MIAMI.- La Comisión de la Ciudad de Miami se reúne para discutir una serie de asuntos, y se espera que los comisionados contemplen, de alguna manera, la demanda y veredicto del caso los empresarios Bill Fuller y Martín Pinilla contra el legislador municipal Joe Carollo.
De hecho, la alcaldía de Miami emitió un comunicado en el que plantea que “los honorarios de abogados, como resultado de este litigio, han sido cubiertos por la Ciudad de Miami” y especifica que, acorde con la ley estatal de Florida, que plantea la obligatoriedad de pagar honorarios relacionados con funcionarios electos, “creemos que los funcionarios electos tienen derecho y se les otorga una defensa hasta la finalización del proceso de apelación”.
La notificación de la alcaldía plantea además que “son conscientes de que el resultado final del litigio civil podría tener un impacto material en otro litigio que involucra a estos mismos demandantes y la Ciudad de Miami” por lo que “la necesidad de apelar este veredicto del jurado es importante, ya que garantiza la capacidad de la Ciudad para hacer cumplir el código, proteger nuestra calidad de vida y garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros residentes y visitantes”.
Por otra parte, el comisionado Manolo Reyes emitió una notificación en la que señala: “Según el Departamento Legal de la Ciudad de Miami, la Ciudad de Miami NO tiene responsabilidad financiera por el veredicto de la demanda Fuller v. Carollo (63 millones de dólares por apelar) porque la Ciudad no era parte del litigio. Además, el estatuto de la Ciudad de Miami prohíbe pagar un enjuiciamiento por conducta intencional que fue lo que determinó el jurado”.
Luego coincide con el informe de la alcaldía y explica: “La Ciudad de Miami debe continuar pagando los gastos legales del proceso de apelación debido a que así lo establece los Estatutos de la Florida y los precedentes avalados por la Corte Suprema del estado. Si la Ciudad de Miami se reúsa a continuar pagando por los gastos de apelación, la Ciudad de Miami estaría sujeta a ser demandada por el comisionado Joe Carollo”.
Más tarde asegura que “los honorarios por gastos legales NO FUERON PAGADOS CON DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES, fueron cubiertos por la póliza de un seguro”.