Enmienda 3: qué cambiaría en los impuestos a la propiedad en Florida

La Enmienda 3 llega a las urnas tras ser impulsada por el gobernador Ron DeSantis y aprobada por la Legislatura durante una sesión especial en Tallahassee. La propuesta recibió 30 votos a favor y nueve en contra en el Senado y 75 a favor y 26 en contra en la Cámara de Representantes.

Pero su aprobación legislativa no basta. Al tratarse de una reforma de la Constitución de Florida, deberá recibir al menos el 60% de los votos en las elecciones generales del 3 de noviembre para entrar en vigor.

Para el tasador de propiedades de Miami-Dade, Tomás Regalado, ese es precisamente el mensaje que no debe perderse después de que una orden judicial obligará a modificar el título y el resumen con los que la propuesta llegará a los electores.

“Lo que debe saber el público es que sí vamos a votar la enmienda el próximo 3 de noviembre en uno de los votos más importantes que se ha hecho en el estado de Florida para los que pagamos impuestos a la propiedad en toda su historia, que va a haber una reducción bastante grande de los impuestos a la propiedad y que va a haber mucha oposición”, resumió Regalado.

¿Por qué DeSantis impulsó la reforma?

El argumento central del gobernador fue el fuerte crecimiento de los ingresos que reciben los gobiernos locales por concepto de impuestos a la propiedad, impulsado en buena medida por el aumento del valor inmobiliario experimentado por Florida.

Según las cifras utilizadas por DeSantis para defender la reforma, la recaudación de los gobiernos locales por estos impuestos prácticamente se duplicó en los últimos siete años, al pasar de unos 32 mil millones de dólares a 60 mil millones de dólares.

De mantenerse la tendencia, podría alcanzar los 83 mil millones de dólares en 2032.

“Los ingresos por impuestos a la propiedad recaudados por los gobiernos locales casi se han duplicado en los últimos siete años y se espera que alcancen la asombrosa cifra de 83.000 millones de dólares para 2032. Los propietarios de viviendas de Florida necesitan alivio”, sostuvo DeSantis.

Para el gobernador, ha llegado el momento de “defender a los contribuyentes, promulgar una reforma histórica y salvar el hogar de cada floridano”.

La iniciativa busca reducir directamente la carga tributaria de quienes poseen una vivienda principal y, al mismo tiempo, establecer nuevos límites al crecimiento del valor tasable de propiedades comerciales, segundas residencias y viviendas destinadas a inversión.

De $50.000 a $250.000 de Homestead

El cambio más importante para los propietarios que utilizan su inmueble como residencia principal sería la ampliación de la exención de Homestead aplicable a los impuestos locales no escolares.

Actualmente, la exención es de 50.000 dólares. Si los votantes aprueban la Enmienda 3, la cantidad exenta aumentaría a 150.000 dólares durante 2027 y posteriormente llegaría a 250.000 dólares a partir de 2028, con ajustes posteriores.

Por ejemplo, podemos decir que una vivienda cuyo valor imponible sea 700.000 dólares al aplicarle la exención actual pagaría impuestos impuestos correspondientes a 650.000 dólares, después de descontar los 50.000 de Homestead. Con la reforma plenamente aplicada en 2028, esos mismos 700.000 dólares quedarían reducidos a 450.000 dólares para calcular los impuestos locales no escolares, al poder descontarse hasta 250.000 dólares.

La exención se descuenta del valor tasable de la vivienda antes de calcular determinados impuestos a la propiedad.

Esto significa que el beneficio concreto para cada propietario no será necesariamente idéntico. Este dependerá, entre otros elementos, del valor tasable de su vivienda y de las tasas de amillaramiento aplicables en la jurisdicción donde reside. Los interesados en conocer cómo el repercutirá la reforma en sus impuestos de propietario pueden usar el calculador de impuestos en saveourhomes.com.

El objetivo de la medida es reducir considerablemente la porción del valor de la residencia principal sobre la cual ciudades y condados pueden cobrar determinados impuestos.

El dinero de las escuelas no se toca

Una cuestión fundamental para comprender la propuesta es que la ampliación de la exención Homestead no se aplicaría a los impuestos ad valorem recaudados por los Distritos escolares.

La protección del financiamiento de la educación pública fue uno de los asuntos discutidos durante la elaboración de la medida.

La protección de esos recursos fue uno de los asuntos centrales durante la discusión legislativa. Después de aprobarse la medida, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, recordó que la propuesta que previamente había respaldado la Cámara contemplaba incluso eliminar los impuestos a la propiedad sobre las viviendas con Homestead, pero desde entonces excluía expresamente la porción destinada a las escuelas.

Pérez explicó que eliminar también esos ingresos habría creado un déficit de decenas de miles de millones de dólares y afectado el financiamiento del sistema educativo K-12.

“Nos preocupamos por el futuro de Florida. Nos preocupamos por nuestros niños. Nos preocupamos por nuestros padres”, sostuvo al defender la decisión de preservar esa fuente de recursos.

Por tanto, la reforma busca proporcionar alivio al propietario sin aplicar la nueva exención a la parte de su factura destinada al sistema de escuelas públicas.

Propiedades de alquiler y comerciales

Otro de los cambios relevantes de la Enmienda 3 afecta a las propiedades que no cuentan con exención Homestead, entre ellas viviendas de inversión, edificios de apartamentos, segundas residencias y propiedades comerciales.

Actualmente, el valor tasable de esos inmuebles puede aumentar hasta un 10% anual. La propuesta reduce ese límite al 5%, lo que restringiría el crecimiento de la base sobre la cual los gobiernos locales calculan los impuestos a la propiedad.

Esto no significa que la reforma vaya a reducir los alquileres ni que impida a los propietarios aumentar las rentas. El precio del alquiler depende de numerosos factores, como la oferta y la demanda, los seguros, el mantenimiento y otros costos de operación.

Sin embargo, el crecimiento del impuesto a la propiedad tendría un peso más limitado como factor de presión sobre las rentas, al quedar restringido al 5% anual el aumento del valor tasable del inmueble.

Incluso si Ciudades o Condados decidieran aumentar el amillaramiento, el efecto estaría parcialmente limitado porque esa tasa se aplicaría sobre un valor tasable cuyo crecimiento anual no podría superar el 5%, frente al máximo del 10% permitido actualmente.

El comportamiento reciente de Miami-Dade permite dimensionar la importancia de este cambio.

Según datos de la oficina de Regalado, el valor imponible preliminar del condado para 2025 alcanzó 512.351 millones de dólares, un incremento de 40.825 millones respecto al año anterior, equivalente a un crecimiento del 8,7%.

Bajo la nueva protección, el incremento anual del valor tasable de las propiedades sin Homestead sujetas a ese límite no podría superar el 5%, aunque el mercado registrara crecimientos superiores.

Por ello, la medida también pretende evitar que la reducción concedida a las viviendas principales termine trasladándose mediante la valoración de los inmuebles hacia propiedades comerciales y de inversión.

A los recién llegados a Florida

La Enmienda 3 también establece un tratamiento diferente para determinadas personas que se conviertan en nuevos residentes del estado.

Quienes no fueran residentes de Florida al 31 de diciembre de 2026 y posteriormente establezcan su residencia permanente podrían inicialmente recibir la exención Homestead vigente al momento de calificar, pero tendrían que esperar hasta el quinto año de residencia para acceder a la exención ampliada, siempre que esa disposición resulte compatible con la Constitución federal.

Además, la propuesta contempla la transferibilidad de la exención sobre la vivienda principal, permitiendo trasladar el beneficio cuando una persona cambia una residencia principal por otra.

Recaudación de Miami-Dade

La otra cara de la reforma es la reducción de ingresos que experimentarían los gobiernos locales.

Regalado explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que, de aprobarse la propuesta, Miami-Dade dejaría de recibir aproximadamente 303 millones de dólares por concepto de impuestos a la propiedad en 2027. En 2028, cuando la exención alcanzaría los 250.000 dólares, el impacto estimado ascendería a unos 516 millones de dólares en un presupuesto que superaría los 14 mil millones de dólares.

El tasador aclaró que se trata de una estimación realizada utilizando el amillaramiento aprobado para el año fiscal 2025-2026, debido a que todavía no existen las tasas correspondientes a los años en los que comenzaría a aplicarse la reforma.

A nivel estatal, el análisis legislativo citado posteriormente en la decisión del juez David Frank calculó una reducción de 4.950 millones de dólares en ingresos locales no escolares durante el año fiscal 2027-2028 y de 8.780 millones en 2028-2029.

Una vez aplicada la reforma plenamente, la pérdida recurrente fue estimada en aproximadamente 12 mil millones de dólares anuales, de los 160 mil millones que reciben las arcas de los 67 condados y más de 400 municipios de Florida.

Para los defensores de la propuesta, precisamente ahí radica una parte importante de la reforma: obligar a los gobiernos locales a revisar sus gastos y prioridades.

El senador republicano Bryan Ávila, patrocinador de la iniciativa en el Senado, señaló que el estado enfrenta las mismas presiones inflacionarias que las administraciones municipales y condales.

“Hemos trabajado para controlar el gasto, pagar la deuda y ahorrar para el futuro. Los gobiernos locales deben hacer lo mismo”, afirmó Avila.

Pequeñas Ciudades preocupadas

Los críticos sostienen, sin embargo, que no todos los gobiernos locales tienen la misma capacidad para absorber una reducción significativa de sus ingresos.

Durante la discusión legislativa se citó el caso de Eatonville, al norte de Orlando, considerada la ciudad fundada por afroamericanos más antigua de Estados Unidos.

La localidad dispone de un presupuesto de apenas 7 millones de dólares y prácticamente todas sus viviendas están valoradas por debajo de los 250 mil dólares, según se argumentó durante el debate. Es decir, en 2028, la mayoría de los residente de esa localidad no pagarían impuestos, solo los escolares.

Ante esas preocupaciones, los defensores de la reforma respondieron que las administraciones locales deberán tomar decisiones sobre cómo utilizar los recursos que continúen recibiendo mediante propiedades no Homestead u otras fuentes.

Los opositores también cuestionaron que se eliminara el fondo fiduciario que había sido concebido para ayudar a Ciudades y Condados rurales durante la transición.

La líder demócrata del Senado, Lori Berman, de Boca Raton, calificó la iniciativa como “una maniobra política que amenaza con llevar a la bancarrota a nuestras comunidades locales, cerrar pequeñas empresas y elevar aún más los precios de los alquileres”.

Otros demócratas cuestionaron cómo ciudades y condados sustituirían los ingresos perdidos y advirtieron sobre posibles consecuencias para servicios locales.

La senadora demócrata Geraldine Thompson Bracy Davis resumió su oposición con una frase: “Esta propuesta no es una reforma. Este proyecto de ley es una apuesta, y los floridanos merecen algo mejor que una apuesta”.

En el centro del debate

La posible repercusión sobre servicios públicos fue uno de los asuntos que provoca mayor discusión.

La propuesta establece que los ingresos restantes de los impuestos a la propiedad deberán destinarse a funciones esenciales, entre ellas seguridad pública —policía, bomberos y servicios médicos de emergencia—, carreteras y puentes, control de aguas pluviales, infraestructura, proyectos de recursos naturales y control de inundaciones.

También incluye pensiones de empleados gubernamentales, obligaciones de deuda y las operaciones de funcionarios constitucionales, comisiones de condados y gobiernos municipales.

Los críticos, entre ellos representantes de gobiernos locales y servicios de emergencia, han advertido que establecer prioridades no equivale a garantizar que exista suficiente dinero para financiarlas.

Esa diferencia terminó convirtiéndose también en una cuestión judicial.

Ordenan cambiar el texto de la boleta

El 3 de agosto, el juez de circuito del condado Leon David Frank ordenó reescribir el título y el resumen de la Enmienda 3 al considerar que el lenguaje preparado para los votantes era parcial, inexacto y podía inducirlos a confusión.

La decisión no elimina la enmienda ni impidie su votación el 3 de noviembre.

Frank prohibió al secretario de Estado, Cord Byrd, utilizar la redacción existente y ordenó al fiscal general James Uthmeier preparar dentro de un plazo de 10 días un nuevo título o resumen que corrigiera las deficiencias señaladas.

Una de las objeciones fue el título “Save Our Homes From Excessive Property Taxes” —“Salvemos nuestros hogares de impuestos excesivos a la propiedad”—, que el juez consideró más parecido a un lema político que a una descripción neutral.

También cuestionó que el resumen afirmara que la medida “beneficia a los contribuyentes de Florida”, al considerar que corresponde a los votantes, y no al texto de la boleta, decidir si la propuesta representa un beneficio.

El tribunal encontró además una imprecisión importante. El resumen daba a entender que la exención de 250 mil dólares comenzaría en 2027, cuando durante ese primer año sería de 150 mil y solo llegaría a 250 mil dólares en 2028.

Frank también rechazó que pudiera garantizarse el financiamiento de servicios esenciales, porque la reforma reduce los ingresos locales sin asegurar una cantidad determinada para esas funciones.

Asimismo, ordenó eliminar la presentación de la reducción del límite de tasación del 10% al 5% como una protección específicamente dirigida a las pequeñas empresas, debido a que alcanza de manera general a las propiedades sin Homestead.

La hora de los votantes

La orden judicial, por tanto, modifica la manera en que la Enmienda 3 será explicada en la boleta, pero no cambia el hecho fundamental. Los floridanos decidirán el 3 de noviembre si quieren incorporar esta reforma a la Constitución estatal.

La medida enfrenta dos planteamientos claramente contrapuestos. Sus detractores advierten que una reducción de miles de millones de dólares en la recaudación puede afectar la capacidad de Ciudades y Condados para prestar servicios y podría obligarlos a buscar otras fuentes de ingresos.

Sus defensores responden que el extraordinario crecimiento de la recaudación durante los últimos años demuestra que existe margen para proporcionar alivio a los contribuyentes y exigir mayor disciplina en el manejo de los presupuestos locales.

La senadora republicana Ileana García resumió esa posición al defender que la propuesta busca proteger particularmente a familias trabajadoras y adultos mayores con ingresos fijos.

“Queremos que las personas puedan permanecer en sus hogares. Queremos que los adultos mayores envejezcan cómodamente en ellos. Queremos que las familias trabajadoras tengan facturas predecibles y manejables”, afirmó.

El 3 de noviembre, sin embargo, la decisión ya no corresponderá a DeSantis, a la Legislatura, a los gobiernos locales ni a los tribunales. Para entrar en vigor, la Enmienda 3 deberá convencer al menos al 60% de los votantes de Florida. De ellos dependerá que paguen más o menos impuestos sobre la propiedad.

cmenendez@diariolasamericas.com

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