Enmienda 3: el alivio fiscal que Miami-Dade necesita

Levine Cava instó públicamente a votar en contra de la enmienda bajo el argumento de que su aprobación pondría en peligro la seguridad pública, los salarios los agentes policiales y de los servicios de emergencia, las bibliotecas, el transporte y el desarrollo de la infraestructura condal. Sus advertencias parten de una realidad: el gobierno de Miami-Dade recibiría menos ingresos. Sin embargo, significan que los recortes deban afectar necesariamente los servicios esenciales ni que el actual tamaño del aparato administrativo sea intocable.

Con ese planteamiento, la alcaldesa cambia el centro de la discusión. El asunto fundamental no es cuáles servicios deberían recortarse, sino si la Enmienda 3 constituye un alivio justo para los sufridos bolsillos de los propietarios que sostienen aparatos burocráticos cada vez más grandes, costosos e ineficientes.

Votar en contra de la medida, como propone la alcaldesa, permitiría a los gobiernos locales conservar sus ingresos, sus actuales formas de administrar los recursos y los tamaños mastodónticos de los gobiernos. Sin embargo, la desaprobación no garantizaría mayor eficiencia, mejores servicios, menos despilfarro ni una reducción de las plantillas infladas ni las costosas duplicidades existentes en las administraciones.

Por el contrario, votar a favor de la Enmienda 3 reduciría los ingresos disponibles y crearía un incentivo para que las administraciones revisen sus prioridades, eliminen gastos innecesarios, disminuyan la burocracia y concentren los recursos en los servicios esenciales.

Además de representar el necesario alivio para los propietarios frente a una carga tributaria que ha aumentado, año tras año, junto con el valor de tasación de las viviendas.

Los gobiernos locales deberían interpretar la aprobación de la enmienda como un estímulo para reformarse, no como una autorización para deteriorar deliberadamente los servicios que reciben los ciudadanos. La reducción de los impuestos a la propiedad impulsado por la reforma constitucional no busca paralizar al gobierno, sino obligarlo a administrar mejor.

La respuesta responsable no sería recortar policías, bomberos, emergencias, agua, alcantarillado e infraestructura. Antes deberían revisarse los puestos administrativos innecesarios, las capas burocráticas, las funciones duplicadas entre departamentos, los contratos costosos o poco transparentes, las consultorías, la publicidad, los gastos discrecionales, los programas alejados de los servicios esenciales, las horas extras injustificadas y los proyectos con sobrecostos.

Excusas falsas

Nadie duda que entre los principales problemas que enfrentan los residentes de Florida están la carestía de la vida, los elevados precios de las viviendas y los alquileres, el costo de los seguros, los bajos salarios y la falta de un transporte público eficiente.

Frente a esa realidad, resulta falaz afirmar que la Enmienda 3 no proporcionaría un verdadero alivio fiscal. El gobernador Ron DeSantis, impulsor de la medida, fue previsor al promover una página web en la que cada propietario puede introducir la dirección de su vivienda principal y calcular cuánto podría ahorrar anualmente en sus impuestos a la propiedad. [https://www.saveourhomesfl.com/spending].

Aunque no todos los propietarios de vivienda recibirán el mismo alivio, en mi caso particular, el ahorro estimado asciende a unos 4.200 dólares al año. Esa es una cantidad concreta, son 4.200 dólares que dejaría de pagar en impuestos a la propiedad y permanecerían en mi bolsillo. Equivale aproximadamente a un mes de salario de una familia promedio. No se trata, por tanto, de un alivio ficticio ni simbólico.

Levine Cava también ha sostenido que la aprobación de la enmienda provocaría un aumento de los alquileres. No está claro cuál sería el nexo directo entre pagar menos impuestos y elevar las rentas.

Los precios del alquiler dependen de múltiples factores como la oferta y la demanda, la ubicación de la propiedad, los seguros, los gastos de mantenimiento, la inflación, las restricciones legales y, finalmente, la voluntad del propietario. El gobierno local no puede controlar todos esos elementos.

Sin embargo, los impuestos sí influyen en el precio de los alquileres. Cuando una propiedad paga más impuestos, lo normal es que el propietario intente trasladar ese costo al inquilino. Actualmente, el valor tasado de las segundas viviendas y propiedades de alquiler puede aumentar hasta un 10% anual. Si una propiedad tiene una base imponible de 1.000 dólares, al año siguiente podría elevarse hasta 1.100 dólares.

La Enmienda 3 reduciría ese límite anual del 10% al 5%. Siguiendo el mismo ejemplo, el incremento máximo sería hasta 1.050 dólares. Lejos de estimular una subida del alquiler, esa limitación actuaría como atenuante de uno de los costos asumidos por el propietario.

Esto no significa que las rentas vayan a disminuir automáticamente. Significa que la aprobación de la enmienda no justifica, por sí sola, la afirmación de que aumentarán los alquileres. Además, si el dueño de una propiedad de alquiler también posee una vivienda principal, se beneficiaría del alivio fiscal sobre su residencia y tendría menos presión económica para aumentar la renta.

El tamaño del gobierno

La alcaldesa sí tiene razón en algo, al decir que, si se aprueba la Enmienda 3, el gobierno local recibirá menos dinero. Según el tasador de propiedades de Miami-Dade, Tomás Regalado, a partir de 2028 el Condado podría dejar de recibir unos 400 millones de dólares.

Estamos hablando, sin embargo, de un presupuesto propuesto de aproximadamente 14.200 millones de dólares. Después de esa reducción, el gobierno condal todavía manejaría alrededor de 13.800 millones. La cifra obliga a tomar decisiones, pero no equivale al desmantelamiento del gobierno ni justifica anunciar anticipadamente el deterioro de los servicios esenciales.

Imaginemos que, como consecuencia de la enmienda, cada propiedad tuviera que pagar mensualmente una tarifa de 10 dólares para la recogida de basura, 10 para la Policía, 10 para las bibliotecas y 10 para el transporte público. Serían 480 dólares al año. Incluso redondeando la cifra a 500 dólares, en mi caso todavía conservaría aproximadamente 3.700 de los 4.200 dólares ahorrados. Lo firmaría ahora mismo.

La realidad se impone

La discusión fiscal ocurre mientras Miami-Dade pierde residentes debido a la carestía de la vida. Según datos del Censo, entre julio de 2024 y julio de 2025, unas 72.000 personas abandonaron el Condado para trasladarse a otros lugares del país. Por primera vez en años, la migración internacional no fue suficiente para compensar las pérdidas internas y la población disminuyó en aproximadamente 10.000 habitantes.

Ese dato debería preocupar a la alcaldesa. La gente no abandona Miami-Dade porque existan demasiados descuentos fiscales, sino porque cada vez resulta más difícil pagar vivienda, seguros, alimentos, transporte e impuestos con salarios que no crecen al mismo ritmo.

Miami-Dade tiene cerca de 2,8 millones de residentes y un presupuesto que supera los 14.000 millones de dólares, sin incluir los presupuestos de los 34 municipios. La inflación afecta tanto a las familias como al gobierno, pero precisamente por ello ambas partes deben adoptar medidas de austeridad.

Una familia que vive permanentemente por encima de sus posibilidades terminará en bancarrota. Un gobierno que considera inagotables los recursos de los contribuyentes acabará enfrentando la misma realidad. Si la administración se concibe como un aparato independiente de los ciudadanos y autorizado a extraer cada vez más recursos, ninguna recaudación será suficiente.

En diez años, el presupuesto operativo del Condado aumentó de 5.900 millones a 9.020 millones de dólares. Al mismo tiempo, el aparato de Miami-Dade pasó de 26 mil a 31 mil empleados públicos para atender a una población de algo menos de tres millones de personas. Es bueno destacar que numerosos servicios también son prestados por las 34 administraciones municipales existentes en el condado.

Ese crecimiento merece una evaluación rigurosa. No es razonable que el aparato público continúe expandiéndose mientras las familias de clase media pierden capacidad para conservar sus viviendas.

El daño del clientelismo

El clientelismo surge cuando la relación entre el gobierno y los ciudadanos deja de basarse en derechos, responsabilidades y resultados, y se convierte en un intercambio de favores, empleos, subsidios y beneficios financiados con dinero público a cambio de apoyo político.

Desde esa perspectiva, el llamado de Levine Cava a votar en contra de la Enmienda 3 puede interpretarse como una apelación a una base vinculada directa o indirectamente al gasto público. Un llamado a movilizar a los empleados del Condado, contratistas, beneficiarios de programas y organizaciones subvencionadas. Todos tienen un interés comprensible en preservar sus ingresos, pero pasan por alto que esos recursos salen de las espaldas de contribuyentes afectados por la inflación, los seguros y los impuestos, muchos de los cuales se ven obligados a abandonar el territorio condal.

La voracidad tributaria destinada a sostener un enorme aparato estatal solo puede entenderse como una forma de fortalecer ese clientelismo, que se traduce en votos y apoyo político. De nada sirve construir una sociedad con impuestos elevados y una extensa plantilla pública mientras los propietarios de clase media son tratados como simples proveedores de recursos y viven bajo el riesgo constante de perder sus viviendas.

Tampoco tiene sentido empobrecer primero al ciudadano y ofrecerle después programas públicos para aliviar la pobreza creada por los propios impuestos. El gobierno no puede romperle las piernas al contribuyente y luego entregarle unas muletas para que camine y dependa de él.

Es preferible evitar que las personas pierdan sus propiedades a causa de los altos impuestos y los seguros. El objetivo de una administración prudente debería ser aligerar el gobierno, proteger los servicios esenciales y eliminar las gratuidades generalizadas que no estén justificadas.

Podemos entrar gratis a parques, bibliotecas y teatros subvencionados; contar con transportes gratuitos que con frecuencia no nos llevan adonde necesitamos; sufrir una recogida de basura irregular y convivir con alumbrado públicos defectuosos, mientras algunas familias pagan 10.000 dólares anuales —más de 800 mensuales— en impuestos a la propiedad. ¿Es lógico?

Si se preguntara a una familia si prefiere conservar su casa o entrar gratis a un parque, la respuesta probablemente sería obvia. Podrían cobrarse tarifas razonables por determinados servicios cuando se utilicen, algunos comisionados condales abogan por establecer precios diferenciados para turistas y residentes y mantener exenciones para quienes realmente las necesiten.

Indiscutiblemente, la solución justa pasa por reducir el tamaño del gobierno y conservar los servicios que una administración eficiente pueda sostener. Los miles de dólares que los contribuyentes ahorren mediante la Enmienda 3 podrían utilizarse para adelantar pagos de una hipoteca, emprender un negocio, crear empleos, invertir o adquirir los servicios que cada persona considere necesarios.

Tres dólares diarios

Los ingresos de Miami-Dade procedentes del impuesto a la propiedad rondan los 3.200 millones de dólares anuales. Si esa cantidad se divide entre los aproximadamente 2,8 millones de residentes del condado —hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y recién nacidos—, equivale a unos 1.143 dólares al año por habitante, o poco más de tres dólares diarios. Es decir, un hogar compuesto por un matrimonio con dos hijos paga unos 15 dólares al día de impuesto a la propiedad en Miami-Dade.

Esto no significa que cada residente pague directamente esa cantidad, porque no todos son propietarios y la carga tributaria no se distribuye por igual. Sin embargo, la comparación permite dimensionar el volumen de recursos extraídos diariamente de las propiedades del condado. Lamentablemente el costo efectivo soportado por cada propietario es mucho mayor, precisamente porque una parte importante de la población no posee una vivienda.

Los altos impuestos terminan creando ciudadanos empobrecidos y dependientes, mientras fortalecen un aparato público cuyo principal interés es perpetuarse. No se puede perder de vista que la propiedad privada es uno de los pilares fundamentales del capitalismo y de la libertad. Por eso, votar a favor de la Enmienda 3 no significa votar contra la Policía, los bomberos, las bibliotecas o el transporte. Significa exigir que los gobiernos locales se achiquen y protejan esos servicios mientras reforman su estructura, eliminan el despilfarro y respetan el derecho de los propietarios a conservar una mayor parte del fruto de su trabajo.

cmenendez@diariolasamericas.com

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