La alcaldesa advierte que Miami-Dade perdería recursos para seguridad, transporte, parques y bibliotecas. Conozca qué se decidirá en noviembre
Daniella Levina Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
CESAR MENENDEZ DLA
El comisionado de Miami-Dade Oliver G. Gilbert III piesa que la propuesta afectaría a los más vulnerables.
CESAR MENENDEZ DLA
Todos la participantes junto a la alcaldesa Daniella Levine Cava.
CESAR MENENDEZ DLA
MIAMI.- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lanzó este miércoles 2 de septiembre una campaña para pedir a los electores de Florida votar “no” a la Enmienda 3, al advertir que la reducción de los impuestos a la propiedad pondría en riesgo servicios públicos esenciales y podría trasladar parte de los costos a inquilinos y pequeños negocios.
La rueda de prensa tuvo lugar en la plaza de la Biblioteca Principal de Miami-Dade, situada en 101 W Flagler St., en el centro de Miami. Levine Cava estuvo acompañada por funcionarios electos de Miami-Dade y Broward, así como por representantes de organizaciones laborales, empresariales y comunitarias.
“Estamos unidos por el futuro de nuestra comunidad”, afirmó la alcaldesa, quien reconoció que el costo de la vivienda, los seguros y los alimentos está asfixiando a muchas familias, pero sostuvo que la Enmienda 3 no constituye la solución adecuada.
“Está siendo presentada como un simple recorte de impuestos, pero no elimina el costo de prestar los servicios de los que dependen nuestras comunidades. Simplemente cambia quién paga por ellos”, señaló.
Levine Cava aclaró que no se opone a proporcionar alivio fiscal a los propietarios. Su objeción se concentra en la amplitud de la propuesta y en que esta no establece una fuente permanente de ingresos para reemplazar los recursos que perderían los condados y municipios.
La enmienda aumentaría la exención de vivienda principal, conocida como homestead exemption, para los impuestos no destinados a las escuelas. Pasaría de los actuales 50.000 dólares a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 dólares en 2028.
La alcaldesa argumentó que los impuestos a la propiedad financian buena parte de los servicios cotidianos que presta Miami-Dade. La demanda de esos servicios, dijo, no disminuirá cuando baje la recaudación.
“Las propiedades con exención de vivienda principal pagarían menos, pero el costo de proporcionar los servicios esenciales no baja con la factura de impuestos”, explicó.
Según Levine Cava, la pérdida representaría aproximadamente el 10% de los ingresos del fondo general del condado durante el primer año y cerca del 20% en el segundo. Una estimación citada durante el debate sitúa en unos 359 millones de dólares la reducción inicial de ingresos para Miami-Dade.
La alcaldesa advirtió que el condado tendría que reducir servicios, eliminar puestos de trabajo, buscar otros ingresos o combinar esas alternativas.
Levine Cava enumeró entre las áreas potencialmente afectadas la Policía, los bomberos, la respuesta del 911, la preparación para huracanes, las carreteras, los puentes, el drenaje pluvial y la protección contra inundaciones.
También mencionó el transporte público, los parques, las bibliotecas, los programas extraescolares, los centros comunitarios, la asistencia alimentaria para personas mayores y las inversiones en vivienda asequible.
“Estos no son lujos. Son servicios básicos y esenciales que protegen nuestras vidas, nuestras familias y nuestros vecindarios”, sostuvo.
La alcaldesa señaló que una emergencia no puede esperar a que el Gobierno encuentre una nueva fuente de financiamiento. Los residentes, recalcó, esperan que la Policía o una ambulancia respondan con rapidez cuando llaman al 911 y que el condado pueda abrir refugios, retirar escombros y recuperar infraestructura después de un huracán.
Además, aseguró que una reducción de personal público tendría repercusiones económicas más amplias porque muchos empleados gubernamentales viven y gastan sus salarios en Miami-Dade.
“Podemos y debemos hacer las cosas mejor”, expresó antes de exhortar. “Protejan a nuestras familias, nuestra seguridad y el futuro del sur de Florida. Voten no a la Enmienda 3”.
El comisionado de Miami-Dade Oliver G. Gilbert III afirmó que la propuesta afectaría especialmente a quienes dependen de servicios subsidiados.
“Si usted es una persona mayor que usa gratuitamente los autobuses, esto le importa. Si va a llamar a la Policía y quiere que llegue en un tiempo razonable, esto le importa. Si tiene un hijo en uno de nuestros programas extraescolares en los parques porque usted tiene que trabajar, esto le importa”, manifestó.
Gilbert sostuvo que Tallahassee debería concentrarse en reducir las primas de los seguros de propiedad, uno de los gastos que más preocupa a propietarios e inquilinos.
“Arreglen los seguros. Hagan algo”, insistió el comisionado, quien cuestionó que la Legislatura optara por reducir los recursos de los gobiernos locales sin solucionar primero el costo de asegurar las viviendas.
Gilbert recordó que Miami-Dade subsidia con fondos públicos 89 centavos de cada dólar que cuesta prestar el servicio de autobuses. Una pérdida de ingresos podría traducirse en menos rutas, mayores tarifas o la eliminación de algunos beneficios.
La alcaldesa saliente de Palmetto Bay, Karyn Cunningham, indicó que aproximadamente el 92% de esa municipalidad es residencial y más del 60% de sus ingresos procede de los impuestos ad valorem.
De ese dinero, explicó, el 51% se utiliza para pagar los servicios policiales.
Cunningham relacionó esa inversión con el hecho de que Palmetto Bay mantiene una de las tasas delictivas más bajas de Miami-Dade. En su opinión, reducir los ingresos obligaría a la ciudad a buscar cómo cerrar la brecha fiscal.
La funcionaria también consideró que el principal problema para numerosas familias no es la exención de vivienda, sino el costo de los seguros contra inundaciones, vientos y otros daños.
Aunque aclaró que hablaba como residente y no presentaba una posición oficial de la villa, pidió a los electores “conocer los números, conocer los hechos y hacer la tarea antes de votar”.
La alcaldesa electa de Pinecrest, Shannon del Prado, afirmó que la municipalidad podría dejar de recibir unos 15 millones de dólares durante los primeros cinco años de vigencia de la enmienda.
“Si tenemos un bache, ¿tendremos que llamar a Tallahassee para que lo repare? Si se cae una señal de pare, ¿Tallahassee tendrá que venir a arreglarla?”, preguntó.
Del Prado sostuvo que Pinecrest se incorporó precisamente para responder con rapidez a las necesidades locales, especialmente en materia de seguridad pública. Una reducción de ingresos, dijo, comprometería esa capacidad.
“No es que las ciudades no tengamos que ser responsables, absolutamente. Pero es intuitivo que, si uno reduce sus ingresos, tendrá que reducir sus gastos”, expresó.
El comisionado de Miami Damian Pardo comparó la propuesta con un préstamo de día de pago debido, según dijo, a sus costos y consecuencias poco visibles.
“Tiene muchas consecuencias imprevistas. Parece un préstamo de día de pago: no se sabe cuál es el interés, cuáles son los costos ni cuáles son los cargos”, afirmó.
Pardo citó como ejemplo la tarifa por recogida de basura de Miami, subsidiada considerablemente por el fondo general de la ciudad. Si disminuyen los ingresos, advirtió, los residentes podrían enfrentar un aumento de varios cientos de dólares en esa tarifa o una reducción en la frecuencia del servicio.
La comisionada del condado Broward Alexandra P. Davis explicó que alrededor de 1.700 millones de dólares ingresan actualmente mediante los impuestos a la propiedad en ese condado.
De acuerdo con Davis, Broward podría perder cerca de 200 millones de dólares durante el primer año y más de 340 millones en el segundo.
La comisionada señaló que esos recursos financian la Oficina del Sheriff de Broward, tribunales, parques, bibliotecas, servicios para animales, programas sociales, obras públicas y la Oficina del Médico Forense.
“Habrá recortes y los medios de vida se verán afectados”, alertó.
Levine Cava sostuvo que la ampliación de la exención beneficiaría directamente a viviendas principales, pero no concedería el mismo descuento a propiedades alquiladas ni locales comerciales. Sin embargo, la propuesta sí reduciría del 10% al 5% el límite anual de aumento del valor tasado de las propiedades sin exención de vivienda principal.
No obstante, si los gobiernos locales deciden compensar la pérdida elevando las tasas impositivas o creando nuevas tarifas, los propietarios de inmuebles de alquiler y los comerciantes podrían enfrentar mayores gastos.
En ese escenario, los arrendadores podrían trasladar los costos adicionales a sus inquilinos mediante aumentos de renta, mientras los pequeños negocios podrían subir los precios, reducir personal o absorber el gasto.
Ese efecto no sería automático, dependería de las decisiones presupuestarias que adopte cada gobierno local después de una eventual aprobación.
Al conversar con la prensa, Levine Cava también defendió mantener la plantilla de trabajadores del condado al señalar que son los empleados públicos quienes hacen posible la prestación de los servicios esenciales. Advirtió que reducir los ingresos obligaría a eliminar puestos o recortar salarios, lo que provocaría la pérdida de personal cualificado y afectaría la capacidad de Miami-Dade para atender a casi tres millones de residentes y a sus visitantes. “Las personas prestan los servicios. Si reducimos el salario de los trabajadores del Gobierno, perderemos trabajadores y no podremos proporcionar esos servicios”, afirmó. Además, recordó que esos empleados viven en una de las zonas más costosas del país y necesitan una remuneración suficiente para permanecer en la comunidad a la que sirven.
La Enmienda 3 aparecerá en la elección general del 3 de noviembre de 2026 y necesitará al menos el 60% de los votos para incorporarse a la Constitución de Florida.
La propuesta elevaría la exención de vivienda principal para impuestos no escolares a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 en 2028, con ajustes posteriores por inflación. Los impuestos destinados a las escuelas no estarían incluidos. Es decir, los propietarios no pagarían impuesto por los primeros 250.000 dólares de su vivienda principal, excepto los impuestos escolares. También reduciría del 10% al 5% el límite anual de incremento de la tasación de propiedades no residenciales y entraría en vigor el 1 de enero de 2027.
Sus promotores, entre ellos el gobernador Ron DeSantis, sostienen que ofrecería un alivio considerable frente al aumento del costo de la vivienda. Los funcionarios reunidos en Miami respondieron que ese beneficio podría producir recortes de servicios o nuevos cobros si no se determina cómo reemplazar los ingresos perdidos.
Descarga LA APP
