Aprueban más supervisión a vouchers escolares por $270 millones en pagos a estudiantes no localizados

La medida responde a un informe operativo de 2025 del Florida Auditor General, que detectó graves problemas de implementación, falta de controles y desvíos financieros en el sistema de elección escolar del estado. El objetivo central del proyecto es preservar la promesa de la elección educativa, ya sea pública, privada o educación en casa, con mayor transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

¿Por qué era necesario el proyecto?

El informe del Auditor General fue contundente. El sistema no podía localizar a decenas de miles de estudiantes por los que se estaban pagando becas; el dinero no siempre seguía al alumno; y había brechas que facilitaban errores administrativos e incluso fraude.

Según Gaetz, el Departamento de Educación “no puede encontrar 30.000 estudiantes en un día cualquiera”, lo que equivale a 270 millones de dólares en pagos por alumnos no localizados, mientras que las escuelas públicas dejaron de recibir 100 millones de dólares por estudiantes que sí atendieron. Además, el estado identificó más de 1 millón de dólares aprovechado indebidamente por defraudadores.

En el centro de la reforma está el sistema FTE (Full-Time Equivalent), el mecanismo que utiliza Florida para calcular el financiamiento educativo en función del tiempo real de matrícula de cada estudiante. Un alumno inscrito a tiempo completo equivale a un FTE completo, mientras que inscripciones parciales o interrumpidas reducen ese valor. La auditoría estatal detectó fallas en este sistema, incluyendo estudiantes no localizados o duplicados entre escuelas públicas y programas de vouchers, lo que derivó en pagos indebidos y en el desvío de millones de dólares en fondos públicos.

Es importante entender que en Florida rige el principio de que el dinero sigue al estudiante. Lo que significa que el estado paga fondos según el FTE reportado. Si un alumno aparece como FTE en dos sistemas , por ejemplo, escuela pública y voucher privado, se duplica el pago. Si el estudiante no puede ser localizado, el estado puede estar pagando por un servicio educativo que no se está prestando. Estos son los errores que trata de solucionar el proyecto de ley.

“Florida fue el primer estado en aprobar la elección escolar universal… pero, en palabras del Auditor General, ‘todo lo que podía salir mal, salió mal’”, afirmó Gaetz. “Ignorar esos hallazgos sería mala praxis legislativa”.

Un proyecto “tripartito”

Gaetz calificó la iniciativa como “tripartita” al contar con copatrocinio republicano, demócrata e independiente: los senadores Corey Simon y Danny Burgess (republicanos), Rosalind Osgood y Darryl Rouson (demócratas), y Jason Pizzo (independiente). La votación unánime subraya el consenso político para corregir el programa sin desmantelar la elección escolar.

Qué cambia el SB 318

Conformidad con el informe del Auditor General

• Asegura financiamiento dedicado tanto para escuelas públicas como para programas de elección escolar.
• Crea un fondo categórico para la Family Empowerment Scholarship (FES), separando su financiamiento del cálculo del FEFP del distrito.

Menores costos administrativos

• Reduce la tarifa administrativa del Florida Tax Credit Scholarship para financiar más becas.

Ventanas claras y procesos simplificados

• Establece ventanas de solicitud en otoño y primavera.
• Exige una sola solicitud para todos los programas.
• Requiere documentación adicional al aplicar (más de una prueba de residencia y certificado de nacimiento).

Transparencia para que el dinero siga al estudiante

• Las familias deberán atestiguar que el alumno no está inscrito en una escuela pública y sí en privada, home education o programa personalizado; las escuelas privadas podrán atestiguar por sus alumnos ante la SFO.
• El Departamento de Educación de Florida (DOE) cruzará datos con matrículas distritales para verificar elegibilidad.
• Asignación obligatoria de un ID estudiantil de Florida a todos los becarios.
• Creación de un formulario estándar de retiro del sistema público.

Pagos más confiables

• Verificación de elegibilidad antes de cada pago.
• Cambia pagos de trimestrales a mensuales.
• Permite adelantos a SFOs al inicio del año fiscal según proyecciones.
• Aclara plazos y protocolos para cuentas inactivas o inelegibles.

Reembolsos ágiles y usos estandarizados

• Proceso uniforme de reembolso y facturación.
• Estandariza usos autorizados de fondos.
• Amplía elegibilidad de tutores.
• Autoriza gastos en membresías y actividades de organizaciones técnicas y vocacionales.

Más auditorías y reportes

• Auditoría anual FTE de fin de curso por el Auditor General.
• Devolución de fondos por hallazgos de auditoría.
• Reportes del DOE sobre movilidad estudiantil.

Mayor supervisión estatal

• Acceso del DOE a registros y datos de las SFOs para conciliación.
• Recomendaciones obligatorias del DOE para mejorar eficiencia y costos del programa.

Reacciones

El respaldo institucional llegó desde distritos escolares. Orange County Public Schools, el cuarto más grande del estado y que enfrenta cierres por caída de matrícula, celebró la aprobación.

“SB 318 pone a los estudiantes primero y protege los dólares del contribuyente”, declaró Angie Gallo, miembro de la junta escolar del condado de Orange. “Apoya las aulas públicas, respeta decisiones locales y aporta la rendición de cuentas que hacía falta”.

Laura Hine miembro de la Junta Escolar del Condado de Pinellas, en una columna periodística dijo que el SB318 aborda los graves problemas fiscales del programa de vales, pero dijo que el estado debería comprobar que los estudiantes beneficiarios con vales escolares realmente aprenden. “El estado debería aplicar estándares académicos objetivos que los estudiantes deben cumplir en cualquier entorno educativo que utilice nuestros fondos fiscales”.

El proyecto aún no tiene contraparte en la Cámara, por lo que su avance dependerá del trámite en la Cámara de Representantes. Entretanto, el voto unánime del Senado marca un punto de inflexión para corregir —no revertir— la elección escolar en Florida, con controles que buscan garantizar que cada dólar llegue al estudiante correcto.

cmenendez@diariolasamericas.com

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