MIAMI. – La llegada a Miami del exteniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana Luis Raúl González-Pardo abre una nueva etapa judicial en una investigación que durante años careció de procesados bajo jurisdicción estadounidense. Sin embargo, para la parte acusadora, el principal desafío no será determinar quién disparó contra las aeronaves de Hermanos al Rescate, sino establecer la participación de los involucrados en la presunta conspiración que desembocó en el ataque.
Así lo explicó Nelson A. Rodríguez-Varela, abogado cubanoamericano, radicado en Miami con experiencia en defensa criminal y litigios ante tribunales estatales y federales, quien analizó para DIARIO LAS AMÉRICAS las implicaciones jurídicas que enfrenta González-Pardo tras ser trasladado al sur de Florida.
“La Fiscalía no tiene necesariamente que probar que él disparó. Lo que debe demostrar es que participó en la conspiración y que realizó alguna acción encaminada a llevarla a cabo”, afirmó Rodríguez-Varela.
A juicio del jurista, el gobierno podría intentar acreditar que el exmilitar intervino en acciones relacionadas con la intercepción de las aeronaves o contribuyó de alguna manera a la ejecución de la operación, aun cuando no hubiera participado directamente en el derribo.
González-Pardo fue trasladado recientemente a Miami para responder a cargos federales de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, relacionados con los sucesos del 24 de febrero de 1996, cuando fueron derribadas por aviones de guerra de la fuerza aérea cubana, en aguas internacionales, dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate y murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
El letrado precisó que el expiloto contará con las mismas garantías constitucionales reconocidas a cualquier persona procesada en el país, independientemente de su situación migratoria.
“Tendrá derecho a representación legal, a revisar las pruebas que presente el gobierno y a cuestionar aspectos del procedimiento o de la jurisdicción, si así lo considera su defensa”, comentó.
Rodríguez-Varela añadió que, tras la comparecencia inicial, comenzará una fase en la que ambas partes analizarán la evidencia disponible y presentarán las mociones que estimen pertinentes antes de que el tribunal establezca una fecha para el juicio.
Aunque estimó que una causa de esta magnitud suele encaminarse hacia juicio, señaló que también existen otras alternativas dentro del sistema judicial federal.
“Siempre puede existir un acuerdo de culpabilidad o algún mecanismo de cooperación con el gobierno, pero es demasiado temprano para anticipar si algo así ocurrirá en este caso”, indicó.
Rodríguez-Varela también consideró que la presencia de González-Pardo en Estados Unidos podría facilitar a los investigadores la obtención de información adicional sobre otras personas señaladas que permanecen fuera de la jurisdicción del país.
No obstante, recalcó que el objetivo inmediato de la parte acusadora será sustentar con evidencia los cargos formulados contra el exmilitar cubano, mientras continúan los esfuerzos para que otras personas señaladas en la investigación, entre ellas el general de ejército cubano Raúl Castro Ruz, encausado por fiscales federales del Departamento de Justicia, puedan responder algún día ante la justicia estadounidense.
