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FRAUDE

Arrestan a mujer acusada de ofrecer tratamientos de bótox sin licencia en Miami

Luisa Villalina Arteaga fue detenida cuando presuntamente se disponía a aplicar 20 unidades a una agente encubierta

Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una denuncia anónima sobre servicios estéticos ofrecidos desde un apartamento de Edgewater condujo al arresto de Luisa Villalina Arteaga, de 59 años, por supuestamente ejercer una actividad sanitaria sin la autorización requerida en Florida.

El aviso fue recibido por el Departamento de Salud estatal y posteriormente quedó en manos del Escuadrón de Delitos Médicos de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

Las verificaciones realizadas revelaron que la sospechosa no poseía las credenciales necesarias para efectuar ese tipo de intervenciones. Tampoco aparecía registrado otro profesional habilitado en la dirección investigada.

Un detective contactó a Arteaga mediante las redes sociales y concertó una cita para la tarde del lunes 3 de agosto. Durante las conversaciones previas, ella calculó que el tratamiento costaría entre 350 y 600 dólares, aunque aclaró que fijaría el precio definitivo después de examinar a la interesada.

La supuesta paciente era una oficial encubierta. Otros dos investigadores ingresaron al inmueble minutos antes del horario acordado para respaldar el operativo.

Tras efectuar la evaluación, la acusada propuso administrar 20 unidades de bótox por 300 dólares, de acuerdo con el reporte de arresto.

Los agentes intervinieron cuando se preparaba para comenzar. Ninguna sustancia llegó a ser inyectada.

Arteaga fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) y enfrenta un cargo por práctica no autorizada de una ocupación vinculada con la atención médica, clasificado como delito grave de tercer grado.

Una jueza determinó causa probable y estableció una fianza de 5.000 dólares. Los registros carcelarios también reflejan una orden de retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La medida permite que esa agencia federal asuma su custodia si recupera la libertad dentro del proceso penal, pero no constituye por sí sola una decisión definitiva de deportación.

Las acusaciones deberán ser probadas ante un tribunal.

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