Cámara aprueba fuerte recorte en sellos de alimentos
La medida sería efectiva en la próxima década
El proyecto de ley haría que 3 millones de personas pierdan los beneficios, mientras que otros 850.000 verían sus beneficios cortados, según la Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista. nLa Casa Blanca advirtió ayer que el presidente Obama vetaría cualquier ley que afecte a"los programas nacionales para contener el el hambre y la pobreza". n
La batalla sobre cupones de alimentos ha dejado en el limbo el futuro de la política agraria, y retrasó los esfuerzos para escribir un nuevo proyecto de ley agrícola de cinco años por 500.000 millones dólares.
La ley actual expira el 30 de septiembre, y el Congreso afronta presiones de los agricultores para impedir una subida de precios en productos básicos como la leche. n
Fondo para sellos n
El costo de los cupones de alimentos -oficialmente llamado Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria- se ha disparado en la última década, según el Departamento de Agricultura.
En 2001, el programa atendió a 17 millones de personas a un costo de poco más de 15.000 millones de dólares. En junio de este año, había 47,8 millones de personas inscritas en el programa, y los costos anuales fueron alrededor de 75.000 millones de dólares. n
Los republicanos argumentan que el crecimiento ha sido impulsado por permitir que los estados renuncien a los requisitos de elegibilidad, lo que permite que más personas se inscriban en el programa que la ley pretendía originalmente. n
En julio pasado, la llamada Coalición Rural distribuyó en internet una petición dirigida a la Cámara Baja en la que expresó su"indignación" por la postura en contra de los sellos de comida y exigió que el texto que salga del proceso bicameral sea"justo e integral" y garantice no solo la seguridad alimentaria del país, sino también urgentes reformas. n
Varios grupos conservadores se sumaron a las críticas contra los republicanos, al señalar que la iniciativa contenía"dádivas" para grupos de intereses especiales y no establecía una ruta clara para reducir la intervención del Estado en el sector agrícola.
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