MIAMI.- El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, conocido por ser propietario del 50% de las acciones de la Organización Miss Universo, ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente estar vinculado en operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado.
Imputan a copropietario de Miss Universo por presunto tráfico de drogas y armas
Actualmente, Rocha Cantú es testigo colaborador, una figura legal que le permite compartir información sobre operaciones criminales, mientras él recibe beneficios procesales
Según la información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola en X, el empresario es parte de una lista del programa de testigos protegidos de la FGR, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra.
"El dueño de Miss Universo se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco", expuso el periodista.
Esta información coincide con lo revelado por el periódico El Reforma, el cual publicó que la investigación en contra de Rocha derivó en la emisión de la causa penal número 495/2025, con fecha del 15 de noviembre. Los delitos que se investigan son: delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y tráfico ilegal de hidrocarburos.
Investigación
Sin embargo, fue el 19 de noviembre que la Fiscalía General de la República aprobó que Rocha Cantú se identifique como testigo colaborador, una figura legal que le permite al empresario compartir información relevante sobre operaciones criminales para el avance de la investigación, mientras él recibe beneficios procesales.
"La indagatoria sostiene que la red dirigida por Raúl Rocha Cantú implementó esquemas sistemáticos de robo y tráfico de combustible desde Guatemala para abastecer organizaciones criminales mexicanas, y facilitó el suministro de armas de fuego a cárteles como el del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz", explica Infobae.
Carlos Loret de Mola también señaló que la Fiscalía informó que la organización criminal, bajo la tutela del empresario, operaba en centros logísticos en Querétaro.
"La bodega La Espuela, ubicada dentro del complejo Ferropolymers, recibía carro-tanques con combustible de origen ilícito o proveniente de Guatemala, que era mezclado con aditivos como MTBE y nafta en otro centro conocido como El Patio para mejorar la presentación y calidad del producto final. El combustible distribuido terminaba en firmas como AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA. Las facturas se emitían a través de empresas fachada, incluyendo Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH", agrega Infobae.
El reporte del periodista destaca que el producto final era distribuido a empresas dedicadas al transporte y la comercialización con documentación fabricada. Todo esto permitía que evitaran controles fiscales y de aduanas, lo que también hacía difícil rastrear el origen del combustible.
Tráfico de armas
Sobre el tráfico de armas, tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Seguridad identificaron empresas de seguridad privada que eran empleadas para adquirir transportar y rematriculas las armas de fuego ilegalmente.
"Compañías como SEGURIMEX, S.A.P.I. de C.V., SETER, S.A. de C.V., Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V. y Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V. formaban parte de la estructura. Estas empresas intercambiaban armamento entre sí con la colaboración de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)", detalla Infobae.
El expediente citado por X expone: "La empresa SETER fue utilizada para abastecer de armas al Grupo Sombra en Veracruz y a integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas, incluyendo a ‘El Cape’, ‘El Loco’ y ‘El M’".
Según expone la Secretaría de Seguridad y la FGR, fue el 21 de octubre cuando el empresario se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para ofrecerse como testigo protegido, brindando información sobre el contrabando del combustible, las redes financieras y los nexos de la organización criminal con empresarios y funcionarios públicos.
Durante la operación, específicamente el 18 de noviembre, fue detenida Mari Carmen N, identificada como La Fiscal, una presunta funcionaria pública que apoyaba la logística de la red.
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