ESPECIAL
Petro bajo la lupa por escándalo de espionaje e interferencia electoral
Investigaciones de Noticias Caracol y SEMANA revelan presuntas operaciones de inteligencia contra campañas presidenciales, planes para atacar el sistema electoral y una solicitud oficial del censo de votantes
MIAMI.- El escándalo que rodea a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro comenzó a destaparse con las investigaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Los documentos reservados revelados por el noticiero colombiano apuntan a presuntos planes para espiar a expresidentes, intervenir en las elecciones presidenciales de 2026 y realizar operaciones que nada tendrían que ver con la seguridad nacional.
Días después, el 12 de noviembre, la revista SEMANA publicó otra revelación. Un informe interno señalaba que la DNI habría infiltrado campañas presidenciales mediante una operación denominada “Grecia”, destinada a obtener información sobre estrategias políticas, reuniones, alianzas y movimientos de los candidatos.
La DNI es el organismo estatal encargado de producir inteligencia estratégica para la seguridad nacional de Colombia. Depende directamente de la Presidencia de la República. Por eso, las denuncias no pueden tratarse como simples irregularidades administrativas. Lo que está bajo investigación es el posible uso de una agencia de inteligencia del Estado para vigilar adversarios políticos e intentar interferir en unas elecciones.
La documentación publicada por SEMANA menciona a Gustavo Lozano y Ricardo Rosanía, vinculados a la DNI, junto con tres ciudadanos españoles: Manuel Grau, Xavier Vendrell y Ramón Devesa González. También aparece Andrés Gamero, señalado como presunto reclutador de jóvenes que habrían ingresado a los equipos de campaña para obtener información y transmitirla al organismo de inteligencia.
Según la publicación, la campaña de Paloma Valencia habría sido una de las afectadas, mientras que la de Abelardo de la Espriella habría conseguido impedir el ingreso de los supuestos infiltrados.
De confirmarse esas actuaciones, estaríamos ante una grave utilización de recursos del Estado para intervenir en la competencia política. La inteligencia colombiana no fue creada para conocer los movimientos internos de quienes aspiran a gobernar el país.
El escándalo no terminó con la operación “Grecia”. Una nueva investigación de Noticias Caracol, publicada el 16 de noviembre, reveló que la DNI intentó obtener una copia del censo electoral nacional antes de la primera vuelta presidencial.
René Guarín, del M-19 a la DNI
El 9 de abril de 2026, René Guarín Cortés, entonces director encargado de la DNI, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil información detallada de los ciudadanos habilitados para votar.
Guarín es ingeniero de sistemas y exguerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), la organización insurgente en la que también militó Gustavo Petro. Ambos pertenecieron a esa guerrilla, desmovilizada en 1990. Petro incorporó a Guarín a su gobierno, donde ocupó un cargo en el área tecnológica de la Presidencia, y en enero de 2026 lo designó director encargado de la DNI, después de la salida de Jorge Lemus.
Su trayectoria también está vinculada a las controversias judiciales por los hechos del Palacio de Justicia, tomado por el M-19 en noviembre de 1985 y posteriormente retomado por las Fuerzas Militares. El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, en su libro Manteniendo la democracia, maestro, cuestiona duramente a Guarín en relación con las denuncias sobre presuntos falsos testigos contra militares investigados por aquel episodio.
Plazas Vega también critica la actuación de Ángela María Buitrago, fiscal que llevó el caso y que posteriormente fue ministra de Justicia del gobierno de Petro. Sectores de la defensa de los militares la acusaron de manejar falsos testigos para incriminar a miembros de la Fuerza Pública. Se trata de graves señalamientos formulados por los críticos del proceso, no de responsabilidades judicialmente demostradas.
Ahora Guarín vuelve a estar bajo escrutinio por una decisión adoptada desde la dirección de inteligencia del Estado.
La Registraduría es la entidad colombiana responsable de la identificación de los ciudadanos y la organización de las elecciones. Guarín le pidió una base de datos que incluía números de cédula, edad, género, pertenencia a grupos poblacionales, puestos de votación y confirmación de quiénes estaban autorizados para sufragar.
La solicitud comprendía información personal de los electores que habría permitido identificarlos individualmente y conocer sus respectivos puestos de votación.
La DNI justificó la petición con argumentos de contrainteligencia y seguridad nacional. Sin embargo, la Registraduría rechazó la entrega por falta de sustento legal suficiente.
El exregistrador Juan Carlos Galindo aseguró a Noticias Caracol que no conocía antecedentes de una solicitud semejante. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, advirtió que una base de esas características en manos de terceros podría facilitar presiones sobre los votantes, compra de sufragios y otras irregularidades.
¿Qué pretendía hacer René Guarín con esos datos? ¿Por qué un organismo de inteligencia dependiente de Petro necesitaba conocer información personal de millones de colombianos en plena campaña presidencial?
La revelación adquiere mayor gravedad por los documentos internos conocidos anteriormente por Noticias Caracol. En ellos aparece Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la DNI señalado como presunto coordinador de una red de hackers que buscaría atacar los sistemas de la Registraduría y alterar los resultados de la segunda vuelta del 21 de junio.
Oyola fue capturado en noviembre en una investigación por delitos informáticos. La Registraduría también informó sobre millones de intentos de ataque contra su página web durante el proceso electoral, aunque ninguno afectó los resultados. No está demostrado que esos ataques fueran ejecutados por la DNI ni que el supuesto plan para modificar las votaciones llegara a realizarse.
La carta de Guarín, en cambio, es un documento concreto. El entonces jefe de inteligencia solicitó los datos y la autoridad electoral se negó a entregarlos. Falta conocer quién autorizó la petición y para qué se necesitaba esa información.
Ramón Devesa y la conexión con Ecuador
El caso de Ramón Devesa González revela una conexión entre las denuncias sobre presuntas operaciones de inteligencia en Colombia y los antecedentes de espionaje político en Ecuador. La revisión de ambos casos permite identificar un nombre común, el del ciudadano español señalado en 2022 por el entonces legislador ecuatoriano Fernando Villavicencio y mencionado ahora en los documentos sobre la operación “Grecia” de la DNI colombiana.
En 2022, Villavicencio, asesinado un año después mientras era candidato presidencial, señaló a Devesa por presuntas actividades de ciberinteligencia y campañas de desprestigio relacionadas con el entorno del expresidente Rafael Correa.
Villavicencio también lo vinculó con UC Global, la empresa española involucrada en el escándalo de espionaje a Julian Assange mientras permanecía refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.
La presencia de Devesa en las denuncias de ambos países abre interrogantes sobre sus actividades, los servicios que prestó y las personas para quienes trabajó.
SEMANA ya había publicado en abril de 2026 una investigación sobre Devesa y su participación en tareas de seguridad relacionadas con la campaña presidencial de Petro en 2022. También lo mencionó en el episodio del supuesto video sobre la devolución de dinero atribuido a Diego Marín, conocido como alias “Papá Pitufo”, señalado como uno de los principales contrabandistas de Colombia.
Nada de esto demuestra que existiera una coordinación entre los entornos de Petro y Correa. Sin embargo, resulta necesario establecer por qué un personaje señalado anteriormente en Ecuador aparece ahora en informes sobre presuntas operaciones de inteligencia electoral en Colombia y qué relación mantuvo con personas cercanas a ambos gobiernos.
¿Qué sabía Gustavo Petro?
Las investigaciones de Noticias Caracol y SEMANA han abierto varios frentes. A las denuncias sobre infiltración de campañas y posibles ataques informáticos se suman documentos sobre presuntos planes para instalar micrófonos y dispositivos de rastreo en vehículos destinados a expresidentes y exvicepresidentes, además de cuestionamientos sobre contratos tecnológicos de la DNI.
Según las investigaciones periodísticas, la DNI también habría sido utilizada para vigilar y perseguir a periodistas por sus investigaciones y publicaciones. Las denuncias apuntan al posible uso de recursos de inteligencia para hacer seguimiento a comunicadores, una actuación que exige establecer quiénes la ordenaron, qué información recopilaron y a quiénes entregaron los resultados.
El punto común es el organismo de inteligencia que dependía de la Presidencia durante el gobierno de Gustavo Petro.
Corresponde a la Fiscalía investigar hasta dónde llegaron estas operaciones, quiénes participaron y qué responsabilidad tuvieron los funcionarios de la DNI y sus superiores. La investigación debe establecer si existieron órdenes desde la Presidencia y quiénes conocían las actividades denunciadas.
La ausencia de una prueba directa contra el expresidente no elimina su responsabilidad política por el funcionamiento de la inteligencia durante su mandato.
Otros funcionarios señalados también formaron parte de la estructura de inteligencia de su administración. Entre los nombres mencionados en la operación “Grecia” figuran personas relacionadas anteriormente con su entorno político.
¿Quién autorizó esa operación? ¿A quién se entregaba la información obtenida de las campañas? ¿Qué pretendía hacer Guarín con el censo electoral? ¿Quién le dio instrucciones? ¿Qué sabía Gustavo Petro y desde cuándo? ¿Fue él quien dio alguna de esas órdenes?
La Fiscalía debe establecer quiénes tuvieron acceso a los documentos reservados, qué operaciones fueron autorizadas y cómo se utilizaron los recursos públicos.
La Registraduría rechazó la solicitud del censo electoral. Esa decisión impidió que la DNI obtuviera la información por la vía utilizada por Guarín. Sin embargo, todavía falta esclarecer qué motivó el requerimiento y si hubo actuaciones posteriores para conseguir esos datos.
Colombia necesita respuestas sobre lo que ocurrió dentro de su organismo de inteligencia. Gustavo Petro no puede desentenderse de las actuaciones de una entidad que dependía directamente de su Presidencia.
Si se comprueba que funcionarios del Estado intentaron infiltrar campañas o interferir en los resultados electorales, no estaremos ante un simple escándalo político, sino ante un abuso de poder que exige responsabilidades.
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