Pongan fin a las prisiones secretas

Los datos documentados muestran una desnutrición grave y generalizada entre los reclusos, así como inseguridad alimentaria para sus familias en la actualidad.

De la solidaridad al empoderamiento del pueblo

La dictadura comunista de Cuba mantiene a más de 1.300 presos políticos, según recuentos independientes de mediados de 2026, al tiempo que niega sistemáticamente al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a sus prisiones desde 1989.

En cambio, la organización con sede en Ginebra ha realizado más de 100 visitas desde el 2002 al centro de detención de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo (Gitmo), en el sureste de Cuba.

El único territorio de la isla de Cuba donde las condiciones carcelarias son inspeccionadas de forma independiente es la zona controlada por Estados Unidos.

Esta no es una cuestión humanitaria abstracta.

En resumen, una minoría de familias recibe apoyo externo organizado; la mayoría depende de sus propios recursos, ya de por sí mermados, en un contexto de represión. La ausencia del CICR o de cualquier otro organismo de supervisión independiente en las prisiones cubanas deja a la gran mayoría sin protección humanitaria sistemática. Por ello, las exigencias de acceso y de solidaridad específica siguen siendo fundamentales.

Cuba no es el único caso y las personas de buena voluntad deben aprender de los demás.

Las dictaduras utilizan el encarcelamiento político tanto como castigo como medida disuasoria. La historia demuestra que la solidaridad con dichos prisioneros, sumada a un acceso humanitario independiente, no solo alivia el sufrimiento, sino que también debilita el monopolio informativo del régimen, protege a los futuros líderes y crea las condiciones para transiciones negociadas o populares. Así lo demuestran las transiciones democráticas en lugares tan dispares como Polonia, Chile, Filipinas y Sudáfrica.

Los presos políticos son la prueba viviente de que un régimen teme a su propio pueblo. Encarnan la exigencia de dignidad que ninguna propaganda puede borrar. Las comunidades de la diáspora que hicieron de la situación de sus compatriotas encarcelados una causa central —brindando ayuda material, difundiendo sus nombres y condicionando la presión diplomática o económica a su liberación— contribuyeron a resquebrajar sistemas cerrados. La supervisión internacional de las cárceles por parte del CICR no derrocó dictaduras por sí sola, pero visibilizó los abusos, dejó constancia de vidas que de otro modo habrían desaparecido y generó una presión que los regímenes no podían ignorar indefinidamente.

Los siguientes cuatro ejemplos demuestran la importancia de dar prioridad a los presos políticos cubanos hoy en día, y de que los cubanoamericanos y las organizaciones aliadas no esperen a que Washington —o cualquier otra instancia— ayude a sus hermanos y hermanas encarcelados.

Polonia: prisioneros, presión y el camino hacia 1989

Cuando el general Wojciech Jaruzelski impuso la ley marcial en diciembre de 1981, miles de activistas de Solidaridad, incluido Lech Wasa, fueron encarcelados. El CICR obtuvo acceso en enero de 1982 y visitó a 4.851 personas encarceladas en 24 centros a lo largo de ese año, realizando tres visitas a Lech Wasa. Los delegados entrevistaron a los detenidos sin testigos, presentaron cientos de solicitudes de liberación por motivos médicos (muchas de las cuales fueron aprobadas) y distribuyeron ayuda. Más tarde, Wasa afirmó que las visitas tuvieron trascendencia política: el hecho de que una organización internacional documentara el trato que el régimen dispensaba a un líder popular dejaba al descubierto su bancarrota moral, aun cuando los delegados evitaban cualquier discurso partidista.

Los polaco-estadounidenses y las organizaciones aliadas no esperaron a recibir permiso. El Congreso Polaco-Estadounidense, la AFL-CIO y los grupos de apoyo a Solidaridad en ciudades desde Chicago hasta Los Ángeles recaudaron fondos para las familias de los prisioneros, introdujeron clandestinamente equipos de impresión y ejercieron presión en Washington. Las sanciones se vincularon explícitamente a la liberación de los prisioneros. Posteriormente se produjeron amnistías en 1984 y, sobre todo, en 1986, año en que fueron liberados los prisioneros vinculados a Solidaridad. Esa apertura contribuyó a propiciar las conversaciones de la Mesa Redonda y las elecciones de 1989 que pusieron fin al régimen comunista. El enfoque basado en los derechos humanos convirtió a los disidentes polacos en prisioneros de conciencia reconocidos internacionalmente, lo que hizo que mantenerlos detenidos resultara políticamente costoso. Wasa pasó de ser prisionero político a presidente.

La lección es directa: la visibilidad, sumada a una presión externa sostenida, transforma a los prisioneros de víctimas aisladas a personas que demuestran la vulnerabilidad del régimen.

Chile: El acceso temprano del CICR salvó vidas y fundamentó el caso contra Pinochet.

Nueve días después del golpe de Estado de septiembre de 1973, el régimen de Pinochet autorizó al CICR a visitar centros de detención en Chile. En los meses siguientes, el organismo realizó 114 visitas a 63 lugares, incluidos el Estadio Nacional y la isla Dawson. A lo largo de cinco años, llevó a cabo más de 1.100 visitas y vio a unos 18.000 detenidos. El registro efectuado por el CICR dificultaba que los prisioneros fueran víctimas de desaparición. El ex detenido Patricio Bustos afirmó después que dichas visitas probablemente le salvaron la vida.

Los exiliados chilenos y las redes de solidaridad en Europa, Estados Unidos y América Latina organizaron huelgas de hambre, eventos culturales y campañas de cabildeo que exigían la liberación de prisioneros y la documentación del uso de tortura. Aislaron diplomáticamente al régimen y mantuvieron abierto el expediente de los derechos humanos hasta el plebiscito de 1988 y la transición de 1990. La combinación de seguimiento sobre el terreno y promoción de la diáspora convirtió la represión interna en una causa internacional.

La oposición interna, la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica y la presión internacional culminaron en el plebiscito del «No» de 1988, que puso fin al gobierno autoritario de Pinochet. Los líderes opositores que habían sido detenidos o perseguidos se convirtieron en los artífices de la transición democrática.

La Habana se ha negado a esa misma supervisión durante 37 años. Esa negativa constituye en sí misma una prueba y no debe pasarse por alto considerarse normal.

Filipinas: documentación, cabildeo de la diáspora y el “poder del pueblo”

En 1976, tanto el CICR como Amnistía Internacional enviaron equipos a Filipinas. Hallaron miles de presos políticos y casos de tortura sistemática. Estas conclusiones se vieron reflejadas en un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos dirigido al Congreso. Los filipino-estadounidenses y grupos aliados —como Amigos del Pueblo Filipino, el Comité Nacional para la Restauración de las Libertades Civiles y otros— utilizaron dichos informes para presionar al Congreso a fin de que restringiera la ayuda militar y económica. Plantearon la cuestión en términos de derechos humanos, un enfoque que tuvo gran eco en el clima político estadounidense posterior a la guerra de Vietnam.

El asesinato de Benigno Aquino en 1983 intensificó la campaña. El movimiento “People Power” (Poder Popular) derrocó la dictadura de Marcos en 1986 mediante métodos no violentos. El nuevo gobierno liberó a presos políticos, incluidas figuras destacadas, como parte del proceso de reconciliación nacional. La presión ejercida por la diáspora sobre Estados Unidos —el principal apoyo externo del régimen— resultó decisiva.

Sudáfrica: Esperanza en la isla Robben

El CICR comenzó a visitar la isla Robben en 1964, poco después de la llegada de Nelson Mandela, y continuó haciéndolo durante más de dos décadas; fue la única institución internacional que tuvo un acceso generalizado a los presos políticos del apartheid. Sus delegados reclamaron mejoras en la alimentación, la atención médica y las condiciones laborales, además de hacer un registro de los detenidos para evitar que desaparecieran sin dejar rastro. Más tarde, Mandela y otros reconocieron que aquellas visitas ayudaron a recuperar cierto grado de esperanza y humanidad. Gracias a la combinación de la resistencia interna, las sanciones internacionales y las negociaciones finales, los presos lograron sobrevivir al sistema. Mandela salió en libertad en 1990 y se convirtió en presidente. La presencia del CICR no puso fin al apartheid, pero documentó su existencia, mitigó parte de su crueldad y mantuvo a los presos presentes en la conciencia moral del mundo.

Las mismas herramientas están disponibles en Cuba.

Prisoners Defenders documentó 1.339 presos políticos a finales de agosto de 2026, incluidos decenas de detenidos siendo menores de edad. Las condiciones incluyen atención médica deficiente, aislamiento y torturas documentadas. El “indulto” otorgado por La Habana en abril de 2026 a más de 2.000 reclusos excluyó en gran medida los casos políticos.

El CICR visitó por última vez las prisiones cubanas en 1988-1989, tras una presión internacional concertada que incluyó la ejercida por la administración Reagan en las Naciones Unidas. Desde entonces, la puerta ha permanecido cerrada, a pesar de que esa misma organización ha visitado las instalaciones estadounidenses en Guantánamo más de cien veces.

Los cubanoamericanos ya llevan a cabo programas de apoyo: asignaciones mensuales para algunas familias, gestiones legales, la divulgación pública de los nombres de los prisioneros y llamamientos coordinados a la Casa Blanca, al Vaticano y a los gobiernos europeos. Estas iniciativas se hacen eco de los precedentes de Polonia, Chile y Filipinas.

Lo que falta hoy es una exigencia unificada y sostenida de que el acceso del CICR se convierta en una condición innegociable de cualquier acercamiento; asimismo, es necesario hacer más a nivel comunitario para brindar asistencia regular a todos los presos políticos de Cuba y a sus familias.

Las visitas del CICR no otorgan legitimidad política. Son confidenciales, de carácter técnico y se centran en las condiciones, la salud y el contacto con la familia. Los regímenes que las aceptan suelen hacerlo para mejorar su imagen; aquellos que las rechazan dan a entender que tienen algo que ocultar. Permitir el acceso no liberaría a Cuba de la noche a la mañana, pero protegería vidas, generaría información independiente y elevaría el costo de mantener la represión, tal como ocurrió en Polonia, Chile, Filipinas y Sudáfrica.

Un llamado a la acción urgente por los presos políticos de Cuba.

El apoyo a los presos políticos cubanos (reconocimiento público, asistencia a las familias, priorización diplomática y negativa a tratar las liberaciones de delincuentes comunes como equivalentes) mantiene viva a la oposición y cuestiona la legitimidad del régimen. Otorgar al CICR el acceso del que ya disfruta en más de 90 países sería la primera concesión concreta hacia la transparencia.

El aislamiento de los prisioneros y la opacidad de la situación en las cárceles son herramientas de supervivencia para los sistemas cerrados, y la eliminación de dichas herramientas ha precedido reiteradamente al fin de tales sistemas. No habrá una Cuba libre mientras más de mil de sus ciudadanos permanezcan encarcelados por decir la verdad al poder, y mientras no se permita a ninguna organización humanitaria independiente recorrer los pasillos donde se encuentran recluidos.

Debemos seguir visibilizando los casos de familiares de presos políticos que son blanco de la dictadura por alzar la voz en defensa de sus seres queridos encarcelados. La solidaridad no es un delito.

La comunidad cubanoamericana posee peso electoral, redes organizativas y vínculos con la isla. Esos activos fueron decisivos en los otros cuatro casos. Apoyar a los presos políticos no es caridad; es tanto una obligación moral como una estrategia de liberación.

Cuba will be no exception.

Exigir el acceso del CICR no es una petición de carácter técnico; es una exigencia de transparencia. La historia demuestra que la transparencia —combinada con la presión constante de la diáspora y el apoyo material sostenido a las víctimas de la represión— es la vía por la que las sociedades cerradas terminan por abrirse.

Cuba no será una excepción.

John Suarez es activista de derechos humanos, director ejecutivo del Center for a Free Cuba y ex oficial de programas para América Latina de Freedom House.

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