Florida propone prohibir el ingreso de inmigrantes indocumentados a los 28 colegios estatales

La regulación exigirá a cada junta directiva del Florida College System verificar que todos los estudiantes admitidos sean ciudadanos estadounidenses o residentes con presencia legal en el país, mediante documentación descrita como "clara, convincente, creíble y precisa".

Una audiencia pública sobre la propuesta fue convocada para el 14 de mayo en las instalaciones de Miami Dade College.

La medida no afectará a las 12 universidades estatales de Florida, sino exclusivamente al sistema de colegios públicos, que constituye la principal puerta de acceso a la educación superior para miles de estudiantes de bajos ingresos en el estado.

Requisitos de la nueva norma

Según el texto de la propuesta, cada junta directiva de las instituciones deberá "garantizar que todos los estudiantes admitidos en la institución del Florida College System sean ciudadanos de Estados Unidos o se encuentren legalmente presentes en Estados Unidos". Los aspirantes tendrán la obligación de presentar documentación que acredite su ciudadanía o estatus migratorio legal antes de formalizar su admisión.

La norma también incluye una disposición adicional que otorga a los colegios estatales la facultad de rechazar la admisión o matrícula de un solicitante por antecedentes de mala conducta, cuando la institución lo considere pertinente para resguardar sus intereses.

Antecedentes legislativos

La propuesta del Departamento de Educación se produce tras múltiples intentos de legisladores republicanos por restringir la presencia de estudiantes no estadounidenses en los establecimientos públicos de educación superior de Florida, incluso de aquellos que se encuentran en el país de forma legal.

Durante la sesión legislativa de 2026, el proyecto de ley HB 1279, impulsado por la representante Jennifer Kincart-Johnson, republicana por Lakeland, contempló inicialmente un tope del 5% para la admisión de estudiantes no residentes en las universidades estatales. Sin embargo, el Senado eliminó esa disposición de la versión final enviada al escritorio del gobernador Ron DeSantis.

Por su parte, el proyecto SB 1052, presentado por la senadora Erin Grall, republicana por Vero Beach, proponía prohibir a todas las instituciones de educación superior la admisión de cualquier persona que no fuera ciudadana o residente legal. Ese proyecto nunca fue escuchado en comité durante esta sesión legislativa.

Una tercera iniciativa, el HB 721 del representante Berny Jacques, republicano por Seminole, buscó establecer un porcentaje máximo de estudiantes extranjeros sin residencia permanente; esa propuesta recibió solo una audiencia y no llegó al pleno de la Cámara.

Un eslabón más en la cadena

La propuesta representa una escalada en las políticas restrictivas hacia los inmigrantes indocumentados en el ámbito educativo de Florida.

En febrero de 2025, la legislatura estatal ya había eliminado las tarifas de matrícula reducida (in-state tuition) para aproximadamente 6.500 estudiantes inmigrantes que fueron traídos al país de forma irregular cuando eran menores de edad. Esa medida revirtió una política de una década que contó con respaldo bipartidista.

A esa restricción se sumaron otras acciones del estado durante el gobierno de DeSantis, como la exigencia de que los 67 condados de Florida suscribieran acuerdos 287(g) de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que convirtió a Florida en el primer y único estado en imponer dicha obligación a todos sus gobiernos locales.

Impacto económico y educativo

El Florida Policy Institute, un centro de estudios sobre políticas públicas, señaló que las restricciones a la matrícula de inmigrantes en la educación superior tendrán consecuencias negativas para las instituciones y la economía del estado.

Según la organización, "menos acceso a la educación solo significará menos ingresos para las instituciones, menos graduados y una reserva de talento cada vez más reducida".

El mismo instituto advirtió que los estudiantes internacionales, independientemente de su estatus migratorio, han contribuido al cumplimiento de las metas de educación superior de Florida, incluida la iniciativa SAIL to 60, lanzada en 2019 con el objetivo de aumentar la proporción de trabajadores capacitados y con formación superior en el estado.

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