Haitianos marchan en North Miami para exigir extensión del TPS antes del fallo de la Corte Suprema

La protesta fue organizada por la organización Family Action Network Movement (FANM) y sus aliados, en una jornada que reunió a líderes comunitarios, activistas y funcionarios electos, entre ellos la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien expresó públicamente su respaldo a la comunidad haitiana.

“Miami-Dade está con nuestra comunidad haitiana. Insto a la Corte Suprema de Estados Unidos a mantener el fallo de la jueza Ana Reyes, [magistrada del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia] y preservar el TPS para Haití. Este es un lugar donde todos pertenecen, y siempre apoyaré a las personas y familias que están aquí siguiendo nuestras leyes y contribuyendo a nuestra comunidad”, afirmó Levine Cava.

La alcaldesa agregó que “no es momento de enviarlos de regreso a Haití. No es momento de separar familias.

Necesitamos asegurarnos de que estén seguros”.

Qué es el TPS y por qué Haití lo recibió

El TPS es un estatus migratorio temporal creado por el Congreso en 1990 que permite a ciudadanos de determinados países vivir y trabajar legalmente en EEUU cuando regresar a su nación representa un peligro por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.

Una vez otorgado, el beneficiario recibe protección contra la deportación y autorización temporal de trabajo.

Haití recibió esta designación por primera vez en 2010, inmediatamente después del devastador terremoto de magnitud 7.0 que dejó cientos de miles de muertos y una profunda crisis humanitaria. Desde entonces, este estatus ha sido prorrogado durante 16 años debido a desastres continuos, colapso institucional, violencia de pandillas y una severa inestabilidad política en el país caribeño.

“Es cruel deportarlos”, advierte FANM

Durante la manifestación, Paul Namphy, representante de FANM, advirtió que Haití no ofrece hoy condiciones mínimas de seguridad para el retorno de sus ciudadanos.

“Es cruel amenazar con deportarlos a un Haití que se encuentra en una situación extremadamente incierta en este momento, donde sus vidas estarían en riesgo”, expresó.

Namphy insistió en que miles de familias quedarían expuestas a un escenario de violencia extrema si se elimina la protección migratoria.

Actualmente, el Departamento de Estado mantiene a Haití bajo alerta de viaje nivel cuatro, la más alta posible, con una advertencia de “No viajar” debido al crimen, terrorismo, secuestros y disturbios civiles.

La batalla legal y el fallo que espera la Corte Suprema

La Administración del presidente Donald Trump intentó poner fin al TPS para Haití el verano pasado, pero la medida fue bloqueada por un juez federal. Posteriormente, en febrero de 2026, la terminación quedó suspendida de forma indefinida mientras avanzaba la apelación del Gobierno.

Es decir, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado entonces por la exsecretaria Kristi Noem, anunció formalmente la cancelación del TPS con fecha efectiva del 3 de febrero de 2026, una orden judicial mantuvo vigente la protección y los permisos de trabajo mientras el caso llega a la Corte Suprema.

El máximo tribunal escuchará los argumentos esta semana y se espera una decisión definitiva entre mayo y junio de 2026.

De confirmarse la terminación, más de 350.000 haitianos podrían perder su estatus legal y quedar expuestos a procesos de deportación.

El Congreso también se mueve

En paralelo al litigio judicial, la Cámara de Representantes aprobó el pasado 16 de abril un proyecto de ley para extender el TPS a los haitianos por tres años.

La medida fue aprobada con 224 votos a favor y 204 en contra, y obligaría al Departamento de Seguridad Nacional a redesignar formalmente a Haití para este beneficio migratorio, permitiendo que los beneficiarios permanezcan en el país y mantengan su autorización de trabajo.

Entre los votos más destacados estuvieron los de los congresistas republicanos cubanoamericanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, quienes respaldaron la extensión junto a otros siete conservadores que rompieron líneas partidistas.

Sin embargo, el Senado aún no ha votado la propuesta y su futuro legislativo sigue siendo incierto.

Mientras tanto, la comunidad haitiana mantiene la presión pública y judicial, convencida de que devolver hoy a miles de familias a Haití significaría enviarlas de regreso a una crisis humanitaria sin salida.

cmenendez@diariolasamericas.com

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