Propuesta de oficina para reseñar delitos de indocumentados en EEUU causa polémica

Eso complementaría su orden ejecutiva del pasado 25 de enero, en la que no sólo busca castigar las llamadas “ciudades santuario”, sino crear una lista pública semanal de acciones criminales llevadas a cabo por los “ilegales”.

De acuerdo con la información del censo, entre 1980 y 2010 los no nacidos ni nacionalizados en Estados Unidos conformaban el 7% de la población total de ese país. Y apenas el 5% de ellos estaba en sus cárceles.

Según las economistas Kristin F. Butcher y Anne Morrison Piehl –citadas por The Atlantic– “los inmigrantes tienen una tasa mucho más baja de encarcelamiento que los nacidos en Estados Unidos”.

Sin embargo, de acuerdo con cifras del Pew Hispanic Research, en 2012 el 68% de los inmigrantes sin documentos fueron sentenciados por “entrar de manera legal a Estados Unidos; el 19% fueron procesados por delitos relacionados con las drogas y el 7% por otros delitos migratorios”.

Por lo tanto, el mayor porcentaje de inmigrantes indocumentados son procesados por el delito de ingresar o reingresar a Estados Unidos de manera ilegal, no por hechos criminales.

En conversación para DIARIO LAS AMÉRICAS, Marili Cancio, abogada republicana del sur de la Florida y miembro de la junta directiva del condado Miami-Dade, no consideró negativo establecer una oficina de crímenes cometidos por indocumentados contra “ciudadanos americanos” –como lo estableció Trump en su discurso– y le pareció positivo que el presidente respaldara a las familias víctimas de graves delitos llevados a cabo por personas sin estatus migratorio.

Cancio aclaró que “es una completa falsedad cuando dicen que Trump es racista”.

De acuerdo con los activistas pro-inmigrantes esa propuesta del presidente Trump no ve la otra cara de la moneda, y pinta un panorama como si la gran mayoría de indocumentados cometieran delitos graves.

Como lo afirmó María Rodríguez, presidenta de la Coalición pro inmigrante de la Florida, en conversación para DLA, “es desgarrador ver, de manera cotidiana, las llamadas de la gente deportada, ninguna delincuente. Es una mentira rotunda de que sólo deportan criminales. Están dejando huérfanos y viudas. Y eso trae un costo financiero”.

¿Qué tanto oxígeno político y legal podrá tener la publicación de una lista de esas características?

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