Joe Carollo: el juicio de verdad comienza con la apelación

El comisionado del distrito 3 de Miami en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS abordó los distintos puntos del juicio en su contra de los empresarios Bill Fuller y Martin Pinilla, a pesar de que reconoce “estar muy limitado de lo que puede decir”.

El 1 de junio, un jurado de seis miembros, halló culpable al comisionado Carollo de violar la Primera Enmienda de la Constitución Federal, abusar de poder y hostigar a los dos empresarios de la Pequeña Habana como represalia por haber apoyado al candidato Alfonso León, rival político de Carollo en la contienda electoral del año 2017.

Sobre el juicio el comisionado afirmo que los demandantes tuvieron 18 días enteros para traer testigos y formular las preguntas que quisieron.

“Sin embargo, nosotros, la defensa, tuvimos casi tres días y medio para presentar testigos. No pude traer gran parte de mis testigos. No pude traer ni solo un residente de la Pequeña Habana de los que, por tantos años, no dejaban dormir con la música a todas horas del día y la noche. Ni a los residentes que tenían sin dormir en un barrio residencial porque estaban usando el césped de una iglesia como parqueo ilegal. No pude traer a ningún comerciante, ni a ningún dueño de local de la Calle 8”, se quejó el comisionado.

Según Carollo, estuvo limitado al testimonio de pocos testigos entre ellos el de Daniel Alfonso, primer administrador de la alcaldía de Tomás Regalado, quien dejó claro que “yo no le di ninguna orden de nada -para actuar contra esos locales-, como el señor Fuller había declarado y otro testigo”.

El comienzo

Carollo considera que él se ha limitado a cumplir con su deber de oficial electo, mantener el orden, la convivencia y procurar que se cumplan las normas en su distrito.

En 2017, “13 días después de que fui electo, se me informa que, en un lugar, que querían convertir en el “Tower Hotel”, en la 7 Calle del SW y la 15 Avenida, se estaba dando una fiesta de Navidad”, recordó el comisionado.

Carollo sostuvo que esa información le tomó por sorpresa, al saber que desde mayo del 2012 ,“cinco años y medio antes de ser comisionado, los inspectores de estructura de la ciudad de Miami lo habían clausurado al hallar que estaba destruido entero por dentro”.

“¿Cómo un lugar que ha sido cerrado en 2012 por ser inseguro, que no ha realizado ningún arreglo desde entonces, seis años después está haciendo una fiesta, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que están ahí? Pues, yo simplemente llamé al administrador y se lo informé”, indicó Carollo.

El comisionado aseguró que el 8 de enero de 2018, tres semanas después de la fiesta de Navidad, “la Ciudad envió inspectores a revisar el lugar y encontró que estaba en el mismo estado de la inspección de 2012. Lo tuvieron que cerrar nuevamente por ser una estructura insegura”.

“En febrero, el ahora demandante, fue a la Junta de estructuras inseguras, donde le dieron unos meses para que arreglara el problema. Cuando estaba a punto de vencer el tiempo, el demandante entró en un arreglo con la Ciudad de Miami, en el que admitió que todo lo que la Ciudad había señalado y las obras realizadas sin permiso eran verdad. Sin embargo, la culpa es mía”, apuntó el comisionado.

Mucho antes

Para Carollo es importante establecer que los problemas de los empresarios con la Ciudad comenzaron antes de él ser comisionado, y eran causados por las violaciones que cometían estas personas. “En el año 2017, antes de ser jurado comisionado, ya existen seis quejas por tickets -multas- que les pusieron oficiales de código por tener música alta.

Carollo afirmó que tenían abierto esa parte del establecimiento sin permiso de funcionamiento. “Por ello, no podían tener ni una sola persona ahí, ni vender ni una croqueta, no podían tener música y mucho menos, podían vender alcohol porque carecían de licencia en la parte de atrás del local para dispensar bebidas alcohólicas. ¿Cómo es que durante seis años ningún inspector de la ciudad, ningún inspector de alcohol vio absolutamente nada?, se preguntó. “Todo eso ocurrió antes de yo llegar”, aclaró.

También se refirió a las multas que les pusieron a los demandantes por tener unos contenedores marítimos, “que cortaron en tercios, para hacer un pulguero”. Ellos demandaron a la Ciudad en la Corte del condado. “Y un panel de tres jueces declaró que la Ciudad estaba en lo correcto”. Ese problema empezó “seis meses antes de yo ser electo”.

Los empresarios, según Carollo

Fuller y Pinilla tienen más de 40 locales en la Pequeña Habana, directa e indirectamente emplean a más de 600 personas y según declararon pagan más de 700.000 dólares en impuesto a la propiedad. El comisionado afirmó tener pruebas que demuestran que había empleados de zonificación y código que estaban protegiendo a los empresarios. “Cualquier cosa que pasara en la Pequeña Habana tenía que ser filtrada a ellos. Tenemos los emails de oficiales de código que firmaron que -los empresarios- habían hecho arreglos que nunca se efectuaron. Emails que el demandante le envió a otro funcionario de la Ciudad para que intercediera porque le iban a multar”.

Carollo sostiene que el demandante “envió una carta a un funcionario de zonificación donde explicaba cómo quería que le otorgaran la autorización para el contenedor del local de “Sándwich de Miami”. ¿Qué residente puede hacer esto?”

Asimismo, el comisionado aseguró tener una gran relación con el resto de los empresarios de la Pequeña Habana. “Eso les molesta”, la excepción es de algunos que les rentan a ellos los locales. “Solo hay que hablar con los dueños de “El Salado”, “El Mofongo”, “La Trova” y de “Cuba Ocho” y preguntarle qué piensan”, exhortó Carollo.

“Ellos -los demandantes- tienen la Pequeña Habana bajo intimidación, bajo terror. Todos esos comerciantes que te he mencionado y algunos más que se me han olvidado, recibieron -una solicitud- a través del caso de la demanda que tienen en contra de Ciudad, para que les permitieran inspeccionar sus locales para ver si podían encontrar las mismas violaciones de código -que ellos tienen en sus locales-.

Violaciones

En una ocasión, “tuvimos que ir a retratar porque estaban parqueando en un aparcamiento ilegal y la administración de Emilio González no estaba haciendo nada. Queríamos presentar la evidencia. No tenía otra manera de defender a mis residentes y que tuvieran un barrio seguro… Adquirimos esas pruebas y cuando el Departamento de Parqueo de Miami supo que estaban parqueando ilegalmente en un barrio residencial, donde no se puede llevar ningún negocio de comercial de parking, lo cerró”, aseguró.

El comisionado alegó que en la demanda en su contra sostenían que “yo había enviado a -los inspectores de- código para que cerraran una fiesta” en Union Beer, sabiendo que el local era propiedad de los demandantes, para ahuyentar a los clientes”.

Sin embargo, “Emilio González describió que lo que estaba pasando era una locura. Tenían un ring de lucha libre en la parte de atrás del local, todo el mundo tomaba cerveza en el medio de la calle, por la acera, habían parado el tráfico y no tenían permiso de la Ciudad para hacerlo y tomó la decisión de cerrarlo”.

La demanda

“Metieron un cuento de que todo esto sucedió porque, ellos -los demandantes- dejaron que hicieran un rally en favor de mi contrincante en su local. Por algo tan mínimo como eso, es absurdo que alguien piense que una persona que lleva tantos años en la vida pública vaya a explotar y a perseguir a alguien. ¿Por qué no pudieron traer a la Corte algún testigo de los que apoyaron a Alfonso León, ni al propio León para quejarse y decir que Carollo los persiguió?”

“Ellos dicen que yo violé sus derechos civiles de libertad de expresión porque se expresaron en favor de Alfonso León”, Carollo cree que la realidad está en las violaciones que cometieron en el Hotel Tower, en Ballet Parking ilegal, en el Sándwich de Miami, en el Market Place, en Union Beer o en el propio local Ball & Chain.

Apelación

Carollo tiene 58 días para apelar la decisión del jurado que le impone pagar 63.5 millones de dólares. Pero el político de 68 años se siente optimista.

“Voy a decir lo que indicó un abogado que lleva años haciendo solo apelaciones. Me dijo que nunca había visto un caso tan obvio de ganar en una apelación. Por una parte, se puede ganar, sin tener que ir a ningún otro juicio, si la Corte toma la decisión de decir: ésta es la evidencia que se presentó y ésta es la ley”.

“Por el otro lado, puede mandar el caso a un nuevo juicio, porque ese mismo Onceno Circuito, este mismo año, en un fallo similar, sostuvo que no importa la razón por la que se investigue a alguien, mientras haya causa probable de alguna violación o alguna razón. En todos estos ejemplos que aquí mostramos había causa probable”.

Los pagos del juicio

Carollo fue rotundo al decir que “de ninguna manera existe la posibilidad de “que la Ciudad de Miami tenga que pagar ni un centavo de esos 63.5 millones de dólares que me han impuesto a mí. Eso va contra mí, no contra la Ciudad”.

Al político el monto le parece desproporcionado, “sumando los cuatro casos más famosos de EEUU de muerte por imprudencia”, entre ellos el George Floyd, Arthur McDuffie, el caso de la esposa de O.J Simpson, Nicole Brown y Ron Goldman y el de Rondney King, “en los que en total hubo cuatro muertos, un herido, que estuvo semanas en un hospital, manifestaciones y destrozos, entre todos pagaron lo mismo que me imponen a mí.

“Yo no maté a nadie, no herí a nadie, no le rompí la cabeza a nadie, no presentaron pruebas ni siquiera de que se gastaron 25 centavos en comprar una aspirina, ni la declaración de un médico o un psicólogo, ni un psiquiatra, ni los costos de un tratamiento, nada”.

“El demandante tuvo que admitir que tuvo dos hijos, en ese período, a pesar de decir que se estaba poniendo tan gordo porque tenía ansiedad, por no dormir de noche. Te imaginas que te demanden porque no pueden dormir de noche dos individuos que son dueños de clubs nocturnos. Claro que no van a dormir, si están abierto hasta las tres de la mañana”.

Carollo aseguró que los demandantes lo han intentado todo para sacarlo de la Comisión, “un revocatorio que no ganaron, en la última elección, que gané con el 65% del voto. Están tratando de hacer lo que no pueden de una manera democrática.

Por último, dejó claro que los 1.9 millones de dólares que, por ley, ha gastado la Ciudad en su defensa, no le ha costado ni un centavo al contribuyente, lo pagó un seguro que el Ayuntamiento tiene para estas demandas.

@menendezpryce

 NULL