Posible reelección de Morales abre discusión sobre la voluntad de los bolivianos

El oficialismo boliviano ha celebrado la noticia, hecha pública ayer por el Tribunal Constitucional (TC), como si proviniese de las urnas, ya que tanto el mandatario boliviano como sus principales colaboradores han entendido que con ello se cumple "el mandato del pueblo boliviano".

Legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron en septiembre una demanda ante el Constitucional pidiendo se declaren inaplicables algunos artículos de la Constitución y otros de la ley Electoral que impedían a Morales volverse a presentar como candidato.

El recurso judicial apeló al artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos para que se respete el derecho del presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo.

El TC resolvió que prevalece ese artículo del tratado internacional sobre la Constitución y la normativa electoral.

La exmagistrada Silvia Salame dijo a Efe que la parte más importante del fallo es que el TC "ha dejado sin efecto los resultados del referéndum del 2016" y que, a su juicio, se tomó una atribución que no le correspondía.

Un criterio similar es el del abogado constitucionalista Carlos Alarcón, que expresó a Efe que con el fallo "se esta violando la soberanía popular" manifestada en dicha consulta.

En febrero de 2016 se celebró un referéndum para autorizar una reforma constitucional que permitiera la candidatura de Morales en 2019, con un resultado que fue adverso al gobernante.

A partir de aquello, las organizaciones sociales que lo apoyan buscaron vías constitucionales para postularlo, pese a que él señaló que respetaría el resultado del referéndum y al término de su actual gestión volvería a trabajar a su región de origen.

Salame, al ser consultada sobre si el fallo da la posibilidad a Morales para una reelección indefinida, dijo que sí.

"No (lo) dice expresamente, pero así lo decía la demanda", señaló.

La sentencia también favorece a otras autoridades nacionales y regionales que no podían postular por haber cumplido su segunda gestión consecutiva.

Por su parte, Alarcón planteó que el fallo es una prueba de la "violación a los derechos de los electores" y debe adherirse a la demanda abierta por la oposición de Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, propuso que sea la misma oposición la que presente una denuncia ante la OEA por la violación del artículo 3 de la Carta de Interamericana Democrática.

Por contra, el ministro de Justicia boliviano, Héctor Arce, en rueda de prensa, expresó que el fallo "respeta y desarrolla plenamente" la Constitución boliviana y observa la Convención Americana de los Derechos Humanos en torno a la posibilidad que tendría el pueblo a elegir a sus autoridades y de los gobernantes a ser elegidos.

El artículo 256 de la Constitución boliviana establece que los tratados que desarrollen cuestiones de derechos humanos de mejor manera que la propia Ley Suprema serán aplicados preferentemente.

La Constitución promulgada por Evo Morales en 2009 permitía antes del fallo del TC únicamente dos mandatos consecutivos.

En 2013 el tribunal validó la tesis oficialista de que el primer mandato del gobernante (2006-2009) no contaba porque el país fue refundado con la Carta Magna de 2009.

La sentencia constitucional, a criterio de la oposición, puso en duda la credibilidad de los actuales funcionarios de justicia y de las elecciones judiciales que se celebrarán el domingo para designar, por simple mayoría, a los magistrados de cuatro altas instancias de la Justicia boliviana.

Los candidatos están elegidos por el Parlamento, de mayoría oficialista.

Los detractores de Morales han decidido impulsar el voto nulo para lanzar un mensaje contra la Justicia y el proceso electoral que creen están sometidos políticamente al poder ejecutivo, mientras que el oficialismo asegura que la medida servirá para iniciar las reformas deseadas.

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FUENTE: Gabriel Romano / EFE