Petro y Correa buscan recuperar nuevo espacio político con alianza

Los expresidentes anunciaron una alianza regional para enfrentar el narcotráfico y hablaron de democracia participativa, justicia social e integración latinoamericana. Petro dijo que el objetivo era avanzar hacia una “verdadera alianza antinarcotráfico”, pero no presentó detalles sobre cómo funcionaría, qué países participarían o qué mecanismos concretos tendría.

Para Hugo Acha, analista especializado en seguridad y crimen organizado, el planteamiento debe observarse también a partir del volumen económico que mueve el delito y su relación con la política regional.

“Las estimativas más conservadoras en el mundo entero señalan que la actividad ilícita mueve entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares al año”, explicó.

Acha sostuvo que esa dimensión económica permite entender el peso que las actividades ilegales pueden tener en la política.

“Cuál es el volumen de esta situación desde el punto de vista de la logística financiera que lamentablemente le ha proporcionado en gran medida una base de apoyo a movimientos políticos de izquierda en América Latina”, señaló.

En ese contexto ubicó a Petro y Correa. Acha afirmó que el expresidente colombiano está investigado en fiscalías federales de Estados Unidos por hechos relacionados con narcotráfico y que Correa tiene investigaciones similares, además de aparecer mencionado, según dijo, en investigaciones sobre hechos graves como el asesinato de periodistas.

“Cuando hay información por lo menos creíble de la relación que han tenido con organizaciones de crimen organizado extremadamente peligrosa y de característica transaccional, creo que hay una contradicción flagrante a la hora de decir que se quiere estructurar una alianza contra el narcotráfico”, afirmó.

El narcotráfico como negocio

El análisis de Acha también alcanza el discurso con el que se aborda el origen del narcotráfico. Cuestionó las explicaciones que colocan la pobreza como causa principal de la actividad ilegal.

“Cuando empezamos a hablar de esto, lo siguiente que tiende a suceder es que victimizamos al delincuente y empezamos a decir cosas que no tienen base científica”, sostuvo.

Acha rechazó que el narcotráfico pueda entenderse como una actividad vinculada esencialmente a una lógica de justicia social.

“La estadística pura, cruda y dura nos ha reflejado que el narcotráfico es una actividad eminentemente corporativa, con el fin absoluto del lucro que genera sus mercados sin tener en cuenta ningún tipo de situación entre comillas de justicia social”, explicó.

El analista también señaló que las consecuencias de esa actividad afectan a los sectores más vulnerables y mencionó el consumo entre menores de edad y los efectos que determinadas drogas pueden producir durante el embarazo.

“No me va a decir usted que un niño está en la condición de efectuar una decisión informada y no me va a decir que usted puede ignorar el hecho de que el narcotraficante estimula el consumo a través de la disponibilidad de la droga al menor”, dijo.

Acha cuestionó también las explicaciones que reducen el problema a la demanda o a las condiciones sociales de quienes producen y consumen drogas.

“Cuando constatamos estas cosas, nos damos cuenta de que hay un absurdo”, afirmó, antes de referirse directamente al anuncio de los dos expresidentes: “cuando justamente el señor Gustavo Petro y el señor Correa nos vienen a decir que quieren hacer una alianza contra el narcotráfico”.

La propuesta también la vinculó con el escenario político regional.

“Está claro, desde un punto de vista, otra vez, de aproximación y evaluación absolutamente empírica, de que lo que se busca es recuperar algún nivel, a partir del discurso, de legitimidad, de manera a contener una iniciativa (El Escudo de las Américas) que, en caso de ganar cuerpo y tracción, puede negarle a la izquierda su principal fuente logística financiera”, sostuvo.

Acha relacionó esa afirmación con la experiencia cubana y con lo que considera una práctica histórica de la izquierda latinoamericana.

“Lamentablemente, la izquierda en América Latina, adhirió completamente a la idea que venía desde la Cuba castrista, de que no importan los medios, los métodos, los recursos, en tanto y en cuanto permitan la llegada, el acceso y la permanencia en el poder, son válidos. Y si son ilícitos, pues qué pena, pero son válidos”, afirmó.

Estados con capacidades desiguales

Acha también puso el foco en la capacidad real de los Estados para enfrentar el narcotráfico. Al referirse al Escudo de las Américas, sostuvo que todavía debe observarse cómo se desarrolla en la práctica.

El problema, afirmó, es que los países de la región no cuentan con las mismas capacidades.

“Cuando hablamos del Escudo de las Américas vemos capacidades muy disímiles, voluntades políticas disímiles y, tal vez le diría yo, predisposiciones sociales disímiles”, dijo.

Como ejemplo de recuperación de capacidades estatales mencionó a Paraguay, por la adquisición de aeronaves AT-29 y el fortalecimiento de capacidades de radarización. También mencionó a Colombia por la recuperación de capacidades y el endurecimiento del marco regulatorio.

Ecuador representa para Acha otro escenario. El analista afirmó que durante el gobierno de Correa se redujeron capacidades efectivas del Estado (tras sacar la base militar estadounidense en Manta) y mencionó entre los factores de ese período la política de ciudadanía universal.

“El gobierno del presidente Correa, de una forma deliberada, redujo las capacidades efectivas del Estado”, sostuvo.

Según Acha, el resultado es un país que enfrenta una de las crisis de seguridad y de presencia del crimen organizado más serias de la región.

“Entonces el presidente (Daniel) Noboa puede tener la voluntad, pero le va a llevar tiempo al Estado ecuatoriano recuperar un mínimo desde el punto de vista de control territorial, proyección de poder, y de ejercicio efectivo”, afirmó.

El analista extendió su argumento a otros países de la región y sostuvo que los gobiernos que han regresado al poder se han encontrado con instituciones afectadas por la corrupción.

“Buena parte de los gobiernos de izquierda en la región hicieron no solo uso de la logística que les daba la actividad ilegal, el narcotráfico incluido, para promover actividad política, usaron la corrupción como método”, y se preguntó “¿con qué se han topado desde Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, cuando vuelven a tomar la administración? Con aparatos de administración de justicia, ministerios públicos, toda la estructura administrativa, fuerzas policiales, inclusive fuerzas armadas terriblemente corrompidas”.

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