La congresista Frederica Wilson denunció presiones del Departamento de Seguridad Nacional para que miles de migrantes abandonen el país antes del 3 de febrero
La congresista demócrata Frederica Wilson (i), en una imagen de archivo.
EFE/MICHAEL REYNOLDSMIAMI.– La congresista demócrata de Florida Frederica Wilson pidió al presidente Donald Trump la extensión inmediata del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos haitianos, tras denunciar que miles de sus electores reciben “amenazas directas de deportación” a pocos días de que expire el amparo migratorio.
En una misiva enviada a la Casa Blanca y respaldada por más de una docena de legisladores, la representante floridana alertó sobre una campaña de presión por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según Wilson, la agencia federal envía correos electrónicos a los beneficiarios del programa con la instrucción de "autodeportarse" bajo pena de arresto y prohibición permanente de reingreso al país si permanecen después de la fecha límite.
La administración Trump anunció a finales de noviembre su decisión de poner fin al TPS para Haití, medida que entrará en vigor el próximo 3 de febrero.
Esta determinación deja en un limbo legal a aproximadamente 500.000 haitianos y sus familias, quienes perderán sus permisos de trabajo y la protección contra la deportación.
El sur de Florida, donde reside la mayor concentración de esta diáspora en Estados Unidos, se prepara para el impacto económico y social de la medida.
"Están aterrorizados", aseguró Wilson en un comunicado. Para la congresista, la negativa a renovar el estatuto constituye un acto "inhumano" y una "sentencia de muerte", dada la imposibilidad de garantizar un retorno seguro a la nación caribeña.
Informes recientes de la ONU señalan que las condiciones de seguridad en Haití han alcanzado un deterioro sin precedentes, superior incluso al periodo posterior al terremoto de 2010, evento que motivó la creación original del TPS para el país.
Actualmente, Haití enfrenta un colapso casi total de sus instituciones. Puerto Príncipe, la capital, se encuentra cercada en gran medida por coaliciones de pandillas armadas que controlan el acceso a suministros básicos, carreteras y hospitales.
Wilson destacó en su carta la existencia de una "guerra abierta", caracterizada por violencia sexual sistemática contra mujeres y niñas, el cierre indefinido de escuelas y la paralización de la vida económica.
"La gente se ve obligada a obedecer las órdenes de las pandillas. Esta es una crisis humanitaria inimaginable", sentenció la legisladora.
Expertos en seguridad internacional advirtieron que el Estado haitiano carece de la capacidad mínima para recibir y reintegrar a medio millón de deportados, lo que podría agravar aún más la inestabilidad en la región.
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