Negocios y poder en Cuba: diputado atribuye pérdidas millonarias a sanciones de Trump

El episodio, publicado el 13 de octubre y conducido por Randy Alonso y Arleen Rodríguez, abordó el emprendimiento, la tecnología y la actividad legislativa. El invitado representa al municipio habanero de Playa en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Su afirmación plantea interrogantes sobre el capital que manejan esos negocios y el alcance de sus operaciones, aunque el valor de la carga no equivale al patrimonio personal de sus propietarios.

La explicación reproduce el argumento del régimen que responsabiliza a Washington por la crisis. Las restricciones estadounidenses afectan las transacciones comerciales y financieras, pero no eliminan la responsabilidad de las autoridades cubanas por décadas de centralización, trabas a la producción y medidas que han deteriorado las condiciones de vida.

El periodista Mario J. Pentón compartió un fragmento del programa el 14 de octubre y llamó irónicamente al invitado “el proletario mipymero”. En su publicación sostuvo que existen testaferros y oportunistas que buscan repartirse los negocios ante un eventual cambio político.

Pentón no acompañó ese comentario con documentos que acreditaran que el directivo administra bienes de algún dirigente. Los antecedentes disponibles sí permiten establecer su inserción en organizaciones oficiales y los vínculos de su compañía con entidades estatales.

La biografía divulgada por la Asamblea Nacional recoge su pertenencia a los Comités de Defensa de la Revolución y a la Central de Trabajadores de Cuba. Esta última lo propuso como precandidato a diputado.

Graduado con Título de Oro en la Universidad de las Ciencias Informáticas, desempeñó tareas profesionales en programas de salud en Venezuela. Además, fue vicepresidente de la Unión de Informáticos de Cuba en La Habana y miembro del Consejo Nacional de esa organización, según la ficha parlamentaria.

Dofleini comenzó a operar en 2016 y formó parte del primer grupo de 35 mipymes autorizadas en septiembre de 2021. El Gobierno provincial habanero la presentó como la primera empresa incubada en el Parque Científico Tecnológico de La Habana y destacó sus exportaciones de servicios informáticos.

Una investigación publicada por YucaByte en 2021 documentó ventas de software al exterior mediante la compañía estatal Desoft. También identificó proyectos para la Unión de Informáticos y dependencias del Ministerio de la Agricultura.

Esa trayectoria muestra una cooperación sostenida con organismos públicos. Determinar si recibió ventajas indebidas requeriría examinar los términos de sus contratos, los criterios de adjudicación y la procedencia del financiamiento.

La elección de los entrevistadores añade otra dimensión al caso. Alonso y Rodríguez, figuras de la Mesa Redonda y de la comunicación gubernamental, defienden desde sus espacios las posiciones del castrismo. La exposición del directivo ocurre dentro del aparato mediático que promueve las decisiones de las autoridades, con interlocutores identificados con el sistema al que pertenece.

Ese marco limita el alcance de la entrevista como ejercicio de fiscalización independiente. Presentar una experiencia comercial respaldada por las instituciones exige contrastarla con las dificultades de quienes intentan emprender sin representación parlamentaria ni semejante proyección mediática. También reclama espacio para ciudadanos que cuestionan el modelo y sufren sus consecuencias.

La insistencia durante la conversación en que las firmas privadas no pertenecen al Gobierno tampoco demuestra su independencia frente al poder. La titularidad particular es jurídicamente distinta de la estatal, pero la administración conserva amplias facultades para autorizar, regular y fiscalizar sus actividades.

La Constitución de 2019 reconoce esa forma de propiedad sobre determinados medios de producción, aunque le atribuye un papel complementario y mantiene a la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía.

El Decreto-Ley 114, publicado en marzo de 2026, abrió posibilidades de asociación entre entidades estatales y no estatales. El procedimiento reserva al Ministerio de Economía y Planificación la evaluación y aprobación de sociedades mixtas, adquisiciones de participaciones y otros acuerdos.

Pérez Reyes ha defendido la ampliación de los mecanismos de mercado sin abandonar el proyecto socialista. Durante un debate televisado en junio sostuvo que las transformaciones debían haberse aplicado antes y respaldó el uso de esos instrumentos para asignar recursos.

Después de décadas de confiscaciones y restricciones a la iniciativa individual, las autoridades recurren al capital particular para intentar elevar la productividad y captar divisas. Ese giro obliga a examinar el costo de las políticas que durante años limitaron tales actividades, mientras el Partido Comunista conserva el monopolio político.

La crisis impone un contraste con cualquier presentación favorable de las reformas. Los apagones interrumpen el trabajo y la vida doméstica; el desabastecimiento dificulta conseguir productos esenciales, y la pérdida de poder adquisitivo restringe las compras de trabajadores y jubilados.

La presencia de mercancías en los establecimientos tampoco permite medir por sí sola la recuperación. Importa conocer cuánto empleo generan, qué remuneración ofrecen y si contribuyen a que los alimentos y servicios resulten más asequibles.

Las mipymes abarcan realidades distintas. Hay cubanos que han recurrido a ellas para sostener a sus familias y crear puestos de trabajo en un entorno adverso. Equipararlos automáticamente con propietarios cercanos a la dirigencia impediría distinguir precisamente las desigualdades que requieren investigación.

El caso Dofleini plantea qué garantías tiene un emprendedor ajeno a las estructuras del régimen. Exhibir ejemplos de prosperidad en sus tribunas no releva a los gobernantes de responder por su gestión ni por las carencias de una población pendiente de conseguir comida, electricidad e ingresos suficientes para vivir.

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