Líderes y activistas piden a Doral revocar acuerdo con ICE, alcaldesa responde

Los participantes en el acto argumentaron que la colaboración entre la Policía local y ICE habría deteriorado la confianza de los inmigrantes en las autoridades, además de agravar el temor que afecta a familias, trabajadores y comerciantes.

La alcaldesa Christi Fraga salió al paso y dijo que comparte la preocupación por el sufrimiento de las familias, pero advirtió que poner fin al convenio no modificaría las leyes migratorias ni impediría que agentes federales realizaran operaciones dentro de la ciudad.

“Derogar la resolución 287(g) no cambia las leyes federales de inmigración ni las políticas federales de cumplimiento migratorio”, afirmó Fraga. “La aplicación de las leyes de inmigración es una responsabilidad federal, y las operaciones federales no terminan en los límites municipales de Doral”.

El Concejo Municipal autorizó por unanimidad la adhesión de Doral al programa en abril de 2025. El convenio, suscrito en enero de 2026 bajo el modelo de fuerza de tarea, faculta a determinados agentes locales, previamente seleccionados y capacitados, para ejercer funciones migratorias limitadas durante sus labores habituales.

Las recientes redadas de ICE en distintos puntos de Doral han acrecentado el temor entre familias inmigrantes, incluidas algunas con solicitudes de asilo pendientes, permisos de trabajo vigentes y sin antecedentes penales, según denuncias. Comerciantes locales atribuyen a la presencia de agentes federales la disminución de clientes y caídas de hasta 70% en las ventas de algunos establecimientos.

Reclamos frente al Ayuntamiento

Los reclamos provinieron de distintos sectores políticos y comunitarios. Annette Taddeo, exsenadora estatal y candidata demócrata a directora financiera de Florida, afirmó que el programa fue presentado como una herramienta de seguridad, pero produjo un efecto distinto.

“El 287(g) se vendió como seguridad pública. Hizo lo opuesto: lo que realmente causó fue miedo”, declaró.

Taddeo indicó que algunos padres buscan quién transporte a sus hijos hasta la escuela porque temen salir y que varios restaurantes ofrecen entregas gratuitas ante la disminución de clientes.

“Piensen en eso por un segundo. Tenemos negocios aquí mismo, en Doral, que están teniendo que recurrir a servicios de entrega gratis porque muchas personas no quieren salir”, expresó.

La exlegisladora aseguró que el gobierno municipal aún puede revertir la decisión. “Ellos pueden en este momento retroceder. Nosotros, como comunidad, estamos viendo lo que ha sucedido”, manifestó.

Por su parte, Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, acusó al gobierno municipal de facilitar la política federal de deportaciones.

Ferro calificó el convenio como “una luz verde para convertir al gobierno local en un brazo de la maquinaria de deportación federal” y aseguró que desde su firma aumentaron el miedo y la incertidumbre.

“Doral es una ciudad fantasma. Familias con temor de mandar a sus hijos a la escuela, con temor de ir a trabajar, con temor de salir por la puerta de su propia casa”, afirmó.

Entretanto, el excongresista federal demócrata Joe García dijo que advirtió a funcionarios de Doral antes de la aprobación.

“Yo los llamé: ‘Señores, no firmen esto, es indigno’. Y lo hicieron de todas maneras, en su afán de ser republicanos antes que responsables”, afirmó.

Javier Fernández, alcalde de South Miami, destacó los efectos económicos del temor relacionado con las operaciones migratorias. Según explicó, algunos comerciantes reportan disminuciones de entre 40% y 70%.

“Restaurantes y tiendas están siendo afectados. Estamos perdiendo mano de obra esencial para mantener nuestra economía en funcionamiento”, señaló.

Respuesta de la alcaldesa

En su pronunciamiento, la alcaldesa Fraga señaló que la protesta estuvo encabezada por dirigentes demócratas y candidatos que aparecerán en la boleta electoral de noviembre. Sin embargo, reconoció el impacto humano de la situación.

“Nos duele profundamente ver sufrir a las familias de nuestra comunidad. Hemos estado al lado de esta comunidad en cada paso del camino, no solo ahora, sino durante años”, manifestó.

La alcaldesa aseguró que las autoridades municipales han realizado llamadas, enviado cartas y utilizado los canales disponibles para solicitar al Gobierno federal una solución compasiva.

“La Ciudad de Doral no creó las leyes federales de inmigración ni las leyes de Florida relacionadas con el cumplimiento de las normas migratorias”, puntualizó.

Fraga sostuvo que la obligación de los funcionarios locales es cumplir las disposiciones vigentes y abogar responsablemente por su modificación cuando no estén de acuerdo con ellas.

“Por eso debemos dejar atrás el teatro político y encontrar soluciones reales para estas familias, algo que ninguno de los dos partidos políticos ha ofrecido verdaderamente”, expresó.

La alcaldesa rechazó que Doral sea presentada como el centro de un problema de alcance nacional. También refutó la descripción de Doral como una localidad paralizada por el temor.

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