Gobierno de Panamá retoma el control de puertos en manos de China

El dictamen terminó con la concesión inconstitucional a la compañía de China (Hong Kong) CK Hutchison Holdings, un caso enmarcado en la peligrosa expansión del gigante asiático en el Hemisferio Occidental y la presión del actual gobierno del presidente Donald J. Trump para frenar las acciones injerencistas de Pekín.

Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico -en ambas entradas de la vía-, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en enero de este año, luego de casi tres décadas en manos de la empresa china.

"La Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de sus puertos y garantiza la continuidad de la operación", anunció en rueda de prensa Max Flórez, director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares del organismo oficial.

La medida fue criticada por Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, pero celebrada por Washington.

Acciones directas

Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron de acciones directas de EEUU para retomar el control del Canal de Panamá.

PPC "objeta los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma de control", indicó la firma en un comunicado.

La toma del control se produjo tras la publicación del fallo de la Corte en el diario oficial, el último trámite legal.

El "decreto de ocupación" dio paso a una transición de 18 meses, durante la cual los puertos serán gestionados por dos de los principales operadores de carga del mundo hasta ser adjudicados mediante licitación.

Balboa quedará a cargo de APM Terminals -subsidiaria de la danesa Maersk-, y Cristóbal de Terminal Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante MSC.

"El Estado es responsable de cualquier y todo perjuicio o daño causado", dijo PPC, al advertir que la intervención genera "serios riesgos" en las terminales.

EEUU celebra el control de Panamá

La empresa china Hutchison, que dijo que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), anticipó acciones legales.

China además amenazó también a Panamá con hacerle pagar "un alto precio" por cancelar la concesión.

Al igual que ha hecho el régimen de China con la expulsión o cierre de contratos a cientos de empresas extranjeras en su territorio, el gobierno de Panamá -como estado libre y soberano- se tiene el derecho legítimo constitucional e internacional de rechazar cualquier contrato o acciones que perjudiquen sus intereses y su seguridad nacional.

"Es muy bueno para el pueblo de Panamá (...) eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo", declaró a la prensa el embajador estadounidense, Kevin Cabrera.

El presidente Trump, advirtió en reiteradas ocasiones con retomar la vía por donde pasa 5% del comercio marítimo mundial, para terminar con el control del régimen de China a través de Hutchison.

La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que "no habrá despidos" en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.

Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, 38% de ellos por los que operaba Hutchison.

En conferencia de prensa, Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal y ahora encargado de la transición, señaló que las terminales seguirán siendo operadas de manera transitoria con los equipos de Hutchison, y negó que se trate de una expropiación.

"Es una ocupación sólo para garantizar que la continuidad de las operaciones hasta tanto se restituya la infraestructura portuaria; por tanto, se reconoce de forma legal y firmada bajo contrato que los equipos actuales pertenecen a la empresa", sostuvo e indicó que luego se buscará un acuerdo económico con Hutchison sobre esa maquinaria.

China buscó sin éxito un acuerdo

Alemán Zubieta anunció que Panamá contratará a "las mejores firmas de abogados internacionales" para defenderse ante la Comisión Internacional de Comercio en París, un proceso que estima durará "muchísimos años".

Hutchison buscó un acuerdo con el gobierno del presidente José Raúl Mulino para continuar con la administración de los puertos y evitar que un tercero tomara "bienes que no le pertenecen", según declaró la semana pasada Alejandro Kouruklis, portavoz de PPC.

La Máxima Corte panameña anuló los contratos por considerar que la concesión, renovada por 25 años en 2021 tenía "una inclinación desproporcionada a favor de la empresa y otorgaba poderes inconstitucionales" que perjudicaban al Estado soberano de Panamá.

El fallo también llegó en momentos en que Hutchison buscaba ceder sus puertos, entre ellos los que operaba Panamá, a un consorcio liderado por la mayor gestora de activos del mundo, la estadounidense BlackRock. El monto de la adquisición está valorado en 22.800 millones de dólares.

lmorales@diariolasamericas.com

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FUENTE: Con información con AFP.