MIAMI.- La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz y otros legisladores, tras una visita oficial este fin de semana al centro de detención Alligator Alcatraz en los Everglades de Florida, denunciaron graves abusos contra los derechos de los recluidos, acusaron al gobernador Ron DeSantis de ordenar su construcción como parte de una estrategia política y alertaron sobre las deplorables condiciones que enfrentan los detenidos: hacinamiento, calor extremo, falta de privacidad, alimentación precaria y total opacidad sobre su administración.
Centro creado por orden directa del gobernador
Según detallaron en la rueda de prensa, la instalación fue construida por la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) tras una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y bajo órdenes directas del gobernador Ron DeSantis.
La congresista Wasserman Schultz fue enfática al afirmar que este sitio no es un centro de detención regular, sino “nada menos que un campo de internamiento”.
Durante su intervención, describió el lugar como una estructura improvisada en el corazón de un pantano, con condiciones ambientales extremas y carencias fundamentales. “Están usando jaulas”, subrayó, tras recorrer una de las unidades donde 32 personas comparten un espacio cerrado, con camas tipo litera, tres inodoros sin separación adecuada y sin acceso a duchas privadas.
“Una pared de privacidad de tres pies es lo único que tienen para cubrir los inodoros. Las duchas no tienen cortinas. No hay privacidad en absoluto”, lamentó.
Wasserman Schultz también alertó sobre las altas temperaturas registradas al interior de las carpas, donde un termómetro manual que llevó marcó 85 grados Fahrenheit en la zona de ingreso médico. “Y eso fue sin estar completamente dentro del área donde viven, donde el calor humano hace que sea aún peor”, añadió.
Hacinados, con hambre y sin derechos básicos
Otro de los aspectos más indignantes, según relataron los congresistas, fue la alimentación. Mientras al personal se le servían platos abundantes con pollo asado y salchichas, los detenidos recibían apenas un pequeño sándwich de pavo y queso, una manzana y un paquete de papas fritas.
“Estamos hablando de hombres adultos, muchos de gran tamaño. Esa cantidad de comida no puede sostener a nadie. Es inhumano”, denunció la congresista.
Los legisladores también señalaron que no se les permitió ingresar a los dormitorios donde actualmente se encuentran los migrantes detenidos. Tampoco pudieron inspeccionar las áreas médicas, bajo el argumento de regulaciones HIPAA, algo que calificaron como excusa injustificada. “En otros centros de ICE hemos podido ingresar sin problemas. No querían que viéramos cómo están realmente”, afirmó uno de los representantes.
El congresista Maxwell Frost, aseguró que la construcción de este centro responde a una lógica de propaganda. “La crueldad no es una consecuencia. Es la estrategia. Todo esto es un espectáculo”, dijo. El representante del Distrito 10 reveló que, durante la visita, escucharon gritos de “¡Libertad!” y “¡Soy ciudadano americano!” por parte de algunos detenidos, lo que consideró una escena profundamente perturbadora.
Legalidad dudosa y control difuso
Los representantes también expresaron preocupación por la falta de claridad jurídica sobre quién controla la instalación. Aunque ICE dicta los estándares, el centro es operado por el estado, a través de la FDEM, sin que se haya definido públicamente bajo qué autoridad se mantiene a los migrantes allí. Se mencionó la presencia de personal del Departamento de Correccionales de Florida y seguridad privada, pero no se permitió confirmar si existen protocolos federales en su administración diaria.
Jared Moskowitz, congresista federal por Florida, recordó que al declarar una emergencia, el gobernador permite que la FDEM actúe con amplios poderes y maneje hasta 500 millones de dólares sin aprobación legislativa.
Esto, según los legisladores, representa un uso indebido de recursos estatales, sobre todo cuando no hay agua corriente en el centro y debe ser transportada en camiones a diario, elevando los costos operativos.
Por otra parte, Frost anunció que regresará al centro en una próxima ocasión sin previo aviso, haciendo uso de su facultad como miembro del Congreso para realizar inspecciones no anunciadas. “No pudieron ni siquiera mantener limpias las jaulas hoy. Vamos a volver, porque una jaula limpia sigue siendo una jaula”, enfatizó.
También compartió públicamente la dirección de contacto legal para que abogados puedan visitar a los migrantes detenidos. “Me dijeron que si escriben a [email protected], podrán coordinar una cita para ver a sus representados”, informó.
Una vergüenza para los floridanos
Los congresistas coincidieron en calificar el proyecto como un despilfarro político cruel, dirigido contra la comunidad migrante. Señalaron que ni una sola deportación se ha realizado desde que el centro comenzó a operar hace diez días, lo que refuerza su sospecha de que se trata de un montaje ideológico más que de una necesidad logística.
“No hay agua, no hay transparencia, no hay dignidad. Solo un uso perverso del poder y del dinero de los contribuyentes”, concluyó Wasserman Schultz, exhortando a los ciudadanos de Florida a exigir rendición de cuentas y a defender los valores fundamentales de derechos humanos en el estado.
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