Declaran culpable a migrante por enviar armas de Florida a Honduras mediante testaferros

El jurado lo declaró culpable este lunes de conspiración para exportar armamento ilegalmente y de posesión de un arma de fuego mientras permanecía en Estados Unidos sin estatus migratorio legal, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

Matute Figueroa, de 33 años, podría recibir hasta cinco años de prisión por el primer cargo y un máximo de 15 por el segundo. La condena será determinada por un juez, quien deberá considerar las pautas federales y otros factores contemplados en la legislación. La audiencia todavía no tiene fecha.

Los documentos judiciales señalan que el acusado ingresó al país con una visa de turista en 2017, pero permaneció después de que venciera su autorización. Esa condición le impedía legalmente tener armas de fuego.

La Fiscalía sostuvo que el hondureño dirigía el componente de la estructura dedicado a conseguir y despachar las pistolas. Para concretar las adquisiciones, recurría a terceras personas autorizadas a comprarlas y después coordinaba su salida hacia Centroamérica.

Durante las pesquisas, los agentes recuperaron conversaciones de WhatsApp en las que el procesado compartía con sus colaboradores listas de los modelos disponibles, precios y orientaciones para efectuar los envíos.

En esas comunicaciones también aparecieron una fotografía y un video que lo mostraban con una Colt 1911 dorada. El material fue utilizado durante el juicio para demostrar que tuvo la pistola en su poder pese a la prohibición establecida por la ley.

Los expedientes vinculan con la operación a Gerson Eliu Padilla-Figueroa, Juan Matute Figueroa, Ariel Henriquez-Padilla y William Mendoza. Las autoridades no precisaron en su anuncio la situación procesal de esos cuatro hombres.

“Este acusado aprovechó su presencia ilegal en Estados Unidos para ayudar a traficar armas estadounidenses hacia Honduras”, afirmó el fiscal Jason A. Reding Quiñones.

El funcionario aseguró que el veredicto demuestra el compromiso de su oficina con el desmantelamiento de redes internacionales dedicadas a trasladar este tipo de mercancía fuera del país y con el procesamiento de quienes la poseen o exportan sin autorización.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ambas con sede operativa en Miami.

También colaboraron la Oficina del Alguacil de Broward (BSO), la Oficina del Alguacil del condado Martin y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La fiscal adjunta Suzanne Huyler condujo el caso en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Florida.

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