Exigen priorizar la oficina del sheriff en presupuesto de Miami-Dade

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el representante del Distrito 11 sostuvo que el Condado debe mejorar los salarios de los agentes, aumentar la plantilla y reparar instalaciones policiales que describió como obsoletas. Al mismo tiempo, defendió una administración más pequeña, eficiente y transparente, una estrategia que, a su juicio, permitiría proteger los servicios básicos incluso si los votantes aprueban el alivio al impuesto a la propiedad que llegará a las urnas el 3 de noviembre con la modificación de la Enmienda 3.

“El alivio al impuesto a la propiedad y los servicios esenciales son posibles a la vez”, resumió González al exponer una posición que busca conciliar dos objetivos que suelen presentarse como contrapuestos, como recaudar menos de los propietarios y dedicar más recursos a la seguridad pública.

Equipos obsoletos

La postura del comisionado no surgió únicamente de las cifras presupuestarias. González recorrió junto al sheriff Rosie Cordero-Stutz varias instalaciones de entrenamiento y aseguró que encontró deficiencias que afectan la preparación de los agentes.

Entre los ejemplos citó equipos incapaces de ejecutar programas modernos para simular situaciones de emergencia. Según relató, ante las limitaciones tecnológicas, algunos ejercicios deben explicarse en una pizarra escolar. También describió una piscina construida alrededor de 1975, utilizada para entrenar a buzos de rescate, y un campo de tiro con espacio insuficiente para los agentes del condado y de distintos municipios que acuden allí a cumplir sus horas de práctica.

“Es una vergüenza que no les estemos dando lo mínimo que necesitan para ejercer su trabajo”, afirmó González. Añadió que varias estaciones policiales también presentan un deterioro considerable y necesitan reparaciones.

Mejores salarios, retener agentes

El segundo eje de su reclamo fue la remuneración. El comisionado del Distrito 11 sostuvo que, aunque la sheriff ha logrado disminuir el delito en un 20%, Miami-Dade afronta dificultades para retener a policías jóvenes porque otras agencias de Florida ofrecen salarios más competitivos. Aseguró que, una vez graduados de la academia, algunos agentes se marchan a departamentos de Miami, Broward, Palm Beach o Jacksonville en busca de mejores ingresos.

Esa salida, argumentó, no solo reduce la presencia policial, sino que representa una pérdida para los contribuyentes. El Condado invierte más de 100,000 dólares en formar a un agente, según el comisionado, y pierde ese dinero cuando el funcionario acepta empleo en otra jurisdicción poco después de concluir su preparación.

La escasez de personal también obliga a recurrir con mayor frecuencia a las horas extras, pagadas a una tarifa superior. Por ello, González considera que aumentar el salario base y estabilizar la plantilla podría generar ahorros a mediano plazo, además de mejorar la capacidad de respuesta de la agencia.

“Estamos gastando, en mi opinión, más dinero por no hacer el ajuste de pagar mejor”, señaló.

González afirmó que el condado tiene alrededor de 1.15 agentes por cada 1,000 habitantes y que debe aspira a acercarse a una proporción de tres por cada 1,000. Vinculó esa necesidad con el crecimiento demográfico y los grandes eventos que regularmente tienen lugar en el sur de Florida - la Super Bowl, Formula 1, Ultra Music Festival- que exigen despliegues extraordinarios sin descuidar la vigilancia cotidiana.

Una encuesta reciente de la propia agencia reforzó parte de ese planteamiento al hallar que el 77% de los participantes pidió una respuesta más rápida ante emergencias y el 64% quiso ver más agentes en sus comunidades. A la vez, el 70% expresó un nivel de confianza alto o muy alto en la Oficina del Sheriff.

Recortes en la burocracia

Aunque González reconoció que la alcaldesa Daniella Levine Cava ha incrementado la inversión en seguridad pública, consideró insuficiente la asignación propuesta de 978.1 millones de dólares para la Oficina del Sheriff. Según la propia alcaldesa, ese monto representa un aumento de 55.3 millones de dólares, cerca del 6%, suficiente para aumentar 200 posiciones adicionales.

El planteamiento del comisionado consiste en aplicar recortes en los distintos departamentos del condado en dependencia de sus funciones. Propone clasificar las funciones del condado según su importancia y proteger primero la policía, los bomberos, las carreteras, el transporte público, el agua, la recogida de basura y las bibliotecas. Después, dijo, correspondería examinar los programas y estructuras administrativas menos prioritarias.

“Hay departamentos que pueden hacer más y necesitan hacer más con menos”, sostuvo. “Y hay oficinas, como la Oficina del Sheriff, que necesitan ser más grandes porque tenemos más eventos y más población”.

Gobierno más pequeño

El comisionado afirmó que el gobierno condal “ha crecido demasiado” y sugirió comenzar la reducción en los niveles superiores, revisando la cantidad de gerentes y lo que llamó “supervisores de supervisores”. Aclaró que el proceso no podría completarse de un día para otro, pero insistió en que debe iniciarse si Miami-Dade quiere dedicar más dinero a los servicios esenciales sin aumentar la carga sobre los contribuyentes.

González citó como referencia la estrategia fiscal del gobernador Ron DeSantis, basada, según explicó, en reducir puestos mientras se preservaban recursos para seguridad e infraestructura. Cada aumento, insistió, tendría que responder a una necesidad esencial demostrable.

Presupuesto revisado

La transparencia constituye el tercer componente de su propuesta. González reconoció que la propuesta de presupuesto presentada este año permite un análisis más claro que el del ejercicio anterior y dio crédito a la administración por eliminar 419 puestos vacantes del Fondo General y reducir gastos por unos 79 millones de dólares. Sin embargo, consideró que esos esfuerzos todavía no bastan.

El comisionado reclamó avanzar hacia un presupuesto de base cero, en el cual cada Departamento tenga que justificar sus gastos desde el comienzo, en vez de tomar como punto de partida el monto recibido el año anterior. Además, pidió que las asignaciones pudieran revisarse línea por línea para identificar duplicidades, cargos innecesarios y posibles desperdicios.

“Hasta que hagamos un presupuesto de base cero, partida por partida, no vamos a poder identificar el malgasto”, advirtió.

También dijo que equipo se encuentra en conversaciones con departamentos condales para localizar eficiencias. También espera una reunión de los comisionados con responsables de las agencias antes de la reunión del presupuesto. La primera audiencia pública en el pleno de la Comisión condal será el 3 de septiembre, mientras que la segunda está programada para el 17 de septiembre.

Servicios esenciales

El comisionado rechazó que una eventual reducción del impuesto a la propiedad conlleve a una debilitación de la seguridad pública. Ante la votación del referéndum prevista para el 3 de noviembre, sostuvo que el Condado debe prepararse para operar con mayor disciplina y concentrar sus ingresos en las responsabilidades fundamentales.

Para González, la discusión no debe reducirse a escoger entre impuestos más bajos o más policías. La verdadera pregunta, afirmó, es si el gobierno está usando cada dólar de la manera más eficiente antes de pedir a los residentes que renuncien al alivio fiscal.

Aunque cuestionó las prioridades del proyecto presupuestario, evitó atribuir a Levine Cava un abandono de la seguridad pública. Recordó que durante su administración Miami-Dade logró salir del acuerdo de consentimiento que mantenía al Departamento de Correcciones y Rehabilitación bajo supervisión federal desde 2013. El aumento salarial, la contratación de funcionarios penitenciarios y otras reformas contribuyeron a reducir las horas extras y poner fin a casi 13 años de supervisión.

“Sería injusto decir que la alcaldesa no ha puesto énfasis en la policía y la seguridad pública”, reconoció. “Considero que necesita hacer mucho más”.

Alcaldesa y su propuesta

Levine Cava, por su parte, sostiene que su presupuesto demuestra que la seguridad pública es una prioridad. La alcaldesa destaca que la asignación para la Oficina del Sheriff aumentó de 610.7 millones de dólares cuando asumió el cargo en 2020 a los 978.1 millones de dólares propuestos ahora. También señala que el plan mantiene la tasa del impuesto a la propiedad en su nivel más bajo en décadas, elimina 419 vacantes y exige reducciones en otras dependencias. Aunque reconoce los retos para reclutar y retener agentes, advierte que cualquier incremento debe encajar en un presupuesto balanceado y preservar los demás servicios esenciales del condado.

cmenendez@diariolasamericas.com

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