El fiscal general de Florida, James Uthmeir, solicitó revertir la metodología del empadronamiento de 2020 para recuperar una “representación justa” en el Congreso federal
James Uthmeier, fiscal general de Florida.
Oficina del fiscalMIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó una petición ante la Oficina del Censo de Estados Unidos para modificar el recuento poblacional del año 2020, tras argumentar que la metodología vigente habría provocado una “pérdida injusta de escaños” y “fondos federales para el territorio” floridano.
La reclamación del fiscal general surge a partir de la publicación de datos que revelan lo que denominó una “subestimación de la población en Florida”, como también en otros cinco estados de tendencia conservadora durante el último escrutinio poblacional.
Según el abogado del estado, este “error de cálculo” costó a los floridanos la pérdida de al menos un puesto en la Cámara de Representantes y una reducción significativa de recursos nacionales.
Como contraparte, la oficina del fiscal sostuvo que los estados de inclinación demócrata retuvieron cargos que ya no les correspondían por derecho, de acuerdo con su tesis.
Un comunicado del fiscal señala que estas “cifras inexactas” son el resultado de un enfoque que contabiliza a todas las personas presentes físicamente en el territorio, sin importar su estatus migratorio ni su ciudadanía.
Según la perspectiva de Uthmeier, esta táctica concede una mayor cuota de poder a los estados con gran cantidad de inmigrantes indocumentados y diluye la influencia de aquellos territorios con una adhesión estricta a las leyes de la nación.
Para sustentar su postura, el representante legal de Florida citó el propósito fundacional de este instrumento demográfico: “El censo se diseñó para garantizar la representación equitativa de los ciudadanos de Estados Unidos, no de aquellos que se encuentran aquí de forma ilegal o temporal”.
A lo que agregó: “La forma en que contabilizamos a nuestra población tiene un impacto directo en cómo se distribuye el poder político en todo el país, y nuestro estado merece un recuento preciso que garantice que los floridanos estén representados de manera justa”.
Para revertir las presuntas deficiencias sistémicas y restaurar el equilibrio constitucional original, la petición insta a la institución a adoptar medidas concretas orientadas a regresar a los estándares históricos.
De acuerdo con Uthmeir, se debe preguntar de forma obligatoria sobre la ciudadanía y el estatus migratorio de los habitantes.
Asimismo, la fiscalía pidió excluir del proceso de reparto electoral a los pobladores temporales y a los hijos de estos grupos. También exigió detener el uso de inferencias estadísticas para establecer los números definitivos.
Esta controversia forma parte de una prolongada batalla por el peso electoral y las políticas de inmigración en el país.
Durante la primera administración de Donald Trump, las autoridades federales intentaron añadir la pregunta sobre ciudadanía al cuestionario, un paso que encontró obstáculos legales.
Tras la difusión de las métricas oficiales del ciclo pasado, la dirigencia republicana de Florida, con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, impulsó quejas constantes para denunciar que el esquema actual favorecería a las administraciones demócratas y mermaría la capacidad de voto de los ciudadanos legítimos.
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