Fiscalía estatal critica inacción del Gobierno en control de condominios en Florida

El mismo informe del jurado de instrucción criticó de manera severa la inoperancia del Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesiones (DBPR, por sus siglas en inglés) y puso en evidencia la falta de cooperación de los funcionarios de esa agencia en la investigación de la fiscalía. “A diferencia de otros funcionarios públicos que aparecieron de manera voluntaria, para tener la presencia de dos investigadores del DBPR fue necesario que emitiéramos dos citaciones. Además, todos los testigos del DBPR llegaron al jurado acompañados por abogados enviados por Tallahassee. Sus testimonios fueron prevenidos y tensos. Ninguno de ellos planteó una crítica o sugerencia para mejorar cualquiera de las prácticas del DBPR”.

De acuerdo con el jurado de instrucción, dos elementos básicos han empeorado: el acceso a los archivos y documentos de las asociaciones de propietarios o juntas de residentes, y la manera como esas asociaciones administran y ejercen su autoridad en los condominios.

Responsabilidad legal

En el primer punto –acceso a los archivos– las asociaciones han violado los estatutos de Florida en varios aspectos: la negativa a entregar documentos en el tiempo reglamentario de diez días. También han violado el derecho que tienen los residentes a recibir compensaciones o demandar a la asociación para que cumpla con el reglamento de entrega de documentos.

La ley de la Florida, con el objetivo de incentivar a los residentes para que se presenten como directores de las juntas de propietarios sin ánimo de lucro, exoneró esta posición de cualquier posibilidad de enfrentar un juicio civil. No obstante, esa inmunidad partía del principio de que esos directores actuarían de buena fe y con el cuidado de actuar siempre en el interés de todos los propietarios de los condominios.

Sin embargo, los mismos estatutos estatales estipularon que cualquier violación de esos principios y una negativa a cumplir sus funciones con rectitud, acarrearían para los directores responsabilidades penales.

El jurado de instrucción consideró que la negativa sistemática a dar los documentos pedidos por los residentes era un caso poderoso para levantar esa inmunidad. En ese sentido el jurado propuso cambios en los estatutos de la Florida referidos al tema de los directores y miembros de la junta y los castigos por no cumplir sus funciones.

Las penalidades

De acuerdo con el jurado, dos negativas a entregar documentos, en un periodo de 12 meses, haría responsable al director de la asociación y a sus miembros por los pagos que tendrían que hacer por daños y prejuicios hechos a un residente por la inacción del director y la junta.

Asímismo, si el director y los miembros de la junta destruyen documentos de la asociación o se niegan a crearlos o mantenerlos serán objeto de acciones penales. También si esa negativa a entregar archivos o documentos de la asociación o la destrucción de los mismos se utilizan para encubrir un delito, el director y los miembros de la junta serán objeto de una violación que será considerado como un delito grave en tercer grado.

Dentro de los cambios que propone el jurado de instrucción, también entran las empresas que prestan el servicio de administradoras de condominios. Dichas empresas, cuando terminen sus contratos con las asociaciones, deben entregar todos los documentos a la asociación durante los primeros diez días hábiles. Si esas compañías no cumplen con esa norma, serán multadas con 1.000 dolares por cada día de atraso, y si al cumplir los diez días no han devuelto los documentos, les será retirada su licencia.

Enriquecimiento ilícito

En cuanto al punto de la manera como los directores y los miembros de las juntas ejercen su poder, el jurado encontró que éstos aún se siguen enriqueciendo a través de contratos que conceden a sus socios o a familiares.

Uno de los puntos de fondo es el conflicto de intereses. “Cada miembro de este jurado de instrucción cree firmemente que un conflicto de interés existe cuando cualquier miembro de la junta, tiene el poder de votar a favor o en contra de conceder un contrato que involucra a un miembro de la junta, a uno de sus familiares o cualquier persona o entidad que tenga relaciones con ese miembro de la junta. Para nuestra sorpresa y desconcierto, lo que creíamos que era un principio elemental de ética que evitaría esa situación [de conflicto de interés] en apariencia no lo es”.

Otro gran factor de controversias y demandas fue la manera como se hacían las votaciones para elegir a los miembros de las juntas de asociaciones de residentes. La manipulación de los votos y la falsificación de los mismos. Otro gran factor de controversias y demandas fue la manera como se hacían las votaciones para elegir a los miembros de las juntas de asociaciones de residentes. La manipulación de los votos y la falsificación de los mismos.

Ante todas estas situaciones, el jurado de instrucción encontró la ineficiencia y la falta de compromiso del DBPR para resolver los conflictos, injusticias y quejas que presentaron cientos de residentes y series periodísticas aparecidas en los medios de comunicación en los últimos meses.

En el caso de alteración de las votaciones, según el jurado de instrucción, “escuchó abundante evidencia de fraude electoral, tanto por las quejas como por lo dicho por el monitor de elecciones. Cuando se le preguntó al investigador por qué un caso [sobre fraude electoral] fue cerrado, él repitió de manera insistente que no “había evidencia”. Es de resaltar que además de las quejas, al investigador se le dio una copia del reporte del monitor de elecciones así como los nombres de propietarios cuyos votos fueron depositados de manera fraudulenta. Sin embargo, cuando se le preguntó al investigador [por ese tema particular] admitió que él nunca había ido a la escena y ni había entrevistado a los testigos”.

Una de las preguntas que se hizo el jurado de instrucción es si la DBPR debía seguir como responsable de hacer cumplir las normas y regulaciones que gobiernan la actividad de las asociaciones de propietarios y residentes. A su parecer, debido a la ineficiencia y el “desgano” de los testigos que hablaron a nombre de la DBPR, “podría ser más efectivo remover por completo esta área [de supervisión de las asociaciones]de las responsabilidades de la DBPR”.

Severas limitaciones

En sus conclusiones, la investigación de jurado de instrucción encontró “severas debilidades dentro de las actuales leyes y normas que gobiernan los condominios, sus juntas y asociaciones”.

Por esa razón han propuesto subir las penalidades, convertir en delitos graves, las acciones irresponsables y fraudulentas de directores y miembros de las juntas de asociaciones.

En su documento, el jurado cree que a pesar de las innumerables quejas de los propietarios, hechas durante un largo periodo de tiempo, las autoridades estatales, el congreso estatal y las autoridades locales de policía han fallado en hacer ese problema una prioridad. En su documento, el jurado cree que a pesar de las innumerables quejas de los propietarios, hechas durante un largo periodo de tiempo, las autoridades estatales, el congreso estatal y las autoridades locales de policía han fallado en hacer ese problema una prioridad.

Entre las alrededor de 30 recomendaciones que da el jurado de instrucción, hay una que sobresale: separar de la DBPR la oficina de quejas relacionadas con condominios y asociaciones de propietarios. En este caso, este nuevo organismo de investigación tendría investigadores con experiencia y entrenamiento en los temas denunciados, la nueva agencia tendría autoridad real para llevar a cabo investigaciones criminales, tomar testimonios bajo la gravedad del juramento y recoger evidencias. También esos investigadores de la nueva oficina tendrían la autoridad para iniciar investigaciones basadas en sus observaciones personales. Es decir, no harían sólo investigaciones de oficio.

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