LA PAZ.- La Fiscalía General del Estado de Bolivia abrió un proceso penal contra el izquierdista Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera por el denominado caso Terrorismo, relacionado con el operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, que dejó tres muertos.
Una causa penal vuelve a poner bajo escrutinio a Evo Morales
La Fiscalía boliviana tramitó una denuncia por 3 muertes ocurridas en el Hotel Las Américas, un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La imputación se deriva de una denuncia presentada por el partido Alianza Libre y contempla los presuntos delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad, informó la emisora boliviana Erbol.
El procedimiento puede derivar en un juicio de responsabilidades, cuya tramitación requiere la intervención de las instituciones competentes.
Un operativo que dejó tres muertos
El 16 de abril de 2009, agentes de la Policía boliviana irrumpieron en el Hotel Las Américas, donde mataron a tres personas y detuvieron a otras dos, señaladas por las autoridades de entonces como integrantes de una supuesta célula terrorista.
Morales se encontraba de viaje en Venezuela cuando ocurrió el operativo y posteriormente reconoció haber ordenado la intervención. García Linera ocupaba entonces la Vicepresidencia de Bolivia y asumía la Presidencia en ausencia de Morales.
El caso provocó controversia dentro y fuera de Bolivia. Los familiares del irlandés Michael Dwyer, uno de los fallecidos, y los sobrevivientes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó la existencia de vulneraciones de derechos humanos y estableció la necesidad de una reparación.
El gobierno de Morales defendió el operativo como una acción contra el terrorismo. Sin embargo, el procedimiento también estuvo marcado por cuestionamientos y denuncias de presuntas extorsiones. El caso terminó cerrado durante el gobierno interino de Jeanine Áñez.
El procedimiento para un eventual juicio
La apertura del proceso penal no equivale a una condena contra los señalados. De acuerdo con el procedimiento descrito en la información de Erbol, si la Fiscalía encuentra indicios suficientes, deberá remitir el requerimiento correspondiente al Parlamento boliviano, donde la autorización de un juicio de responsabilidades requiere una mayoría de dos tercios.
La causa busca esclarecer las responsabilidades por un operativo que, desde 2009, ha sido objeto de controversias y denuncias relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos.
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FUENTE: Con información de Euopa Press
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