Florida ordena retirar lectores de matrículas de vehículos de carreteras estatales

La disposición aparece en el Memorando de Ingeniería y Operaciones 26-01, emitido por este Departamento el lunes 31 de agosto y dirigido a las agencias locales que poseen permisos para colocar estos dispositivos en derechos de vía pertenecientes al Sistema Estatal de Carreteras.

El documento, firmado por Will Watts, director de Operaciones y secretario adjunto de FDOT, revocó todos los permisos vigentes relacionados con lectores automáticos de matrículas, conocidos en inglés como Automated License Plate Readers o ALPR.

Las agencias tendrán 30 días, contados desde la fecha del memorando, para retirar los equipos. Si no lo hacen dentro de ese plazo, FDOT procederá a removerlos.

¿Dónde tendrán que retirar los lectores de matrículas?

La decisión afecta los dispositivos colocados dentro de los derechos de vía de carreteras bajo jurisdicción de FDOT, incluidos tramos de autopistas interestatales, carreteras federales y vías estatales.

La medida no equivale, por sí sola, a una prohibición general de todos los lectores de matrículas existentes en Florida. El memorando no alcanza automáticamente los equipos instalados en calles municipales, carreteras administradas por los condados o propiedades privadas.

No obstante, algunas oficinas del sheriff anunciaron decisiones más amplias y optaron por suspender completamente el uso de esa tecnología en sus respectivas jurisdicciones.

FDOT fundamentó su autoridad en la sección 316.0777 de los Estatutos de Florida, que permite al Departamento aprobar o rechazar las solicitudes de las agencias locales para colocar sistemas de reconocimiento de matrículas en derechos de vía estatales y ordenar su remoción.

El Departamento de Transporte también advirtió que podrá retirar inmediatamente cualquier dispositivo que represente un peligro para la seguridad vial o provoque una condición insegura, sin tener que esperar a que venza el plazo de 30 días.

Florida suspende futuros permisos para cámaras ALPR

Además de revocar las autorizaciones existentes, FDOT informó que dejará de aprobar nuevas solicitudes para instalar lectores automáticos de matrículas dentro de las áreas bajo su jurisdicción.

El memorando atribuyó la decisión al “aumento exponencial” de estos dispositivos en las carreteras de Florida, unido a informes preocupantes sobre utilización indebida, privacidad de los datos y posibles sistemas de vigilancia.

“Ameritan una acción inmediata para preservar la soberanía y la calidad de vida de los floridanos”, sostuvo el Departamento en el documento.

Función de estas cámaras

Los lectores fotografían las matrículas de los vehículos que pasan frente a ellos y pueden registrar otros elementos, como la marca, el modelo, el color y características particulares del automóvil. Esa información puede ser consultada por las autoridades para localizar vehículos robados, personas desaparecidas o automóviles relacionados con investigaciones criminales.

Una parte importante de estos equipos pertenece a Flock Safety, empresa que proporciona cámaras y una plataforma de búsqueda de datos a numerosas agencias policiales. Según flockcameralocations.com, en Florida hay instaladas unas 8,994 cámaras ALPR.

DeSantis advierte sobre una “prisión digital”

El gobernador reconoció que los lectores de matrículas en general pueden ayudar y ser muy útiles, pero estableció una diferencia entre sistemas como el cobro electrónico de peajes y la vigilancia.

“Creo que los ALPR pueden ser muy útiles. Por ejemplo, como los utiliza el estado para el pago de peajes mediante las matrículas, pero esa es una situación muy diferente a cuando los usamos para delitos penales”, declaró el gobernador durante una rueda de prensa el lunes en Jacksonville.

El mandatario centró sus cuestionamientos en el volumen de información recopilada y el destino final de esos registros.

“La pregunta es ¿adónde va toda esa información? ¿Cuántos datos están recopilando las compañías? Ellas afirman que no los van a utilizar indebidamente, pero nadie está supervisando eso”, afirmó.

“Yo sé que se puede hacer dinero vendiendo cámaras, pero se puede ganar aún más dinero vendiendo la información de las personas”, agregó.

DeSantis recordó que instó a la Legislatura estatal a establecer mayores protecciones para impedir que Florida se convirtiera “en una especie de prisión digital” o en un Estado donde sea posible conocer lo que hace una persona durante cada día de la semana.

“Lo que no queremos tener en Florida es un Estado de vigilancia digital donde todo lo que alguien haga sea recopilado”, insistió.

El gobernador también vinculó el debate con su propuesta legislativa conocida como la Declaración de Derechos del Ciudadano sobre Inteligencia Artificial que no avanzó en la Cámara de Representantes estatal.

“Pienso que estas cámaras con lectores de matrículas están fuera de control”, sostuvo DeSantis días antes de la publicación del memorando.

Caso de un agente de Brevard aumenta las preocupaciones

El mandatario aludió, sin mencionar su nombre, al caso de Michael Fultz, exagente de la Oficina del Sheriff del condado Brevard, quien había sido reconocido como “Agente del Año 2025”.

Fultz renunció después de que una investigación administrativa concluyera que consultó indebidamente en el sistema Flock la matrícula del vehículo de su expareja. La pesquisa determinó que realizó la búsqueda fuera de servicio y sin poder ofrecer una justificación policial válida.

“Cuando veo a un agente utilizando el sistema para vigilar a su exnovia, me pregunto qué diablos está pasando con esto”, manifestó DeSantis.

“Nadie ha sido más firme que yo en apoyar a los agentes del orden, pero no quiero que esto se convierta en un estado de vigilancia”, añadió.

El caso de Brevard no ha sido el único. Christopher Goodson, agente de la Policía de Haines City, Florida Central, fue arrestado tras ser acusado de consultar 717 veces en la plataforma Flock el vehículo de su esposa, de quien estaba separado, aunque ni ella ni el automóvil estaban relacionados con una investigación criminal. En el condado Sumter, al oeste de Orlando, la entonces detective Brandy Almany fue arrestada y despedida por presuntamente utilizar Flock y otras bases de datos policiales para obtener, por motivos personales, información sobre la exesposa de su marido. También habría creado registros falsos para presentar las consultas como parte de investigaciones legítimas.

Algunos sheriff suspenden las cámaras Flock

Varias agencias del noreste de Florida anunciaron que cumplirán la orden estatal, mientras algunas decidieron ir más allá y suspender por completo sus sistemas de lectores automáticos de matrículas.

El sheriff de Jacksonville, T.K. Waters, ordenó el cese inmediato de esta tecnología en todo el condado Duval, no solamente la remoción de los dispositivos instalados en carreteras estatales.

Waters reconoció que los lectores habían sido “una herramienta investigativa enormemente valiosa” para resolver delitos graves y localizar personas desaparecidas o vulnerables. Sin embargo, sostuvo que la decisión estatal y las preocupaciones expresadas por la comunidad justificaban suspender su utilización.

La sheriff del condado Clay, Michelle Cook, también anunció la remoción de los lectores. En el condado Nassau, encabezado por el sheriff Bill Leeper, la disposición afecta 34 cámaras Flock.

En el condado Putnam, el sheriff H.D. “Gator” DeLoach ordenó desconectar inmediatamente las 18 cámaras instaladas en las principales carreteras y retirarlas en un plazo de 30 días. También decidió cancelar el contrato y mantener suspendido el programa hasta que la Legislatura de Florida establezca reglas y protecciones más claras.

DeLoach señaló que el sistema había ayudado a localizar conductores desorientados con alzhéimer o demencia, rastrear sospechosos de homicidio, recuperar vehículos robados y resolver delitos graves. La oficina también colaboró con el FBI para encontrar a una adolescente de otro estado víctima de trata de personas.

Pese a esos resultados, DeLoach consideró que las dudas sobre la privacidad, el intercambio de datos, la supervisión gubernamental y la regulación de esta tecnología justificaban poner fin al programa. “La seguridad pública importa. La libertad individual también”, afirmó.

cmenendez@diariolasamericas.com

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FUENTE: FDOT