PRESIÓN SOBRE LA HABANA

Congresista demócrata Joaquín Castro rechaza una intervención en Cuba que Trump no descarta

El demócrata dice que trabaja para impedir una operación, pero no detalla medidas. Trump defiende su interés en ayudar a los cubanos y mantiene sanciones contra un régimen señalado por represión, corrupción y restricciones a las libertades

Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El congresista demócrata Joaquín Castro afirmó que su partido trabaja para impedir una intervención militar en Cuba, mientras el presidente Donald Trump mantiene abierta esa posibilidad y sostiene la presión sobre el régimen de La Habana. El legislador expuso su posición en una entrevista publicada por el diario mexicano La Jornada el 12 de noviembre, sin precisar qué acciones impulsaría para frenar una operación.

“No es la tarea de Estados Unidos ir a seleccionar un nuevo líder o un presidente”, declaró el representante por Texas, quien cuestionó que Washington recurra a una invasión para instalar a un gobernante.

Castro interpretó que los comentarios y las políticas de la administración republicana mantienen sobre la mesa una intervención semejante a la de Venezuela. “Esperamos que no suceda”, manifestó. Al preguntársele cómo buscarían evitarla, respondió: “Estamos trabajando en eso”.

En esa conversación no anunció la presentación de un proyecto específico, un calendario legislativo ni una medida aprobada para impedir el uso de la fuerza contra la isla.

La controversia tiene como escenario una dictadura de partido único que restringe la participación política y castiga la disidencia. En su informe Freedom in the World 2026, basado en las condiciones de 2025, Freedom House clasificó a Cuba como un país no libre, con nueve puntos sobre cien y cero sobre cuarenta en derechos políticos.

La organización describe un sistema que prohíbe el pluralismo, limita los medios independientes y restringe severamente las libertades civiles. Su evaluación señala que el relevo generacional iniciado en 2018 no modificó el carácter antidemocrático del régimen.

Trump, por su parte, presentó su interés en la situación cubana como un respaldo a quienes sufrieron malos tratos y abandonaron la isla para establecerse en EEUU. En una entrevista con el locutor Hugh Hewitt, también del 12 de noviembre, expresó su intención de abordar ese asunto durante su mandato.

“Quiero resolver el asunto de Cuba antes de irme”, afirmó. El presidente destacó además al secretario de Estado, Marco Rubio, por su capacidad para ocuparse del tema y recordó el origen cubano de sus padres.

Consultado sobre si consideraría emplear fuerza militar, respondió: “Sin duda lo consideraría”. La posibilidad de una campaña de una semana fue planteada por Hewitt; el mandatario no fijó en esa conversación un plazo operativo ni anunció una orden de ataque.

La política de la Casa Blanca también se ha traducido en instrumentos económicos contra el aparato de poder cubano. Una orden ejecutiva firmada el 1 de mayo permite sancionar a personas y entidades vinculadas con el régimen, así como a responsables de graves abusos de derechos humanos y corrupción relacionados con Cuba.

La disposición contempla el bloqueo de activos y restricciones de entrada a EEUU para quienes sean designados conforme a sus criterios. Washington justificó esas medidas por razones de seguridad nacional y política exterior.

Castro representa al distrito 20 de Texas y ocupa el puesto de demócrata de mayor rango en el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. Desde ese espacio ha cuestionado la estrategia de la administración hacia América Latina.

En febrero de 2025 promovió, junto con Jesús García y Nydia Velázquez, la resolución H.Res.168, que condena una acción militar en México sin el consentimiento de ese país y sin autorización expresa del Congreso. El expediente recoge su remisión al Comité de Asuntos Exteriores. Ese texto se refiere a México y no constituye una prohibición de intervenir en Cuba.

El 22 de abril de 2026, su oficina también difundió un reclamo al Departamento de Estado, suscrito con Pramila Jayapal, Jonathan Jackson y Gregory Meeks. Los congresistas atribuyeron a restricciones de la administración la imposibilidad de que Jayapal y Jackson se reunieran con el encargado de negocios estadounidense, Mike Hammer, durante una visita oficial a La Habana.

La Jornada recogió, además, la opinión de un asesor demócrata del Senado, cuya identidad no publicó, según el cual Cuba no estaría entre las prioridades inmediatas del próximo Congreso, más concentrado en el costo de vida, la salud y la inmigración.

Mientras continúa el debate en Washington, organizaciones de derechos humanos mantienen sus denuncias contra las autoridades cubanas. En abril, Amnistía Internacional reclamó la liberación inmediata e incondicional de las personas encarceladas por motivos políticos y el fin de la represión contra quienes expresan opiniones críticas, protestan pacíficamente o informan sobre la realidad del país.

La entidad advirtió que las excarcelaciones opacas y discrecionales pueden mantener a sus beneficiarios bajo vigilancia, restricciones arbitrarias y la amenaza de regresar a prisión. También subrayó que esos anuncios no sustituyen la obligación del Estado de poner fin a las detenciones arbitrarias, anular las condenas injustas y reparar a las víctimas.

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