MIAMI.- ALBERTO MONTALTI
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Programa abre puertas del futuro a jóvenes con delitos
Un programa creado por Miami-Dade hace ocho años ha sido exitosamente aplicado en otros condados, donde cerca del 90% de los menores de 17 años inculpados han sido beneficiados
Son pocos los padres y representantes de jóvenes menores de 17 años que conocen la existencia de un programa especial que ayuda a eliminar un antecedente penal menor.
El programa que propone el condado de Miami-Dade busca dar una segunda oportunidad a los jóvenes que han cometido actos delictivos menores, mientras permite a los policías otorgarles una “citación civil”, en vez de un arresto formal, y promover de esta manera la buena conducta de los jóvenes.
El Programa de Citaciones Civiles, que fue creado por Departamento de Servicios Juveniles del Condado en 2007, ha sido adoptado por varios condados del Estado de la Florida y ha tenido particular éxito en los condados de Monroe, Pinellas y Broward, según un estudio publicado por la consultora Dewey & Associates de Tampa.
El investigación concluyó que el programa ha sido exitoso en sus esfuerzos por incrementar la seguridad pública, ofrecerle mejores oportunidades a la juventud para que mejoren su rendimiento académico y se alejen de comportamientos antisociales, al mismo tiempo que le ha ahorrado millones de dólares al Estado en procesos legales para procesar a los menores acorde a la ley penal juvenil.
“Un antecedente penal que obtienes cuando eres joven te sigue durante toda tu vida, a menos que pases por un proceso legal para hacerlo desaparecer, no desaparecerá solo”, aseguró en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS Karen Diazgranados, coordinadora del programa en Miami-Dade.
Diazgranados indicó que la gran mayoría de las infracciones por la que los menores de 17 años son arrestados se debe a robos de bajos montos, pero también es común que sean detenidos por posesión de bajas cantidades de marihuana o asaltos físicos leves.
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Una vez que el Policía ha arrestado al niño, tomando en cuenta la situación en la que se llevó acabo el deliro, él o ella tiene la potestad de llenar una planilla, aparte del formulario de arresto, para solicitar que el joven pueda optar al Programa de Citación Civil, que además provee una fecha tentativa para presentarse en la corte en caso de que no califique al programa o no quiera entrar al mismo.
Posteriormente, el Centro de Evaluación Juvenil revisa el expediente y en caso de aprobar la entrada del joven, solicita la aprobación final de la fiscalía.
Sanciones
Más allá de ofrecerles la oportunidad de continuar con sus vidas, sin una mancha que les afecte la respuesta a una solicitud de ingreso en la universidad o la obtención de empleo, el programa intenta rehabilitar a los jóvenes que cometieron el delito al compensar lo que pudiesen haber sido cargos criminales con ciertas sanciones ajustadas a las necesidades de cada niño.
Las tres sanciones principales son la continuidad de los estudios con la obtención de cuando menos calificaciones C, horas de servicio comunitario, basado en las condiciones específicas de cada joven con un máximo de 40 horas, y la asistencia a sesiones de terapia y consejería según el caso.
“Luego se le hace un seguimiento al joven por un tiempo aproximado de tres o cuatro meses”; explicó la coordinadora.
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“El trabajador social contacta a la familia semanalmente, y hace visitas mensuales al hogar y al colegio del niño para asegurarse que esté cumpliendo las sanciones impuestas”, explicó.
Aunque en este momento el programa sólo está disponible para niños que cometen actos delictivos por primera vez, a principios de octubre de este año se permitirá el ingreso a jóvenes que hayan cometido un segundo y hasta un tercer acto menor.
Según indicó Diazgranados existen muchos casos en los que un joven es arrestado por dos cargos distintos durante el mismo día, lo que en este momento les prohíbe ingresar al programa, pero más allá de estos casos especiales, existen otras razones por las que estos jóvenes podrían necesitar ingresar al programa una segunda o tercera vez.
“Quizá el joven necesitaba más ayuda y cuando hicimos la evaluación no pudimos detectar problemas que el niño presentaba. Podría ser que él se negó a recibir ayuda en algún campo específico o porque sus familiares se negaron a que él la recibiera por alguna razón”, resaltó Diazgranados, tras explicar que el programa es totalmente opcional y que los jóvenes pueden negarse a incumplir alguna de las sanciones y salir del programa en cualquier momento. En ese caso, tendría que cumplir con el sistema legal establecido.
La coordinadora también resaltó que uno de los obstáculos con los que se enfrenta es la falta de interés de algunas familias, que rehúsan formar parte de las terapias y las clases porque aseguran que el problema no es suyo sino de su hijo.
“Llega un punto en que se convierte en un juego de culpas. Si queremos que el joven logre un cambio de comportamiento positivo, se requiere que los padres también se eduquen en ese sentido”, indicó.
Aunque el estudio concluyó que estos cuatro condados tienen un porcentaje elevado de citaciones civiles en vez de arrestos, también se publicó que el programa sólo es utilizado agresivamente en el 38% de los casos en Florida.
De los 21.349 jóvenes a lo largo del estado que hubiesen podido ser elegidos para el programa, durante los años 2013 y 2014, sólo 8.059 recibieron esa oportunidad, mientras que el 62% restante optó por el camino legal establecido que incluye el arresto.
Mientras tanto, los condados de Miami-Dade, Monroe, Pinellas y Broward usaron el programa el 91, 83, 80 y 68% de los casos, respectivamente.
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Otro punto importante sobre el programa, resaltado en un estudio hecho por organización Florida Taxwatch, es la consecuencia económica positiva que trae para los condados el mantener a estos jóvenes en las escuelas y fuera del sistema penitenciario juvenil.
En el estudio se indicó que las localidades que utilizan las citaciones civiles para evitar arrestos, pueden ahorrar entre 1.500 y 4.600 dólares por incidente, lo que sumaría un estimado de entre 44 millones a 139 millones de dólares anuales en gastos públicos en la Florida, si se implementase el programa en más condados. Además, al desechar los gastos que conllevan el mantenimiento de la población encarcelada, el Estado se ahorraría aproximadamente 72 millones de dólares al año.
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