AMAVEX, VEPPEX, ALL FOR VENEZUELA y el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio reclamaron en Doral la redesignación del Estatus de Protección Temporal para sus connacionales
Habla Helene Villalonga, presidente de AMAVEX.
D. CASTROPÉMIAMI.- Organizaciones del exilio venezolano solicitaron este viernes al presidente Donald Trump la activación de un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en el país, durante una conferencia de prensa en el restaurante El Arepaso, en Doral, luego de los terremotos que el 24 de junio devastaron el centro-norte de Venezuela.
La Asociación Multicultural de Activistas, Voz y Expresión (AMAVEX), Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), ALL FOR VENEZUELA y el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, junto a representantes de la sociedad civil, sustentaron el reclamo en razones humanitarias y en la incapacidad del país suramericano para recibir a miles de deportados.
Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX, encabezó la petición y precisó que el reclamo no responde a la coyuntura política que rodeó las cancelaciones previas del beneficio, sino a la emergencia provocada por los sismos.
La dirigente pidió a Trump la redesignación del amparo migratorio y lo equiparó con precedentes como el de Honduras tras el huracán Mitch y el de Haití después del terremoto de 2010.
“En esta oportunidad, no lo pedimos por una coyuntura política —dejemos ese capítulo atrás—, sino como una medida estrictamente humanitaria ante el devastador desastre natural que acaba de ocurrir”, afirmó Villalonga.
Villalonga ligó la urgencia del pedido a un episodio ocurrido el mismo día de los sismos. Según su relato, el vuelo de deportación 164 partió hacia Venezuela el 24 de junio con 146 connacionales que, a su llegada, fueron trasladados a un centro de acogida en el sector La Llanada, en La Guaira.
La edificación se desplomó por el terremoto y, de acuerdo con la dirigente, solo doce personas sobrevivieron.
El relato coincide con lo reportado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que informó del derrumbe de un centro de alojamiento temporal en La Guaira que albergaba a unas 140 personas retornadas recientemente desde Estados Unidos.
Por su parte, José Antonio Colina, presidente de VEPPEX, sostuvo que están dadas las condiciones para la medida y dirigió su reclamo a los legisladores del sur de la Florida.
El dirigente calculó que el TPS podría beneficiar a cerca de 800.000 venezolanos en situación de limbo migratorio y favorecer la excarcelación de entre 5.000 y 6.000 detenidos, cifras que corresponden a su estimación.
“Hago un llamado directo a los legisladores del sur de la Florida: los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, así como al senador Rick Scott, para que desde el Congreso impulsen alternativas”, señaló Colina.
Como alternativa intermedia planteó una Salida Obligatoria Diferida (DED) que suspenda las deportaciones por unos 18 meses, y consideró contradictorio que Washington envíe ayuda y equipos de rescate mientras mantiene las expulsiones.
El reclamo se produjo un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos avalara, por seis votos contra tres, el fin del TPS para haitianos y sirios, y fijara que esas determinaciones no son revisables por los tribunales, un criterio que debilita los recursos judiciales pendientes de los venezolanos.
De los más de 600.000 amparados por el beneficio, unos 250.000 perdieron la protección en noviembre y para otro grupo el TPS vence el 2 de octubre. Los terremotos del 24 de junio, de magnitud 7,2 y 7,5, dejaron al menos 920 muertos según cifras provisionales de la ONU.
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