El complot para asesinar a Trump en la Casa Blanca con drones y francotiradores

Según el Departamento de Justicia, el 10 de junio 5 hombres fueron arrestados y acusados de conspirar para atacar el evento UFC Freedom 250, celebrado en los terrenos de la Casa Blanca, en un caso que confirma hasta qué punto la radicalización puede convertir el fanatismo en amenaza física contra las instituciones, el presidente Donald Trump, otros funcionarios públicos y la seguridad nacional de los Estados Unidos. El FBI abrió una investigación, que sigue en curso, sobre el complot e identificó a un grupo de conspiradores que adquirió armas y elaboró planes para llevar a cabo el ataque.

El fiscal general interino Todd Blanche declaró: “El FBI, nuestros socios de las agencias de seguridad y nuestros fiscales federales hicieron lo que hacen todos los días para mantener seguro a Estados Unidos: responder con rapidez y vigilancia para investigar, interrumpir y desarticular este presunto plan antes de que pudiera ejecutarse" y enfatizó que se tomarán "medidas inmediatas y enérgicas para identificar y procesar a quienes inciten y planifiquen actos de violencia”.

El FBI y el Servicio Secreto

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel manifestó: “Aunque el resultado representa lo mejor del trabajo investigativo, tampoco fue algo fuera de lo común para este equipo de aplicación de la ley: estamos preparados para detectar, responder y llevar ante la justicia a quienes amenazan la vida de los ciudadanos estadounidenses”. Sin embargo, este caso va más allá del expediente criminal. En muy poco tiempo, Trump ha sido blanco de atentados, intentos de asesinato y amenazas cada vez más graves. También su familia ha estado expuesta a episodios de peligro. Es una secuencia que no puede separarse del clima de demonización política instalado contra él, contra su círculo cercano y, por extensión, contra millones de votantes que han sido tratados durante años no como ciudadanos con una preferencia política legítima, sino como una amenaza moral para el país.

Sean M. Curran, director del Servicio Secreto, explicó: “Proteger al Presidente y los terrenos de la Casa Blanca constituye la prioridad número uno del Servicio Secreto de Estados Unidos. El panorama ha cambiado y, como resultado, hemos observado un aumento dramático de las amenazas contra nuestras personas protegidas. Estamos agradecidos por las extraordinarias alianzas que mantenemos con el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, el fiscal general interino Blanche, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI, la Policía de Parques y la Policía de Washington D. C.”.

La referencia del jefe del Servicio Secreto al cambio del "panorama" no es una frase más. En la práctica, a la par del aumento de la tensión, la seguridad presidencial no se enfrenta únicamente a amenazas tradicionales, sino también a pequeñas células, individuos más o menos dispersos y grupos que, aunque con soporte o impulso externo, pueden coordinarse a distancia, ensayar una identidad paramilitar en internet y convertir símbolos nacionales en blancos posibles. La Casa Blanca, no lo olvidemos, más que un edificio, funciona en dicho panorama como emblema de una república sometida a tensiones cada vez más visibles.

De acuerdo con los cargos, los detenidos conspiraron para planificar y ejecutar un ataque con víctimas masivas. Son ellos: Tycen C. Proper (19 años, Danville, Ohio), Bryan Omar Roa (24 años, Calimesa, California), Michael Alan Thomas (32 años, Pinon Hills, California), Daniel K. Eskridge (32 años, Kidder, Missouri) y Abraham Hermosillo Álvarez (31 años, Omaha, Nebraska).

Los conspiradores planeaban utilizar drones armados con explosivos dentro y alrededor del evento UFC Freedom 250, con el propósito de forzar una evacuación, para luego usar francotiradores que dispararían contra “objetivos de alto valor” entre la multitud en fuga. El dato es cardinal y terrible para la democracia y la seguridad nacional. La acusación no describe una amenaza improvisada ni una simple expresión de furia política en internet, sino un andamiaje operativo de ataque con tecnología civil adaptada al daño, comunicaciones cifradas, distribución de funciones, selección de objetivos y una lógica de emboscada contra una multitud obligada a evacuar.

Los cinco arrestados

La cifra oficial presenta, hasta ahora, 5 detenidos formalmente acusados, un dato recogido por medios como CBS News, AP, Reuters, Axios y otros. Sin embargo, otros reportes han sugerido que el número de personas vinculadas o bajo investigación podría ser mayor. CBS Mornings aludió a más de 20, mientras Reuters, The Guardian y New York Post han señalado, citando documentos judiciales o notas periodísticas, que al menos 23 personas podrían estar involucradas. La diferencia es importante: una cosa son los imputados ante la justicia federal y otra, mucho más amplia y todavía en desarrollo, el posible círculo de contactos, participantes, simpatizantes o células conectadas que aún no aparece en la primera divulgación oficial del expediente.

El informe deja abiertas interrogantes que el lenguaje técnico del expediente no alcanza a cerrar. ¿Quiénes incubaron políticamente a estos individuos? ¿Hubo financiamiento, asesoría o estímulo de alguna red mayor, vinculada a partidos, funcionarios públicos, empresas o grupos de poder, que todavía no ha sido revelada por las autoridades? ¿Estamos ante 5 jóvenes que operaron como sujetos aislados, o ante la cara hasta ahora visible de células interconectadas por plataformas cifradas, odio político y fantasías de guerra contra el orden constitucional? ¿Qué otros eventos, funcionarios, símbolos nacionales o personas específicas pudieron haber sido considerados antes de que el FBI interviniera? ¿A qué nuevos peligros están expuestos los funcionarios públicos y los ciudadanos en este panorama?

Este caso rebasa cualquier crónica policial y se instala en el centro de una amenaza mayor: el extremismo que se organiza en silencio, fuera de las estructuras tradicionales, con capacidad real de convertirse en violencia devastadora. Para entender la dimensión de ese peligro, no basta con mirar el plan en abstracto. Hay que observar quiénes son los acusados, investigar y comparar sus perfiles, analizar cómo habrían operado, qué papel les atribuyen las autoridades y qué datos, hasta el momento, han sido publicados por el Departamento de Justicia.

Tycen Proper

Según las denuncias penales presentadas en el Distrito Sur de Ohio, el Distrito Oeste de Missouri, el Distrito de Nebraska y el Distrito Central de California, los investigadores entrevistaron a Proper en un centro médico el 11 de junio. Durante la entrevista, Proper declaró que había planificado junto con otras personas un ataque coordinado contra el gobierno durante el evento de UFC en la Casa Blanca.

Proper afirmó que los integrantes del grupo que deseaban participar en el ataque comenzaron a comunicarse entre sí alrededor del mes de marzo. Los más comprometidos, incluido Proper, trasladaron sus comunicaciones a una aplicación de mensajería cifrada. El plan consistía en hacer volar pequeños drones cargados con explosivos para detonarlos sobre el lado norte de la arena de UFC, obligando así a los objetivos de alto valor a evacuar el recinto. Luego el grupo actuaría como francotirador y dispararía contra esas personas. Antes de ejecutar el plan, Proper y otros conspiradores habrían previsto reunirse en Fredericksburg, Virginia. Proper habría acumulado armas de fuego, miles de cartuchos de munición y equipo táctico en su residencia de Ohio. Además, habría identificado posibles objetivos, incluidos varios miembros del Congreso.

Bryan Roa

Según la denuncia presentada en el Distrito Central de California, las fuerzas del orden ejecutaron una orden de registro en la residencia y el vehículo de Roa, donde incautaron un rifle, una pistola, un cinturón táctico, municiones, un cargador de rifle, una radio bidireccional y un puntero láser infrarrojo.

Una revisión del teléfono de Roa permitió encontrar mensajes en un grupo integrado por Thomas, Proper y otras personas, en los que se discutía un ataque contra el evento de UFC. Algunos usuarios habrían discutido el uso de drones equipados con explosivos para iniciar el ataque, seguido por la acción de francotiradores ubicados en azoteas para matar personas. Las autoridades también hallaron videos de Instagram publicados por Roa en los que aparecía disparando armas de fuego.

Michael Thomas

Según la denuncia presentada en el Distrito Central de California, Thomas participó en un chat grupal en el que se planificaba un ataque contra el evento en la Casa Blanca. El 7 de junio, Thomas escribió: “1,300 dólares nos consiguen los drones y las cargas. Sí, todos deberíamos aportar y lo necesitamos lo antes posible”.

Thomas, en otro chat y bajo un seudónimo, habría descrito distintos “niveles” de operadores dentro de su grupo antigubernamental. El nivel 1 correspondería a los operadores en el terreno. El nivel 2, a conductores y operadores de drones. El nivel 3, a proveedores logísticos. Y el nivel 4, a influenciadores en redes sociales: “El estatus de nivel uno no es algo que deba tomarse a la ligera. […] Nos aseguraremos de que tengan […] todo el apoyo de nivel 2 que podamos proporcionar. Intentaremos sacarlos de la cárcel si es necesario”.

En esos mismos chats, Thomas discutió la posibilidad de reunirse personalmente con Roa en el sur de California para realizar “entrenamiento de tiradores” y sostuvo que el grupo necesitaba prepararse para una “guerra de guerrillas”. En una orden de registro ejecutada el 13 de junio, agentes del FBI incautaron en la residencia de Thomas un rifle, cargadores extendidos de 30 cartuchos para el rifle, 180 cartuchos de munición y una pistola.

Daniel Eskridge

Eskridge fue acusado de conspiración para cometer asesinato en los terrenos de la Casa Blanca. Según una declaración jurada presentada en el Distrito Oeste de Missouri, el FBI identificó a Eskridge mientras revisaba comunicaciones electrónicas en el teléfono celular de Proper.

Los coconspiradores mantenían conversaciones electrónicas en plataformas cifradas de redes sociales. En esos chats, los miembros del grupo discutieron el asesinato de varios senadores, representantes y destacados ejecutivos empresariales estadounidenses. Algunos legisladores fueron señalados como objetivos debido a la creencia del grupo de que dichos legisladores habían aceptado dinero de lobbies proisraelíes.

Al discutir posibles objetivos, Eskridge indicó que el blanco debía ser “importante y alguien que la mayoría del país conozca”. En las discusiones también se identificaron redes eléctricas como posibles objetivos. El 22 de mayo, Eskridge distribuyó una fotografía de equipo táctico, que incluía un rifle, un casco y un chaleco balístico.

También según la declaración jurada, en un grupo de chat separado se produjo una conversación a comienzos de junio en la que Eskridge y algunos de los otros integrantes discutieron su plan para atacar el evento UFC Freedom 250. Específicamente, Thomas escribió: “Pensilvania [sic] Avenue”. Eskridge dijo que el grupo debía reunir 1,300 dólares en efectivo y que necesitaban “5 equipos de 3 integrantes, cada equipo compuesto por 1 francotirador, 1 operador de nivel uno como apoyo/vigilante, y 1 operador de drones”.

Eskridge afirmó que el dinero les permitiría financiar la compra de “drones y cargas”, y alentó al grupo a que todos “aportaran”. El 13 de junio, funcionarios policiales ejecutaron una orden federal de registro en la residencia de Eskridge. Los agentes recuperaron rifles, una escopeta, una pistola y otro equipo táctico.

Abraham Álvarez

Según los cargos presentados en Nebraska, el FBI identificó a Álvarez como la persona que utilizaba el nombre “Shepherd” en una aplicación de chat cifrada empleada para planificar un ataque contra el evento UFC Freedom 250, programado para celebrarse en la Casa Blanca el 14 de junio. El FBI evaluó que Álvarez, también conocido como “Shepherd”, era responsable de planificar, organizar y dirigir el ataque previsto. Esa conclusión se basó en extractos de conversaciones de junio en las que Shepherd escribió: “Esta es la mejor acción que veo. Coloquen sus equipos en los puntos morados —contra francotiradores y drones—. Largo alcance —área circulada—. Buen disparo. Salida fácil hacia el río”.

Shepherd también habría publicado otros mensajes, incluida una respuesta a otro integrante sobre la fabricación de drones con explosivos: “Tantos y tan mortales como podamos conseguir”. Asimismo, habría indicado que estaba trabajando en drones, que ya tenía uno y que estaba trabajando en más.

La denuncia sostiene además que Shepherd proporcionó una imagen e instrucciones para una zona segura en una antigua iglesia de Nebraska. Indicó a los demás miembros que tomaran caminos secundarios o el río hacia el “lugar de recogida”. Más tarde esa misma noche, Shepherd también suministró ubicaciones en el área para puntos de lanzamiento de drones y posiciones de francotiradores.

En caso de ser condenados por conspiración para cometer asesinato, cada acusado enfrenta una pena máxima de cadena perpetua y una multa de 250,000 dólares. El delito de conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la Casa Blanca conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. En su informe, el Departamento de Justicia recuerda que una denuncia penal contiene únicamente alegaciones y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.

Más allá de la noticia

La lectura de este informe resulta estremecedora. Un evento público en los terrenos de la Casa Blanca era el objetivo. No estamos únicamente ante una señal de alerta policial, sino ante una advertencia sociopolítica de mayor calado. Este nivel de planificación violenta no nace en el vacío: se edifica sobre un lenguaje que la justifica, sobre tribunas que la relativizan y sobre silencios cómplices que se niegan a condenarla con la misma energía con que alimentan la furia sectaria.

El informe federal describe un plan de alta peligrosidad: coordinación interestatal, armas, equipos tácticos, comunicaciones cifradas, drones explosivos, francotiradores y objetivos políticos. El FBI, el Servicio Secreto y otras agencias frustraron el ataque, pero lo más grave no está solo en lo que se evitó, sino en lo que este caso revela con mayor crudeza: la existencia de una violencia que ya no se conforma con insultar, agitar o incendiar el debate público, sino que se organiza con métodos, tecnologías, mapas, jerarquías y una explícita voluntad de sangre.

No hace falta validar científicamente el llamado “síndrome Trump” para reconocer una realidad latente: una parte del debate público ha dejado de discutir a Trump, su administración y los republicanos como adversarios políticos, y ha pasado a procesarlos —sobre todo al presidente— como una anomalía intolerable, como una presencia que debe ser expulsada del sistema a cualquier costo simbólico, judicial, mediático o físico. Aunque la expresión sea polémica, en ocasiones se utilice como arma retórica y proceda de aquella vieja fórmula del “Bush Derangement Syndrome”, acuñada por Charles Krauthammer en 2003, el fenómeno existe. Es innegable: hay una hostilidad, sistemáticamente amplificada por sectores influyentes de los medios, que ya no distingue con claridad entre crítica legítima, demonización permanente y peligrosa legitimación de la violencia.

Se puede criticar a Trump, cuestionar sus formas, rechazar su estilo, discutir sus decisiones y combatirlo en las urnas, en los tribunales y en la prensa. Eso forma parte de la democracia. Lo inadmisible es la coartada inmoral de quienes, ante cada atentado, complot o amenaza, insinúan que la violencia contra Trump es consecuencia de sus propias palabras, como si la aspereza de un discurso pudiera absolver a quienes acumulan armas, diseñan rutas de ataque, coordinan drones explosivos o planean disparar contra una multitud. Esa inversión moral es peligrosa: convierte a las víctimas en culpables de la violencia que otros pretenden ejercer contra ellas. Ningún político democráticamente elegido, por incómodo o confrontacional que resulte, pierde por eso su derecho a vivir, gobernar y ser protegido por las instituciones.

La magnitud de las amenazas

Este nuevo complot coloca en primer plano, otra vez, la magnitud de las amenazas contra altos funcionarios, eventos multitudinarios y espacios simbólicos de la nación. La democracia no solo se defiende en las urnas y los tribunales. También se defiende desmontando, sin cobardía ni doble rasero, la maquinaria verbal, mediática e ideológica que prepara el terreno para la violencia y que luego, con vergonzosa demagogia, pretende condenarla sin condenarse a sí misma.

¿Qué más hace falta para admitir que la demonización cotidiana de una figura pública puede producir consecuencias reales en sujetos y grupos radicalizados? ¿Qué peso tienen los congresistas, comentaristas, activistas y medios que durante años han presentado a Trump no como un adversario político, sino como la peor amenaza para el país y para el mundo, hasta el punto de que su destrucción —e incluso la de sus seguidores— termina presentándose como una urgente higiene sociopolítica? ¿Quiénes cargan con la responsabilidad moral y estratégica de haber contribuido a la formación de este “panorama” del que habla Curran, director del Servicio Secreto?

Después de varios atentados, complots y amenazas en tan poco tiempo, la explicación de los individuos aislados, supuestamente extraviados, se vuelve insuficiente. Una operación con este nivel de preparación, insistencia y coordinación obliga a mirar más allá de los acusados formales. Debemos indagar en los distintos poderes que pudieron alimentarla, protegerla o esperar beneficiarse de sus consecuencias. Y sería un grave error no enfrentar el clima político, mediático y cultural que, con demasiada impunidad, viene preparando el terreno para este tipo de violencia.

 NULL

    

FUENTE: Con información de diversas fuentes.