.

La UCA se encontraba en el ojo del huracán después de que un tribunal local emitiera una orden de confiscación de sus bienes y fondos, alegando que la institución había sido utilizada como un "centro de terrorismo" durante las protestas de 2018 contra el régimen de Ortega, que dejaron un saldo trágico de más de 300 personas fallecidas.

La universidad, en su defensa, calificó estas acusaciones como "infundadas" y argumentó que estaban basadas en señalamientos falsos. Sin embargo, el CNU respaldó la decisión de cancelar su licencia de funcionamiento, citando "disposiciones del Estado nicaragüense".

El CNU también aseguró que esta medida busca garantizar la continuidad educativa de los estudiantes, tanto de grado como de posgrado, y nombró a sus máximas autoridades.

Rechazo internacional

Estados Unidos condenó la confiscación y la decisión del régimen de Ortega, asegurando que estas acciones minan las normas democráticas y limitan el espacio cívico en el país.

El secretario general de la ONU, António Guterres, indicó que “sigue con preocupación” la situación en el país centroamericano, especialmente “el aumento de las tensiones entre el gobierno nicaragüense y la Iglesia Católica ”.

“Un Estado parte que cierra una universidad u otra institución educativa por motivos tales como la seguridad nacional o la preservación del orden público, tiene la carga de justificar una medida tan grave" en relación con cada uno de los elementos identificados en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, advirtió Guterres.

“Siempre será la UCA aunque le quieran poner otro nombre. Ese espacio guarda memoria y seguirá siendo un símbolo de lo que no van a poder confiscar: nuestras mentes, nuestras vivencias, nuestras historias y nuestra educación”, dijo la líder estudiantil Madelaine Caracas, exiliada desde 2019 tras sufrir amenazas del régimen de Ortega.

La Compañía de Jesús, a la que pertenece la UCA, también se pronunció al respecto. Desde su sede en San Salvador, la organización calificó las acusaciones contra la universidad como "falsas e infundadas" y pidió al régimen de Nicaragua que revierta esta "drástica, inesperada e injusta medida". Además, acusaron al dictador Ortega de violar sistemáticamente los derechos humanos y de intentar consolidar un estado totalitario.

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FUENTE: Con información de AFP y AP