¿La nueva regla de carga pública afecta a los cubanos? Una abogada responde las principales dudas

Las dudas son frecuentes entre cubanos que llegaron en los últimos años mediante distintas figuras migratorias y que, durante meses, no contaron con autorización para trabajar.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, la abogada de inmigración Deliane Quiles, de Gomez Quiles Law, PLLC, explicó el alcance de la nueva regulación, precisó quiénes podrían verse afectados y aclaró cómo aplica en el caso de los cubanos.

Muchas personas llegaron a Estados Unidos bajo programas recientes y, al no tener autorización para trabajar, recurrieron a ayudas públicas para sostenerse. ¿Ese historial podría afectar una futura solicitud de residencia permanente?

Sí, potencialmente podría ser un elemento que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tome en consideración, aunque no implica una descalificación automática.

“La ley exige que USCIS analice la totalidad de las circunstancias de cada solicitante, incluyendo la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos económicos, la educación, las habilidades y cualquier otro factor relevante para determinar si es probable que esa persona se convierta en una carga pública en el futuro”, explicó Quiles.

¿Qué beneficios públicos podrían influir en esa evaluación?

La especialista señaló que la nueva normativa no establece un listado cerrado de programas.

Según explicó, USCIS podrá considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos cuando estime que son relevantes para analizar la probabilidad de que una persona dependa del gobierno en el futuro.

No obstante, enfatizó que recibir ese tipo de asistencia no significa automáticamente que una solicitud de residencia permanente vaya a ser rechazada.

Además, recordó que existen categorías migratorias que, por disposición legal, están exentas de la causal de inadmisibilidad por carga pública.

¿Qué recomienda a quienes hoy dependen de esas ayudas porque legalmente no pueden trabajar, pero planean solicitar la residencia?

Lo primero, dijo, es no tomar decisiones apresuradas.

“No renuncien a beneficios para los que califican legalmente sin consultar primero con un abogado de inmigración. Cada caso es diferente.” “No renuncien a beneficios para los que califican legalmente sin consultar primero con un abogado de inmigración. Cada caso es diferente.”

También aconsejó conservar documentación que explique por qué fue necesario solicitar esa ayuda. Si la persona no tenía autorización para trabajar o atravesaba una situación económica temporal, esas circunstancias pueden ser relevantes durante la evaluación.

Asimismo, recomendó que, una vez obtenido el permiso de empleo, el solicitante procure demostrar estabilidad laboral, ingresos, cumplimiento de sus obligaciones fiscales y cualquier otra evidencia que refleje autosuficiencia económica.

Existe preocupación entre la comunidad inmigrante. ¿Quiénes podrían verse realmente afectados por esta política y quiénes no deberían entrar en pánico?

Quiles explicó que la medida aplica únicamente a las personas sujetas a la causal de inadmisibilidad por carga pública al solicitar una visa, la admisión al país o el ajuste de estatus, como ocurre en muchas peticiones familiares y laborales.

En cambio, recordó que numerosas categorías migratorias están expresamente exentas por ley, entre ellas los refugiados, los asilados y otras categorías humanitarias creadas por el Congreso.

Incluso entre quienes sí están sujetos a la evaluación, insistió en que el uso de beneficios públicos constituye solo uno de los factores que pueden ser analizados y no determina, por sí solo, el resultado del caso.

Muchos cubanos ingresaron mediante parole humanitario, I-220A o CBP One y algunos recurrieron a ayudas públicas antes de obtener autorización de empleo. ¿Cómo podría influir esa situación cuando soliciten la residencia?

“No es posible generalizar porque cada grupo tiene circunstancias legales distintas”, respondió la abogada.

Explicó que los cubanos que soliciten la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano están exentos de la causal de inadmisibilidad por carga pública.

Sin embargo, precisó que si un ciudadano cubano presenta su ajuste de estatus mediante una petición familiar, esa evaluación sí podría aplicarle.

Entonces, ¿los cubanos que soliciten la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano deben preocuparse por haber recibido ayudas públicas?

“En términos generales, no”, afirmó Quiles.

“La propia normativa reconoce expresamente que las personas elegibles para ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano están exentas de la causal de inadmisibilidad por carga pública. Esto significa que, para quienes realmente califican bajo esa legislación, haber recibido beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, incluso por no haber contado inicialmente con autorización para trabajar, no debería perjudicar su solicitud de residencia bajo este análisis.”

No obstante, la especialista subrayó que esa exención solo beneficia a quienes reúnen los requisitos para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

“Cada caso debe analizarse individualmente para confirmar que el solicitante cumple con todos los requisitos de esa ley y que no existe otro motivo de inadmisibilidad que pudiera afectar su caso. Por eso siempre es recomendable consultar con un abogado de inmigración antes de presentar la solicitud.”

Una recomendación para quienes aún tienen dudas

Quiles insistió en que, pese a la preocupación generada por la reactivación de la norma de carga pública, ninguna persona debería tomar decisiones basadas en información incompleta o rumores.

La especialista recomendó buscar asesoría legal antes de renunciar a beneficios públicos o presentar una solicitud de residencia permanente, ya que cada caso es evaluado de manera individual y las consecuencias pueden variar según la categoría migratoria bajo la cual se tramite el beneficio.

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