Miami-Dade exige a senadores de Florida extender el TPS haitiano

El encuentro, convocado por la Coalición de Inmigrantes de Florida, FLIC, se realizó en el Little Haiti Cultural Center y reunió a líderes comunitarios, funcionarios locales, empresarios y representantes de organizaciones que prestan servicios a inmigrantes.

Los participantes pidieron específicamente a los senadores republicanos de Florida Rick Scott y Ashley Moody que apoyen una extensión del TPS y una solución migratoria permanente para los haitianos que llevan años viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos.

“El sur de Florida se mantiene unido para defender a nuestros vecinos”, afirmó la directora ejecutiva de FLIC, Tessa Petit, quien señaló que el programa ha permitido a cientos de miles de familias establecerse, trabajar, apoyar la economía y fortalecer sus comunidades.

Daniella Levine Cava: “Esta es una demostración de fuerza”

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, describió la participación en el evento como una “demostración de fuerza” y aseguró que la diversidad y la unidad constituyen una de las principales fortalezas del sur de Florida.

Levine Cava destacó que los haitianos y los haitianoamericanos han contribuido durante generaciones a la construcción del país y desempeñan actualmente funciones esenciales en la economía de Miami-Dade.

“Han abierto negocios, creado empleos, cuidado a nuestros adultos mayores y a nuestros niños, construido nuestras viviendas, fortalecido nuestros vecindarios y enriquecido nuestra cultura”, expresó la alcaldesa.

Afirmó que la comunidad haitiana no es simplemente una parte de Miami-Dade, sino un componente “crítico e indispensable” de toda la economía local.

La alcaldesa recordó que decenas de miles de beneficiarios del TPS residen en el sur de Florida, trabajan legalmente, pagan impuestos y han formado familias, pero podrían perder sus permisos laborales y quedar expuestos a la deportación.

“No podemos fortalecer nuestra economía expulsando a trabajadores legales”, sostuvo Levine Cava, quien calificó la terminación del programa como un problema laboral, económico y humanitario, además de migratorio.

Por su parte, la comisionada Marleine Bastien agradeció la valentía de la alcaldesa y a todos los funcionarios electos "que están aquí con nosotros por alzar su voz colectiva contra esta grave injusticia”.

La comisionada sostuvo que cuando la Corte Suprema de los EEUU sentenció que la administración Trump podía seguir adelante con la cancelación del TPS para más 350 mil haitianos. Muchos lo percibieron como un asunto meramente migratorio, cuando también es un asunto económico que afecta a los estadounidenses y un tema humanitario, indicó.

"Hoy, los beneficiarios del TPS están legalmente autorizados para vivir y trabajar en los EEUU. Son uno de los grupos de inmigrantes más sometidos a verificación. Cada año, para poder mantener su permiso de trabajo y continuar trabajando y contribuyendo, deben someterse a una verificación. Sin embargo, a menos que haya una nueva acción judicial, se espera que estas protecciones finalicen el 27 de julio".

"Hay familias que llevan viviendo en EEUU y tienen hijos estadounidenses y de la noche a la mañana debería dejarlo todo, para regresar a un país peor del que habían salido", explicó.

Marleine Bastien destaca respaldo republicano en el Congreso

La comisionada Bastien aprovechó la ocasión para agradecer también públicamente el respaldo de los congresistas republicanos de Florida María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart a una iniciativa aprobada en la Cámara de Representantes para prolongar las protecciones de los haitianos.

Bastien resaltó que los tres legisladores del sur de Florida se unieron a representantes demócratas para apoyar la extensión, demostrando, según dijo, que la defensa del TPS puede trascender las diferencias partidistas.

“Aplaudo a la congresista María Elvira Salazar por liderar este esfuerzo bipartidista en Florida y agradezco a los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart por apoyar a las familias trabajadoras y a nuestra economía”, manifestó.

La comisionada dirigió entonces su reclamo a los senadores Scott y Moody, a quienes pidió apoyar la legislación correspondiente en el Senado.

“Es hora de que se pongan de pie”, afirmó Bastien. “Nuestros hospitales necesitan a estos trabajadores, nuestras empresas necesitan a estos trabajadores y nuestra economía necesita a estos trabajadores”.

El congresista Giménez también ha sostenido que las condiciones políticas y de seguridad en Haití no han mejorado, mientras que Salazar ha afirmado que el TPS debe extenderse para que sus beneficiarios continúen trabajando y cubriendo puestos que sus empleadores necesitan.

¿Cuándo terminarían las protecciones del TPS haitiano?

Aunque inicialmente se indicó que el TPS terminaría el viernes 24 de julio, una intervención de un tribunal federal de apelaciones mantuvo temporalmente las protecciones durante el fin de semana.

Según la información presentada por los organizadores, la nueva fecha crítica sería el lunes 27 de julio de 2026, salvo que se produzca otra decisión judicial o una intervención legislativa.

Los permisos de trabajo de los beneficiarios afectados están vinculados a la vigencia del programa y a las decisiones que adopten los tribunales y el Gobierno federal.

La Cámara de Representantes ya aprobó una legislación bipartidista para extender el TPS de Haití. Sin embargo, el Senado todavía debe actuar para que la medida pueda avanzar.

Una gestión para lograr la aprobación inmediata de la iniciativa fue bloqueada el miércoles por el senador republicano de Missouri Eric Schmitt. De aprobarse finalmente, las protecciones podrían extenderse hasta abril de 2029.

Impacto económico del TPS haitiano en Florida

Bastien sostuvo que el debate no debe limitarse a la inmigración, porque la pérdida de los permisos laborales afectaría directamente a empresas, hospitales, agricultores, trabajadores y consumidores estadounidenses.

Un análisis publicado en enero de 2026 por FWD.us, Haitian Bridge Alliance y UndocuBlack Network estima que unos 330.000 beneficiarios haitianos del TPS viven en Estados Unidos y aportan aproximadamente 5.900 millones de dólares anuales a la economía nacional.

El estudio calcula que pagan cada año unos 805 millones de dólares en impuestos federales y de nómina y otros 755 millones en impuestos estatales y locales, para un aporte tributario conjunto de aproximadamente 1.560 millones de dólares.

Alrededor de 200.000 beneficiarios haitianos del TPS forman parte de la fuerza laboral estadounidense, según el análisis, basado principalmente en datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024.

Por su parte, Florida concentra la mayor población del país, con unos 158.000 beneficiarios haitianos del TPS. De ellos, aproximadamente 93.000 integran la fuerza laboral estatal.

Estos trabajadores aportan alrededor de 2.600 millones de dólares anuales a la economía de Florida y pagan unos 300 millones en impuestos federales y de nómina, además de aproximadamente 306 millones en impuestos estatales y locales.

El área metropolitana de Miami concentra cerca de 1.500 millones de dólares de esa contribución económica, mientras que las áreas metropolitanas de Orlando y Tampa reciben aproximadamente 329 millones y 125 millones, respectivamente.

Entre los principales empleos ocupados por haitianos con TPS en Florida se encuentran unos 16.000 cocineros y trabajadores de servicio de alimentos, 12.000 trabajadores agrícolas, 8.000 empleados dedicados al almacenamiento y empaque, 5.000 guardias de seguridad y 4.000 asistentes de enfermería.

Las autoridades alertaron que la salida de esos trabajadores podría agravar la escasez de personal en centros de salud, instalaciones de cuidado prolongado, restaurantes, hoteles, explotaciones agrícolas y otras actividades esenciales.

“Son contribuyentes, propietarios de viviendas, empresarios y consumidores que mantienen nuestra economía en movimiento todos los días”, afirmó Bastien.

La crisis de Haití refuerza el argumento humanitario

Los participantes también hicieron énfasis en la situación de seguridad en Haití, donde la violencia de las pandillas, los secuestros, los homicidios y la inestabilidad política han deteriorado las condiciones de vida.

El Departamento de Estado mantiene para Haití una alerta de viaje de nivel cuatro, la más elevada, que recomienda a los ciudadanos estadounidenses no viajar al país debido a la violencia, los secuestros y los disturbios civiles.

Levine Cava mencionó advertencias oficiales que recomiendan a las personas obligadas a viajar a Haití dejar muestras de ADN o registros dentales para facilitar una eventual identificación.

La alcaldesa cuestionó que Estados Unidos pueda considerar seguro deportar a familias haitianas mientras el propio Gobierno federal advierte a sus ciudadanos que no visiten el país.

“Es una forma única de crueldad enviar a nuestros trabajadores, residentes y contribuyentes de regreso a una nación que atraviesa un momento tan turbulento”, declaró.

El TPS para los haitianos fue establecido después del devastador terremoto de 2010 y ha sido prorrogado debido a las posteriores crisis políticas, humanitarias y de seguridad.

Bastien afirmó que las condiciones actuales son “diez veces peores” que las existentes cuando se otorgó originalmente la protección.

Miami-Dade promete mantener la ayuda comunitaria

Levine Cava aseguró que el Departamento de Servicios Comunitarios de Miami-Dade continuará proporcionando información y servicios sociales a las familias afectadas.

La alcaldesa y Bastien también publicaron un artículo de opinión en el que instaron a Scott y Moody a utilizar su influencia para evitar la terminación del programa.

Ambas funcionarias sostienen que eliminar el TPS aumentaría los costos de la atención médica, reduciría servicios para los adultos mayores y afectaría sectores que ya enfrentan dificultades para contratar trabajadores.

“Lo más importante es nuestra humanidad”, concluyó Bastien al reclamar una solución que permita mantener unidas a las familias y proteger a quienes podrían ser enviados a un país sumido en una grave crisis de seguridad.

“Ninguna madre, ninguna familia merece pasar por esta incertidumbre”, insistió.

cmenendez@diariolasamericas.com

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