Demandan en Florida lenguaje de papeleta que ampliaría exención de impuestos a viviendas

Los demandantes sostienen que la redacción aprobada por el Congreso resultaría “sesgada, engañosa e inconstitucional” y reclaman que un juez ordene reescribirla antes de que la consulta llegue a las urnas en noviembre. La acción legal nombra como demandados al secretario de Estado, Cord Byrd, y al fiscal general, James Uthmeier.

Eslogan en lugar de descripción

El abogado principal del caso, Jamie Cole, centró el reclamo en el título de la consulta, “Salvemos nuestros hogares de los impuestos prediales excesivos”, al que calificó como una herramienta de propaganda.

“Esto es un eslogan de campaña”, afirmó Cole, quien sostuvo que el encabezado debería limitarse a mencionar la exención o el impuesto a la propiedad.

El letrado cuestionó además tres frases del resumen —“garantizar la financiación de los servicios esenciales”, “proteger a las pequeñas empresas” y “garantizar la equidad para los residentes de Florida”— que, a su juicio, ofrecen razones para votar a favor en vez de explicar el contenido.

“El resumen no se limita a describir la enmienda: la respalda”, recoge el texto de la demanda, mientras que Cole precisó que la acción no busca retirar la medida de la papeleta, sino corregir su redacción.

Los demandantes pidieron que el tribunal declare el lenguaje inconstitucional y ordene a Uthmeier reescribirlo en un plazo de diez días.

Qué propone la enmienda

La enmienda HJR 1F, aprobada el 2 de junio durante una breve sesión especial, elevaría la exención sobre la vivienda principal de los actuales 50.000 dólares a 150.000 en 2027 y a 250.000 en 2028.

La reforma requiere el respaldo del 60 % de los votantes para entrar en vigor y dejaría exentas de impuestos no escolares a las viviendas con valor inferior a ese umbral.

Los gravámenes destinados a las escuelas quedaron al margen de la medida, después de que los legisladores preservaran la financiación educativa pese a las objeciones iniciales del gobernador.

Costo para gobiernos locales

La demanda llegó un día después de que economistas estatales advirtieran, en la Conferencia de Estimación de Ingresos, que la ampliación podría restar cerca de 11.860 millones de dólares anuales a los presupuestos locales una vez aplicada en su totalidad.

Un análisis de la Cámara de Representantes situó el impacto en unos 8.400 millones de dólares por año. Los condados con menor base comercial y mayor dependencia del impuesto residencial figuran entre los más expuestos a la pérdida de recaudación, según las proyecciones difundidas durante el proceso legislativo.

Defensa del gobernador

El gobernador Ron DeSantis ha defendido que los gobiernos locales pueden absorber el impacto y ha presentado la reforma como un alivio para la clase trabajadora y media.

El mandatario recordó que la recaudación por impuestos a la propiedad casi se duplicó, de unos 32.000 millones de dólares en 2019 a cerca de 60.000 millones en la actualidad, y atribuyó ese crecimiento a un gasto público excesivo.

DeSantis anticipó que “intereses arraigados” se opondrían al plan, al que describió como la rebaja predial más transformadora jamás contemplada.

Críticas desde varios frentes

Las objeciones también surgieron desde la oposición demócrata. La líder de la minoría en la Cámara, Fentrice Driskell, comparó la propuesta con “un lobo con piel de oveja” y advirtió que la medida perjudicaría a las comunidades locales en lugar de protegerlas.

El abogado Cole, por su parte, confía en repetir un precedente favorable: hace casi dos décadas impugnó con éxito el lenguaje de otra enmienda sobre exenciones a la vivienda, que los tribunales retiraron de la papeleta por considerarla “engañosa”.

La querella invoca además fallos de la Corte Suprema de Florida que anularon consultas con títulos persuasivos.

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