Miami-Dade aprueba histórico Centro de Salud Mental para reducir encarcelamientos y atender adicciones

La medida, aprobada unánimemente por la Comisión, había sido impulsada originalmente por la comisionada Raquel Regalado, pero fue fortalecida mediante esta propuesta sustitutiva presentada por el presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, para incorporar nuevos mecanismos de supervisión independiente, métricas de desempeño, controles financieros y evaluaciones periódicas para garantizar la transparencia y la sostenibilidad del proyecto.

Más controles y supervisión

Durante la votación, Rodríguez destacó que el objetivo de las modificaciones fue aumentar la confianza pública en una iniciativa que representa una de las mayores apuestas del Condado en materia de salud mental.

“Mi objetivo fue fortalecer la confianza pública en el Centro de Salud Mental de Miami-Dade mediante estándares claros de desempeño, supervisión independiente, transparencia y evaluación continua”, afirmó el presidente de la Comisión.

El centro atenderá a personas con enfermedades mentales graves, muchas de las cuales actualmente terminan en el sistema penitenciario por falta de tratamiento adecuado. Las autoridades consideran que la instalación será una pieza clave para reducir la reincidencia, disminuir la población carcelaria con trastornos mentales y conectar a los pacientes con servicios de salud y rehabilitación.

Una prioridad

La alcaldesa Daniella Levine Cava recordó que el proyecto estuvo estancado durante años y aseguró que su administración lo convirtió en una prioridad desde su llegada al cargo.

“Con la votación de hoy estamos marcando una nueva era en nuestro enfoque para atender a las personas con enfermedades mentales graves y trastornos por abuso de sustancias, manteniéndolas fuera de las cárceles y asegurando que reciban el tratamiento necesario para rehabilitarse y regresar a la vida comunitaria”.

El centro

The Miami Center for Mental Health and Recovery es un edificio de siete plantas y 181.000 pies cuadrados, ubicado en el 2200 NW 7th Avenue que abrirá sus puertas inicialmente con 147 camas, distribuidas entre distintos niveles de atención diseñados para responder a las necesidades de sus pacientes.

A propuesta del presidente Rodríguez, la resolución incorpora una disposición que ordena a la administración buscar financiamiento del Homeless Trust para habilitar viviendas transitorias en el sexto piso del edificio destinadas exclusivamente a pacientes del programa. Si no se alcanza un acuerdo, el condado deberá emitir una licitación competitiva para proveer esos servicios.

Asimismo, se ordena acelerar la contratación de servicios ambulatorios de salud mental y tratamiento de adicciones en el séptimo piso de la instalación. Rodríguez destacó que este componente permitirá ampliar la capacidad de atención, ofrecer continuidad al tratamiento y generar ingresos mediante facturación a seguros privados, Medicare y Medicaid.

Otra de las novedades es la creación de un sistema centralizado para monitorear resultados clínicos y sociales, incluyendo continuidad del tratamiento, reincidencia criminal, situación de vivienda y otros indicadores clave de desempeño. La medida también exige revisiones clínicas y operativas semestrales realizadas por Jackson Health System o una entidad independiente designada por esa institución.

Además, se contempla que la institución mental presente informes periódicos sobre sus finanzas, operaciones y resultados, mientras que la Junta Asesora de Salud Conductual asumirá un papel más activo en la supervisión de cambios operativos importantes.

La legislación también establece evaluaciones anuales sobre el uso de servicios para personas sin hogar y sobre las contribuciones financieras del Homeless Trust, una respuesta directa a las preocupaciones expresadas por algunos sectores sobre el alcance futuro del proyecto y su dependencia de determinadas fuentes de financiamiento.

Rodríguez subrayó además que la iniciativa incorpora una disposición destinada a proteger los servicios esenciales del condado, estableciendo que el financiamiento futuro del centro no debe realizarse en detrimento de áreas como parques, transporte público, obras públicas y otras funciones básicas del gobierno local.

Una nueva estrategia para tratar la salud mental

La aprobación de este martes despeja uno de los últimos obstáculos administrativos para la puesta en marcha de esta instalación. Según Rodríguez, la acción adoptada por la Comisión permitirá que el edificio avance hacia su apertura “en los próximos meses”, mientras continúan los preparativos operativos y la contratación de servicios especializados.

La iniciativa es considerada por sus promotores como uno de los proyectos de salud pública más importantes emprendidos por Miami-Dade en décadas y el resultado de más de veinte años de persistente trabajo liderado por el juez Steve Leifman, ampliamente reconocido por impulsar reformas en la atención de personas con enfermedades mentales dentro del sistema de justicia penal.

Nacido de una reforma judicial

La historia del centro comenzó hace más de 20 años gracias al trabajo del juez Leifman, quien impulsó la creación de alternativas al encarcelamiento para personas con trastornos mentales severos.

En 2004, los votantes de Miami-Dade aprobaron 22.1 millones de dólares en bonos de obligación general para construir una instalación destinada a desviar hacia tratamiento a personas con enfermedades mentales que, de otra manera, permanecerían encarceladas mientras esperan procesos judiciales.

Posteriormente, el condado y sus socios continuaron aportando recursos hasta elevar la inversión total de capital a aproximadamente 51.1 millones de dólares. En 2007, la Legislatura de Florida cedió el uso de la propiedad al condado mediante un arrendamiento simbólico de un dólar anual por 99 años para desarrollar el programa de Miami-Dade.

Una instalación necesaria

Esta votación de la Comisión llegó en un momento en que Florida enfrenta una profunda crisis de salud mental. Según la página web del propio centro, el estado ocupa el puesto 43 del país en acceso a servicios de salud mental, tiene la cuarta tasa más alta de adultos con enfermedades mentales sin seguro médico y se sitúa en el puesto 49 entre los 50 estados y el Distrito de Columbia en gasto per cápita destinado a tratamientos comunitarios, con apenas 39.55 dólares por residente.

La escasez de servicios ha trasladado la atención de miles de pacientes al sistema de justicia penal. Según datos citados por los promotores de la iniciativa, la cárcel de Miami-Dade se ha convertido en la mayor institución psiquiátrica de Florida, con una cantidad de camas para personas con enfermedades mentales equivalente a la suma de todas las instalaciones estatales de tratamiento civil y forense.

Actualmente, el condado gasta alrededor de 636.000 dólares diarios —unos 232 millones de dólares al año— para alojar a una población promedio de 2.400 reclusos con enfermedades mentales. En contraste, el estado invierte apenas 47.3 millones de dólares anuales en servicios comunitarios de salud mental para unas 34.000 personas en los condados Miami-Dade y Monroe, mientras otras 70.000 personas que necesitan tratamiento no reciben ningún tipo de atención.

Tratamientos

The Miami Center for Mental Health and Recovery ofrecerá:

• Unidades de estabilización de crisis psiquiátricas para personas que atraviesan episodios agudos y requieren atención inmediata.
• Programas de desintoxicación para pacientes con adicciones a drogas o alcohol.
• Tratamiento residencial de corto plazo, orientado a estabilizar a los pacientes y prepararlos para regresar a la comunidad.
• Tratamiento residencial de larga duración para casos que requieren seguimiento más prolongado.
• Servicios de atención primaria de salud, permitiendo tratar simultáneamente problemas médicos y psiquiátricos.
• Programas de vivienda transitoria, destinados a facilitar la reintegración social y evitar recaídas o situaciones de indigencia.

La atención estará enfocada principalmente en personas con enfermedades mentales graves, individuos involucrados en el sistema de justicia penal, pacientes con trastornos por consumo de sustancias y personas sin hogar que requieren servicios especializados de salud conductual.

Fondos para mantener la instalación sanitaria

La resolución aprobada también define la estructura financiera inicial del proyecto. La Comisión autorizó un contrato de 27.2 millones de dólares con Village South Inc. y su empresa matriz WestCare Foundation para operar los principales servicios clínicos del centro durante un período inicial de tres años, con opción de renovación por dos años adicionales. Asimismo, aprobó un contrato de 4.17 millones de dólares con The Advocate Program para brindar servicios de apoyo, manejo de casos y acompañamiento a los participantes. A estas partidas se suman hasta 14.3 millones de dólares en costos operativos adicionales, lo que eleva el costo total de funcionamiento a aproximadamente 45.7 millones de dólares durante los primeros tres años.

Una vez concluido ese período inicial, el plan contempla que las operaciones continúen financiándose principalmente con los recursos que Miami-Dade reciba del acuerdo nacional por la crisis de los opioides, cuyos desembolsos están proyectados hasta el año fiscal 2030-2031. La resolución aprobada autoriza específicamente el uso de esos fondos para sostener servicios de estabilización de crisis, desintoxicación y tratamiento residencial en el centro. Además, la administración buscará complementar esos ingresos mediante subvenciones, otras fuentes públicas de financiamiento y, en el caso de los servicios ambulatorios previstos para el séptimo piso, mediante reembolsos de Medicaid, Medicare y seguros privados.

cmenendez@diariolasamericas.com

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