Nuevos aranceles de Washington reafirman política económica de Trump

El 20 de febrero, la Máxima Instancia judicial en el país consideró que el Ejecutivo no podía utilizar una ley de emergencia económica para ese tipo de gravámenes.

La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 "no autoriza al Presidente a imponer aranceles generales" sin una situación de crisis.

Algunos aliados mostraron entusiasmo por el dictamen, porque creyeron que podría ser el final para la imposición de gravámenes extraordinarios a socios comerciales; otros revelaron su asombro por la sentencia sobre una política económica justa (recíproca) para EEUU, que puso en un limbo el dinero recaudado por los impuestos aduaneros, en medio de una transformación histórica del comercio mundial y la economía norteamericana.

El mandatario emprendió la ruptura del camino abrupto, burocrático y tradicional durante décadas en la economía, basado en el consumo, para impulsar otra vez el desarrollo de la industria estadounidense, sus producciones nacionales y exportaciones, como parte de su nueva geoestrategia y geopolítica dentro y fuera de EEUU.

Reducir la dependencia

El objetivo central: disminuir al máximo la dependencia de China y de fabricantes externos, una crisis que explotó durante la pandemia de COVID-19 y expuso los graves riesgos que avizoraron economistas por el sometimiento de la economía a un alto por ciento de factores externos, en particular en las últimas tres décadas.

La decisión del Supremo excluyó los aranceles al acero, el aluminio, el níquel, los aplicados a la importación de semiconductores (chips) y los de la industria automotriz, considerados por el Alto Tribunal como estratégicos para la seguridad nacional de EEUU.

El fallo desató una ola de demandas ante la Corte de Comercio Internacional por empresas que solicitaron el reembolso de los derechos de importación abonados en las aduanas.

Entre las grandes compañías que pidieron reembolsos se encuentran FedEx, la empresa cosmética Revlon, el productor de óptica EssilorLuxottica y el minorista Costco.

Se calcula que hay más de 2.000 demandas arancelarias cursadas. De acuerdo con informes, el gobierno estadounidense tendría que devolver más de 100.000 millones de los llamados “impuestos recíprocos”.

Hasta aquí, la situación se visualizaba como una derrota para la actual administración; sin embargo, la Casa Blanca tuvo una respuesta inmediata.

"Ahora se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que la Corte rechazó de forma equivocada", expresó el jefe de la Casa Blanca en una conferencia de prensa. Sin dar detalles, manifestó que estas opciones también aportarán mucho dinero.

En respuesta, Trump aseveró: "Puedo usar Licencias para hacer cosas muy provechosas en favor de EEUU, especialmente con aquellos que nos han ESTAFADO durante décadas".

Poder ejecutivo

El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, uno de los tres que refutaron la sentencia, expuso: "Ni el texto estatuario ni la Constitución fundamentan un fallo de este tipo contra el Presidente”.

"El Congreso autorizó al Presidente a regular la importación. Durante la historia del país se ha entendido que la autoridad para [regular la importación] incluye la autoridad por parte del Presidente para imponer aranceles a las importaciones”.

"El significado de esta frase está fuera de toda duda posible cuando el Congreso promulgó esta ley, poco después de los muy publicitados aranceles a las importaciones del presidente Nixon fueran confirmados en base a un lenguaje idéntico”, señaló el alto magistrado.

Y continuó: "Por lo tanto, la ley en la que se basó el Presidente lo autorizó a imponer los aranceles. Dado que la Constitución asigna al Congreso muchas facultades que no implican la doctrina de no delegación, el Congreso puede delegar el ejercicio de muchas facultades al Presidente. Y el Congreso lo ha hecho repetidamente desde su fundación, [con la bendición de esta Corte]”, concluyó Thomas.

Trump volvió a la carga.

Estados Unidos aplica desde el viernes 24 de julio aranceles entre el 10% y el 12,5% a más de 60 países, en sustitución de un gravamen global por 150 días del 10%, que expiraba y que fue implementado por el presidente Trump tras la negativa de la Corte Suprema acerca de los “aranceles recíprocos”.

Los gravámenes de ahora llegan tras investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Algunos países enfrentarán aranceles específicos de hasta el 12,5%.

Brasil y Canadá

"Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses", explicó un comunicado oficial.

"El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las más de 60 economías investigadas relacionados sobre la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables".

Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios.

Brasil es uno de los países que deberá abonar aranceles de hasta el 25% en algunos productos, a causa de estas investigaciones.

Por su parte a Canadá se le fijó el 50% a muchas de sus exportaciones, debido al "trato discriminatorio" en automóviles, etanol y lácteos.

Según la Casa Blanca, los aranceles cubren una amplia variedad de productos, entre ellos vino y cemento.

"Canadá ha retirado los productos alcohólicos estadounidenses de las estanterías en ese país (...) e impuso un tope a las exportaciones de vehículos estadounidenses a Canadá provenientes de empresas que decidieron regresar su producción a Estados Unidos", dijo en un comunicado Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

América Primero

Trump recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias.

Al mismo tiempo, el USTR reconoce en su informe que "el presidente Trump utiliza tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales".

Contrario al caos que vaticinaron algunos analistas, los aranceles no dispararon en ningún momento la inflación y de no ser por los altos precios del barril de petróleo a causa de la ofensiva de EEUU e Israel contra el régimen de Irán, los niveles inflacionarios se hubieran mantenido muy cercanos al 2%, la meta trazada por la Reserva Federal de Jerome Powell después de la histórica crisis de precios generada por la políticas fallidas de Joe Biden, o quienes dirigieron realmente la Casa Blanca entre enero de 2021-2025.

De acuerdo con expertos financieros, se estima que la nueva batería de aranceles impuesta por el gobierno del presidente Trump a más de 60 países que comercian con EEUU recaude más de 115.000 millones de dólares por año. Sin embargo, asesores económicos de la Casa Blanca opinan que el dato puede ser mucho mayor en beneficios y superar los 200.000 millones de dólares.

lmorales@diariolasamericas.com

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Reuters, The Wall Street Journal, The White House.gov.