Apatía del Condado afecta escuelas de Miami-Dade

Para el año 2016, el distrito escolar de Miami-Dade podría al fin tener los recursos que por concepto del impuesto a la propiedad, le corresponden.

Ya no habría el atraso que impide que se haga una recolección completa del pago tributario en el condado que, desde 2008 hasta 2012, generó una pérdida acumulada de 300 millones de dólares en ingresos por concepto de impuestos.

De acuerdo con el tasador de la propiedad, Pedro García, “ya no existe la congestión de dos años en la junta de ajuste de los valores de la propiedad".

 “En 2013,  las apelaciones al pago del impuesto a la propiedad alcanzaron la suma de 68.113. Nos quedan ahora 3.252 por terminar”, dijo García.

Esto significa, según el tasador, que en marzo de este año “estaríamos terminando con lo que nos quedaba de 2013. Ahora vamos a empezar el 2014”, explicó.

Según García, ya tienen todo listo y organizado para que en noviembre de 2015 culmine el proceso de apelaciones del año anterior.  “Estamos trabajando fuerte para lograr la recolección del 96% en 2015. Este año no lo pudimos hacer por la cantidad de apelaciones que hubo”, explicó.

Ese 96% equivale al porcentaje de impuestos locales que el condado se compromete a recoger.  Según Raquel Regalado, miembro de la Junta Escolar,  “la cantidad de dinero que recibe el distrito escolar  del Estado se basa  en que supuestamente se recolecta el 96% del pago de los impuestos locales. Las apelaciones hacen que nosotros lleguemos al 92%. Perdemos el dinero de las apelaciones, y también  la diferencia entre el 92 y el 96% del que nos da el estado de la Florida. Pero además, si el condado nos da el dinero, así sea tarde, el del estado se pierde”.

Impacto en la educación

En su última sesión del pasado jueves, todos los miembros de la Junta Escolar estuvieron de acuerdo en que la inacción del condado y, por ende, del alcalde Giménez, no podía seguir, cuando ya desde 2008, se estaba presentando un retraso en el proceso de recolección de los impuestos.

Según Regalado, el año pasado hubo viajes a Tallahassee para remediar una situación que tenía con déficit al sistema escolar. La paradoja consistía en que el hueco presupuestal no era por falta de dinero, sino por incapacidad de la junta de ajuste del valor de la propiedad para resolver a tiempo los reclamos por desacuerdos en las tasaciones de los inmuebles.

Viajaban el superintendente Alberto Carvalho, la presidenta de la junta escolar, Perla Tabares, comisionados, el tasador de la propiedad, y al final, el Gobierno estatal decía que no podía cambiar un sistema que sólo era defectuoso en el Condado Miami-Dade, y no en los 67 restantes.  

Tal situación  generaba pérdidas en los ingresos del sistema escolar y también en los del Condado.

Y el impacto no se hizo esperar. “El más grande se ha visto en el programa para niños discapacitados. También hacen falta tecnología y maestros. Sabemos que hay una necesidad mucho más grandes, basados en el derecho de estos niños de tener planes individuales. También esto ha impacto las bibliotecas escolares, tuvimos que mover a todos los especialistas del centro de medios, que eran muy pocos, a los salones para que dieran clase”.

Las raíces del mal

El Condado Miami-Dade tiene cerca de un millón de propiedades. Entre 2007 y 2008 hubo una burbuja inmobiliaria que produjo una valorización disparada de casas y apartamentos.

Por eso, sólo en 2009 hubo 138.621 apelaciones ante la junta de ajuste de la propiedad. Además, en ese mismo año, el congreso estatal decidió poner un tope de 10% en la valorización de las propiedades, a excepción de las residenciales, que no podían subir más de un 3%.

“Los dueños de propiedades se “avisparon”, entablaron apelaciones para tratar de establecer el valor más bajo posible para que cuando arrancara el 10% el aumento fuera inferior. Ahí empezó la situación crítica, para la junta de ajuste del valor de la propiedad, para nosotros y para la Junta Escolar”, señaló García.

La junta escolar y el sindicato de maestros están de acuerdo en que la única manera de superar ese problema es tomar acciones legales. El sindicato ya demandó al alcalde Giménez. La Junta Escolar ordenó a su abogado, Walter Harvey, que contemple varias alternativas para litigar este caso.

Regalado busca, además, que haya un contrato entre la junta y los departamentos necesarios del condado para la recolección de impuestos. “Nosotros le pagamos al condado por la recolección de impuestos el 40%, hagan mal o bien su trabajo”.

La solución, entonces, es local. Parece que el tasador de la propiedad ha dado un primer paso, pero se busca que en definitiva, y hacia el futuro,  el sistema escolar no vuelva a sufrir los efectos de la falta de compromiso y de voluntad política de los altos funcionarios del Condado, que en estos momentos tiene al distrito escolar con un déficit proyectado de 37 millones de dólares.  

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