Exilio cubano redobla esfuerzos por hacer cumplir ley contra dictadura en la isla

De hecho, los alcaldes de Miami-Dade, Miami, Doral y Coral Gables, Carlos Giménez, Francis Suárez, Juan Carlos Bermúdez, y Raúl Valdés Fauli, respectivamente, firmaron una carta, además de una pancarta, al presidente Donald Trump para poner en práctica las sanciones contra inversionistas extranjeros de los Títulos III y IV de la ley antes mencionada, o Cuban Liberty Act.

Asimismo, los comisionados de Miami-Dade Jose “Pepe’ Diaz y Esteban L. Bovo, el comisionado de Coral Gables Vince Lago,Jr. y los comisionados de Miami Joe Carollo, Willy Gort y Manolo Reyes firmaron el documento que será enviado al Presidente.

“La comunidad cubana exiliada está unida en apoyo a la implementación total de los Títulos III y IV”, señaló el presidente de la Brigada 2506, Johnny López de la Cruz, quien fue secundado por la presidenta del grupo MAR por Cuba, Sylvia Iriondo, que declaró: “La implementación total de los Títulos III y IV es necesaria para condenar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen comunista de Cuba contra el pueblo cubano y venezolano”.

Por otra parte, Orlando Gutiérrez Boronat, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a grupos opositores de dentro y fuera de la isla, argumentó que “el bloque de votantes cubanos, nicaragüenses y venezolanos en Florida apoyan totalmente la implementación de los Títulos III y IV”.

El pasado 16 de enero el presidente Trump implementó parcialmente, por primera vez desde 1996, cuando la citada ley fue adoptada por el Congreso de la nación, el aplazado Título III, que permite a los ciudadanos estadounidenses reclamar los daños o pérdidas antes mencionados.

La implementación completa del Título III daría luz verde a demandas por "daños a compañías no cubanas que invierten en bienes comerciales que fueron expropiados o confiscados" a sus dueños legales, declaró Gutiérrez a la agencia de noticias EFE.

La medida también podría impactar a las compañías de cruceros estadounidenses que "invierten en los muelles de La Habana o Santiago", ya que podrían afrontar demandas por daños en los tribunales de Estados Unidos, agregó Gutiérrez.

El alcance de la medida podría alcanzar también a cadenas hoteleras como la estadounidense Marriot o el grupo español Meliá, compañía que, según el activista cubano, "han invertido en propiedades y hoteles robados" por el régimen cubano.

En ese contexto judicial, los bienes de estas compañías, entre otras posibles, localizados en territorio estadounidense "podrían estar sujetos a una reclamación por daños causados" y al fallo consecuente de un juez federal.

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