Florida emite orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

El anuncio tuvo lugar durante una rueda de prensa en la sala C.A.M.P. 4 Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU), recinto que lleva las iniciales de los cuatro integrantes de la organización humanitaria Hermanos al Rescate cuyas avionetas fueron derribadas por cazas militares cubanos el 24 de febrero de 1996.

La orden judicial fue firmada por la jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida en Miami-Dade, Ariana Fajardo Orshan, tras hallar causa probable en la investigación que Uthmeier ordenó reabrir en marzo a través del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) y la Oficina de la Fiscalía Estatal.

En la comparecencia en FIU, el fiscal general estuvo acompañado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, la presidenta de esa casa de estudios, Jeanette Nuñez, y familiares de las víctimas.

El expediente fundamenta la jurisdicción penal del estado en las operaciones encubiertas que dos agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate ejecutaron en Miami y en la Estación Aérea Naval de Cayo Hueso entre 1995 y febrero de 1996.

Según la declaración jurada, los espías vigilaron instalaciones militares en suelo floridano, transmitieron información sobre las rutas de vuelo a La Habana y recibieron órdenes directas de no volar con la organización entre el 24 y el 27 de febrero de 1996; de hecho, uno de los agentes infiltrados abandonó Florida y regresó a Cuba el 23 de febrero, apenas 24 horas antes del ataque.

El proceso busca responsabilizar penalmente a Castro —quien en 1996 dirigía el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)— por la orden que culminó cuando cazas MiG-29 abatieron con misiles aire-aire dos avionetas civiles Cessna 337 desarmadas sobre aguas internacionales del estrecho de Florida, causando la muerte a los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y Mario de la Peña, así como al residente legal Pablo Morales.

Como prueba central de la cadena de mando, la orden incorpora la grabación de audio de junio de 1996 en la que el propio Castro reconoce haber autorizado el derribo sin consulta previa: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».

Con esta medida, Florida abre una vía judicial independiente que faculta a las autoridades estatales a exigir la extradición plena de Castro si es detenido en cualquier otra jurisdicción fuera del estado.

La causa estatal se suma a la acusación federal presentada el 20 de mayo de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Castro y otros cinco exmilitares cubanos, expediente en el que el exmandatario permanece declarado fugitivo y cuyo único coacusado bajo custodia estadounidense en Miami es el exteniente coronel piloto Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

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