Corte Suprema de EEUU reactiva la deportación de inmigrantes a terceros países

De todas formas, el Máximo Tribunal ha programado nuevas audiencias para profundizar más en el polémico tema.

La decisión del Supremo deja sin efecto de forma temporal los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los inmigrantes sobre a qué país serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.

Los más de 20 millones de inmigrantes que entraron al país con permisos temporales o de forma ilegal sin ser detectados bajo el gobierno de Joe Biden (extensión del mandato de Barack Hussein Obama) le han costado a los contribuyentes más de 600.000 millones de dólares desde el 2021 hasta la fecha, en gastos relativos a servicios públicos y de inmigración, atención médica, documentación, deportaciones, alimentación, ayudas federales y centros de detención, entre otros.

La expulsión de delincuentes

El gobierno impugnó la decisión en febrero de un juez federal de Boston (noreste), que consideró que las personas afectadas por una expulsión hacia un país distinto del suyo debían poder alegar el riesgo de ser víctimas de persecución o de tortura en un destino diferente.

El asesor jurídico, John Sauer, invocó "problemas logísticos importantes" provocados por la decisión de primera instancia, que obligó al Departamento de Seguridad Interior a "cancelar un vuelo con destino a tres países distintos que transportaba a 70 extranjeros con récord criminal".

Sauer argumentó que las deportaciones hacia terceros países son una "herramienta esencial para expulsar a ciertos extranjeros con delitos penales, entre los que se incluyen los peores delincuentes".

lmorales@diariolasamericas.com

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FUENTE: AFP y EFE.